En Tenerife, una consulta médica de Atención Primaria dejó de ser un espacio de confianza para convertirse en el centro de una investigación por agresión sexual. La Policía Nacional detuvo en Los Realejos a un facultativo del Servicio Canario de Salud acusado de aprovechar su posición durante la atención a varias pacientes jóvenes. La acusación no habla de un encuentro casual, sino de hechos presuntamente ocurridos dentro del sistema sanitario público.
Las mujeres habían acudido al médico para recibir información sobre métodos anticonceptivos. Ese detalle marca el inicio del caso: no buscaban una escena extraña ni una situación ambigua, sino orientación sanitaria en un lugar donde la intimidad debería estar protegida por protocolos, límites y presencia profesional. La vulnerabilidad nace precisamente ahí: en acudir a preguntar por salud íntima y encontrarse ante una relación desigual.
Según las denuncias recogidas por los investigadores, el facultativo decía formar parte de una Unidad de Educación Sexual y Prevención de Contagios de Transmisión Sexual. Bajo esa supuesta cobertura, habría realizado tocamientos injustificados con la excusa de exploraciones ginecológicas y mamarias. La sospecha policial se apoya en que ese supuesto marco sanitario habría servido para abrir una puerta que no correspondía.
La consulta, que para cualquier paciente debería ser un entorno seguro, aparece descrita como un espacio cerrado donde la autoridad médica pesaba demasiado. La bata, el lenguaje técnico y la promesa de una revisión sanitaria pudieron funcionar como una pantalla para que las jóvenes no supieran dónde terminaba la medicina y dónde empezaba el abuso.
Los agentes comprobaron además que el investigado realizaba citologías en su propia consulta, a última hora de la tarde y sin la presencia de una enfermera que le asistiera. Ese punto llamó la atención porque en el centro existía una unidad especializada para ese tipo de pruebas, con procedimientos propios. Ese horario y esa falta de acompañamiento profesional quedaron como señales relevantes dentro de las pesquisas.
Las denunciantes también afirmaron que el médico no entregaba informes clínicos sobre aquellas exploraciones. Según sus relatos, se limitaba a decir verbalmente que los resultados eran correctos. Esa ausencia de documentación añadió otra sombra sobre lo ocurrido dentro de la consulta. Para las víctimas, esa respuesta verbal podía cerrar la consulta en apariencia, pero no dejaba rastro clínico que explicara lo ocurrido.
Hasta el momento, la investigación ha permitido identificar a cuatro víctimas. Todas tenían entre 17 y 19 años, y una de ellas era menor de edad cuando se habrían producido los hechos. No eran mujeres adultas con distancia frente al sistema, sino pacientes muy jóvenes ante un profesional que debía cuidarlas. La diferencia de edad y autoridad convierte cada gesto denunciado en algo más que una supuesta irregularidad médica.
Otro dato pesa en la investigación: las denunciantes no se conocían entre sí cuando decidieron acudir a la Policía. Aun así, los agentes detectaron coincidencias relevantes en sus relatos. Esa repetición de patrones ayudó a que el caso dejara de parecer un episodio aislado y pasara a verse como una posible conducta sostenida. No fue solo lo que cada una contó, sino la forma en que esas versiones parecían tocar los mismos puntos.
La investigación quedó en manos de la UFAM de la Comisaría del Puerto de la Cruz-Los Realejos, una unidad especializada en violencia de género, violencia doméstica y agresiones sexuales. Su trabajo se mantuvo en secreto hasta que la operación culminó con la detención del facultativo. En investigaciones de este tipo, la especialización importa porque cada declaración debe tomarse sin añadir más daño.
El médico ejercía en un recurso de Atención Primaria del Servicio Canario de Salud en Los Realejos. Algunas informaciones señalan que era un profesional apreciado por buena parte de sus pacientes, un contraste que hace el caso todavía más incómodo: la reputación pública no siempre revela lo que puede ocurrir en una habitación cerrada. Esa dualidad, entre la confianza de unos y el miedo de otras, es una de las zonas más oscuras del expediente.
Tras su arresto, el facultativo fue puesto a disposición del órgano judicial competente en La Orotava. La jueza decretó su libertad provisional con medidas cautelares, entre ellas órdenes de alejamiento respecto de las jóvenes denunciantes, mientras la investigación continúa su curso. La decisión judicial no cierra el caso: lo deja vivo, con límites impuestos mientras se recopilan y contrastan pruebas.
La presunción de inocencia sigue vigente, pero el caso ya contiene elementos graves: cuatro denuncias, pacientes jóvenes, exploraciones íntimas discutidas, ausencia de enfermera, falta de informes y relatos que, según los investigadores, presentaban coincidencias. Todo eso deberá ser ordenado ante el juzgado. En ese punto, la investigación tendrá que separar con precisión lo clínico de lo presuntamente delictivo.
La Policía no descarta que puedan existir más perjudicadas. Esa posibilidad amplía el caso más allá de las cuatro denuncias iniciales y obliga a mirar con especial cuidado a cualquier paciente que pudiera haberse sentido vulnerada en una consulta similar, sin saber entonces si aquello era denunciable. La Policía mantiene abierta esa línea porque los abusos en contextos de autoridad suelen tardar en salir a la superficie.
En casos de presunta violencia sexual dentro del ámbito sanitario, el daño no termina en el acto investigado. También se rompe una confianza básica: la de entrar en una consulta, hablar del propio cuerpo y aceptar una exploración porque se supone que quien está delante actúa dentro de límites profesionales claros. Cuando esa confianza se rompe, también se rompe la seguridad con la que otras personas se acercan al sistema sanitario.
Los Realejos queda ahora unido a una investigación que toca una zona especialmente sensible: el poder que puede ejercer un médico sobre pacientes jóvenes cuando la intimidad clínica se usa como argumento. La diferencia entre una exploración necesaria y un abuso no puede depender solo de la palabra de quien lleva la bata. Por eso la causa no solo mira a unos hechos concretos, sino al uso de una posición de autoridad en un momento de vulnerabilidad.
La causa seguirá avanzando entre declaraciones, informes y posibles nuevas víctimas. Pero la imagen que deja el caso ya es difícil de borrar: jóvenes que acudieron a pedir orientación sobre anticoncepción y terminaron relatando ante la Policía que, en una consulta médica, alguien cruzó una frontera que nunca debió tocar. La investigación dirá hasta dónde llegó el patrón y cuántas mujeres pudieron quedar atrapadas en esa misma dinámica.
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