El Hospital Reina Sofía de Murcia no aparece aquí como escenario de una guardia cualquiera, sino como el lugar donde varias sanitarias dijeron haberse sentido vulneradas por quien estaba por encima de ellas en Urgencias. El caso llegó al juzgado con un nombre propio: Pascual Piñera, exjefe del servicio, investigado por presunto acoso sexual.
Piñera declaró ante la jueza y negó las acusaciones. Su defensa sostuvo que no hubo contactos de carácter sexual, sino gestos aislados, palmadas en la espalda o muestras de trato cotidiano dentro de una relación profesional. El médico habló de una caza de brujas y se presentó como víctima de un escarnio público.
La frase que resume su versión quedó clavada en el caso: no eran tocamientos sexuales, eran palmadas. Pero frente a esa explicación están los testimonios de sanitarias que describieron situaciones incómodas en el entorno laboral, dentro de un servicio donde la jerarquía pesa y donde muchas de las afectadas eran médicas internas residentes.
El origen público del caso se remonta a febrero de 2025, cuando el Servicio Murciano de Salud activó el protocolo de acoso tras una denuncia ante la gerencia del Reina Sofía. Varias profesionales de la puerta de Urgencias acusaban a su responsable de comportamientos inapropiados y de invadir su espacio sin consentimiento.
La Unidad de Igualdad del SMS abrió una investigación interna. Recogió testimonios de mujeres, habló con el acusado y con otros profesionales del equipo, y el médico fue apartado del puesto como medida cautelar. Aquella decisión administrativa fue el primer reconocimiento de que lo ocurrido no podía tratarse como un simple malentendido de pasillo.
En ese procedimiento interno llegaron a mencionarse 13 profesionales y 2 pacientes. Las afectadas hablaron de comentarios y contactos inapropiados, con episodios situados en diferentes zonas del cuerpo y en un periodo que, se remontaría incluso a 2018. La mayoría de ellas pertenecían a un entorno especialmente vulnerable: residentes jóvenes en formación.
La Fiscalía archivó inicialmente el asunto en mayo de 2025, no porque hubiera probado que nada ocurrió, sino porque al tratarse de posibles delitos contra la libertad sexual era necesaria una denuncia previa de las víctimas. Ese matiz es importante: el archivo no cerró moralmente el caso, solo marcó un límite procesal en aquella fase.
Después, la vía judicial volvió a moverse. Nueve sanitarias confirmaron ante la jueza las supuestas agresiones, y la instructora citó al propio Piñera para escuchar su versión. En esa declaración, el exjefe de Urgencias contestó a las preguntas y negó haber actuado con intención sexual o de abuso.
La defensa insistió en que cada episodio, visto por separado, no mostraba indicios suficientes de acoso. Puso ejemplos como tocar el pelo a una mujer que se lo había cortado o apoyar una mano en el hombro. Para el abogado, las denunciantes se habrían retroalimentado entre ellas y construido un relato descontextualizado.
Del otro lado queda el peso de varias voces que relataron una incomodidad repetida dentro del mismo entorno laboral. En casos así, el centro de la historia no está solo en un gesto concreto, sino en la acumulación, en la autoridad de quien lo realiza y en la dificultad de decir no cuando la persona señalada ocupa una posición de mando.
El médico pasó seis meses suspendido de empleo y sueldo, y después fue readmitido en el hospital. Esa reincorporación generó inquietud entre algunas denunciantes, que temían encontrárselo de nuevo en los pasillos. El SMS explicó que su puesto estaría en otra planta, fuera de Urgencias y sin contacto con las mujeres afectadas.
La escena de un hospital pesa mucho en esta historia. Los pasillos, los turnos, las guardias y las jerarquías no son decorado: forman parte del clima en el que las sanitarias trabajaban y en el que dijeron sentirse incómodas. La vida profesional no se detiene cuando empieza una investigación; muchas veces obliga a convivir con el miedo, la duda y la exposición.
La defensa también recordó que hubo compañeros que apoyaron al médico y que no apreciaron situaciones de acoso. Ese respaldo forma parte del expediente, igual que las explicaciones del acusado. Pero no borra la pregunta central: qué ocurrió durante años en un servicio donde tantas mujeres acabaron contando versiones similares ante una autoridad judicial.
La instrucción continúa abierta y ahora deberán aportarse pruebas, entre ellas mensajes de WhatsApp. El acusado mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una resolución firme. Esa cautela no impide narrar el impacto de un caso que ya ha sacudido al hospital, al SMS y a la confianza de las profesionales en su propio entorno de trabajo.
Lo inquietante del caso Reina Sofía no es solo la acusación, sino la forma en que atraviesa un espacio que debería ser seguro para quienes cuidan a otros. Si una sanitaria siente que su jefe cruza límites, el daño no se queda en una anécdota: contamina guardias, turnos, silencios y la posibilidad de trabajar sin miedo.
En Murcia, el caso queda pendiente de la justicia, pero ya dejó una imagen difícil: varias sanitarias declarando, un jefe de Urgencias negándolo todo y una frase usada como defensa que no alcanza para calmar la incomodidad pública. Entre las palmadas y el acoso, ahora será el juzgado quien deba reconstruir la frontera exacta.
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