En Figueres, Girona, la tarde del 19 de mayo de 2026 quedó partida por una escena imposible de olvidar: una mujer de 33 años fue asesinada a puñaladas en plena Plaça Josep Tarradellas. La plaza, céntrica y transitada, pasó en minutos de la rutina diaria al horror de un crimen machista visto por numerosos testigos.
La víctima era una mujer trans de origen hondureño. El detenido, Andrés R. C. de 48 años y nacionalidad española, era su expareja. No era un ataque entre desconocidos ni un estallido aislado en una calle cualquiera: existía una orden de alejamiento vigente y una historia reciente de violencia que ya había llegado al juzgado.
El crimen se produjo poco antes de las 15:00, en una franja de luz y movimiento, cuando la ciudad todavía seguía su ritmo normal. Allí, en la plaza, el hombre habría quebrantado de nuevo la distancia que tenía prohibida y atacó a la mujer con un arma blanca hasta dejarla tendida en el suelo.
Las heridas fueron mortales. La agresión alcanzó zonas como el tórax, los brazos, el cuello y la espalda, con una violencia que dejó sin margen a los servicios sanitarios. Patrullas de Mossos d’Esquadra, Guardia Urbana y efectivos del SEM llegaron al lugar, pero ya no pudieron salvarle la vida.
Después llegó la imagen que convirtió el crimen en algo aún más estremecedor. El detenido cruzó la plaza, se acercó a una fuente y se lavó los brazos ensangrentados. No fue una huida desesperada, sino un gesto frío, casi cotidiano, en medio de una escena donde la víctima seguía en el suelo y la gente intentaba entender lo ocurrido.
Varios vecinos reaccionaron entre la rabia y el estupor. Algunos lo increparon, lo persiguieron y lograron impedir que abandonara la zona hasta la llegada de la policía. La plaza quedó dividida entre quienes llamaban a emergencias, quienes grababan sin saber cómo actuar y quienes intentaban retener al presunto agresor.
El arma blanca fue localizada bajo un vehículo estacionado cerca de la escena. La policía científica trabajó durante horas en la plaza, marcando evidencias y reconstruyendo los movimientos previos y posteriores al ataque. La fuente donde se lavó también quedó dentro del mapa forense del crimen.
El dato más duro llegó al mirar las horas anteriores. El lunes se había celebrado un juicio rápido por maltrato, donde el hombre aceptó una pena de seis meses de prisión, una orden de alejamiento de 250 metros y la prohibición de comunicarse con la víctima durante un año y cuatro meses.
Ese mismo lunes, horas después de la vista, volvió a ser detenido por supuestas lesiones a la misma mujer, además de quebrantar la condena. Ella quedó citada para una exploración forense y para declarar ante el juez de guardia al día siguiente. No acudió a esa cita, y el hombre quedó en libertad.
Pocas horas más tarde, la nueva agresión terminó en asesinato. Esa secuencia pesa como una acusación silenciosa contra todo lo que no alcanzó a protegerla: una orden vigente, una condena aceptada, una detención reciente y aun así una mujer expuesta a que su expareja volviera a encontrarla en la calle.
El detenido acumulaba numerosos antecedentes y un amplio historial de violencia. También había quebrantado la orden de alejamiento más de una vez en muy poco tiempo. Cada uno de esos datos, leído después del crimen, suena como una alarma que ya estaba encendida antes de que la plaza Josep Tarradellas se llenara de sirenas.
La División de Investigación Criminal de los Mossos de Girona asumió el caso para cerrar la cronología exacta y preparar las diligencias. El juzgado de violencia sobre la mujer quedó como eje judicial de una causa donde la pregunta principal ya no es solo quién mató, sino cómo pudo llegar hasta ella otra vez.
El Ayuntamiento de Figueres convocó un minuto de silencio para condenar el asesinato y acompañar a la familia y al entorno de la víctima. En una ciudad donde ambos eran vecinos, el crimen no quedó como una noticia lejana: ocurrió en una plaza reconocible, a plena luz del día y ante los ojos de quienes pasaban por allí.
La escena deja una imagen brutal de la violencia machista cuando las medidas de protección no bastan. Una mujer había denunciado, existía una barrera judicial y aun así esa barrera fue atravesada. La distancia de 250 metros escrita en una resolución no logró convertirse en seguridad real en la calle.
También deja otra imagen, más difícil de procesar: la del agresor lavándose en una fuente mientras la vida de su expareja ya se había apagado. Esa frialdad no explica el crimen, pero lo vuelve más insoportable, porque muestra la distancia entre el gesto de limpiarse y el daño irreversible que acababa de causar.
Figueres queda ahora unido a una pregunta amarga: cuántas señales deben acumularse antes de que una mujer esté verdaderamente protegida. La plaza Josep Tarradellas no fue solo el lugar de un asesinato; fue el punto final de una cadena de avisos que no consiguió detener a tiempo la violencia.
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