El caso Helena Jubany vuelve a abrir una puerta que parecía condenada a cerrarse tarde o nunca. Casi 25 años después del crimen de la joven bibliotecaria en Sabadell, la Fiscalía Provincial de Barcelona y la familia han pedido 26 años de prisión para Santiago Laiglesia, el principal sospechoso, por asesinato y detención ilegal.
La petición se divide en dos bloques: 20 años por un presunto delito de asesinato y otros 6 por detención ilegal. No es una sentencia, sino el escrito de acusación que marca el paso previo a la apertura de juicio oral. Pero en una causa que durante años caminó entre archivos, sospechas y pruebas insuficientes, ese paso tiene un peso enorme.
Helena tenía 27 años cuando murió el 2 de diciembre de 2001. Su cuerpo apareció en Sabadell tras ser arrojada al vacío desde la azotea de un patio interior. Estaba desnuda, semiinconsciente y con quemaduras en el cuerpo. La autopsia y la investigación situaron en el centro del caso la presencia de benzodiacepinas, una sustancia sedante.
El nuevo escrito de Fiscalía sostiene que una o varias personas suministraron estupefacientes a Helena antes de las 4:45 de aquella madrugada para impedir que pudiera huir o defenderse. Después, aprovechando esa incapacidad, la habrían trasladado hasta la azotea del edificio de la calle Calvet d’Estrella, 48, desde donde fue precipitada al vacío.
La acusación atribuye a Santiago Laiglesia una participación activa en todos o en alguno de esos actos. También plantea que, aun si no hubiera ejecutado cada paso, tuvo capacidad de no realizarlos o de impedir que otras personas llevaran a cabo la privación de sentido y la posterior caída que causó la muerte de Helena.
Ese matiz es importante porque el caso siempre ha estado rodeado de sombras compartidas. La hipótesis de la acusación no presenta el crimen como una escena necesariamente individual, sino como una cadena en la que pudieron intervenir varias personas. La dificultad, después de tantos años, está en probar quién hizo qué y hasta dónde llega cada responsabilidad.
La clave que reactivó el procedimiento fue el ADN. Tras la insistencia de la familia para revisar las pruebas con tecnología actual, nuevos análisis detectaron restos genéticos atribuidos a Laiglesia en el jersey que llevaba Helena el día de su muerte. Esa prenda, guardada durante décadas, se convirtió en una pieza capaz de mover un expediente que parecía detenido.
Laiglesia ya había sido investigado en la primera fase de la causa, hasta 2005, cuando el procedimiento se archivó por falta de pruebas. En 2025 volvió al centro del caso a raíz de esos análisis, llegó a ingresar en prisión preventiva y después quedó en libertad provisional, con medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España sin autorización y comparecencias periódicas.
La familia de Helena, representada como acusación, coincide ahora con la Fiscalía en la petición de 26 años de cárcel. También reclama, según las informaciones publicadas, una indemnización de 600.000 euros para los familiares. Además, se solicita una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con ellos durante años después de la eventual pena.
El caso arrastra otro símbolo oscuro: los anónimos que Helena recibió antes de morir, acompañados de bebidas adulteradas con sedantes. Durante años, esas notas parecieron una puerta a medio abrir hacia el círculo de sospechosos. La investigación intentó vincular escrituras, mensajes, coartadas y relaciones dentro de la Unió Excursionista de Sabadell.
Respecto a Xavier Jiménez, algunas acusaciones reconocen indicios vinculados con la elaboración de los anónimos, pero no una participación directa en la muerte. Por eso se pide su sobreseimiento, y varias fuentes apuntan a que podría comparecer como testigo. La Fiscalía también solicita archivar provisionalmente la causa contra Ana Echaguibel, después de las últimas comprobaciones de ADN.
La historia de Helena también quedó marcada por Montse Careta, pareja de Laiglesia en 2001, que fue encarcelada durante la primera investigación y se suicidó en prisión en 2002. En el domicilio que compartía con Laiglesia se habían localizado benzodiacepinas y elementos que los investigadores relacionaron con el caso, pero durante años aquello no bastó para cerrar una acusación sólida.
Lo que viene ahora será decisivo: la jueza instructora de Sabadell deberá resolver si abre juicio oral. Las acusaciones piden que el caso llegue a la Audiencia de Barcelona con jurado popular. Si eso ocurre, el crimen de Helena Jubany se sentará por fin ante un tribunal después de una espera que ha atravesado generaciones de investigadores, jueces y familiares.
La dimensión humana del caso no cabe solo en una cifra de años. Helena no es únicamente el nombre de un expediente reabierto: era una joven bibliotecaria, una vida cotidiana interrumpida y una familia que ha empujado durante décadas contra el archivo, la prescripción y la sensación de que la verdad se quedaba siempre un paso más allá.
También queda una advertencia sobre el tiempo. Las pruebas que antes no alcanzaban pueden cambiar con la tecnología, pero los años borran testigos, enfrían memorias y multiplican errores. El jersey de Helena sobrevivió como una pieza silenciosa, pero muchas otras preguntas siguen dependiendo de lo que un juicio pueda reconstruir con fragmentos de 2001.
La petición de 26 años no cierra el caso; lo empuja hacia el momento que nunca llegó. En Sabadell, la caída de Helena Jubany dejó una herida abierta desde diciembre de 2001. Ahora, casi un cuarto de siglo después, esa herida vuelve a una sala de justicia con una pregunta antigua: quién la drogó, quién la llevó a la azotea y quién decidió que no volviera con vida.
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