La sentencia por el asesinato de Maialen Mazón en Vitoria vuelve a abrir una herida que nunca fue solo judicial. Jaime R., su marido, ha sido condenado a 27 años de cárcel por matarla en un apartahotel el 27 de mayo de 2023, cuando ella estaba embarazada de mellizas y su hija de 2 años estaba en la misma historia de horror.
Maialen no murió en un lugar desconocido ni lejos de su agresor. Murió en una habitación donde estaba con el hombre que era su marido, en una relación ya marcada por denuncias, alertas y una orden de alejamiento dictada en Torremolinos. Ese vínculo es clave para entender el peso del caso y la discusión posterior sobre la violencia de género.
La condena fija 25 años de prisión por asesinato con alevosía en concurso con dos delitos de aborto. A esa pena se suman otros dos años por abandono de menor, porque la hija de la pareja, entonces de solo 2 años, permaneció durante 18 horas junto al cadáver de su madre. La cifra, por sí sola, corta la respiración.
Las acusaciones pedían 45 años: 25 por el asesinato, 8 por cada uno de los dos abortos y 4 por el abandono de la niña. La sentencia, sin embargo, aplica el concurso ideal entre el asesinato y los abortos, al considerar que el primero fue el medio necesario para cometer los otros. Por eso la pena final quedó muy por debajo de lo solicitado.
La magistrada impuso la pena máxima posible para un asesinato con alevosía, pero no sumó penas independientes por las dos vidas que Maialen llevaba dentro. Ese es uno de los puntos que más ha dolido a la acusación popular y a la Asociación Clara Campoamor, que ve la condena como una respuesta insuficiente ante la magnitud del daño.
El ataque ocurrió en la tarde del 27 de mayo de 2023. Según recoge la sentencia, la pareja inició una discusión en la habitación del apartahotel y, en un momento determinado, Jaime R. cogió un cuchillo. Le asestó una puñalada mortal y otras doce heridas más superficiales. La sentencia concluye que hubo intención de matar.
La alevosía se apoya en una escena concreta: Maialen estaba sentada en una butaca, en estado de somnolencia y confusión por alcohol y benzodiazepinas, no esperaba la agresión y no pudo defenderse. La justicia habla de alevosía sorpresiva y desvalimiento. En lenguaje humano, significa que la atacaron cuando no tenía ninguna posibilidad real de salvarse.
Después llegó el silencio de las horas. La niña de 2 años quedó sola junto al cuerpo de su madre durante 18 horas. Ese abandono forma parte de la condena, pero para Clara Campoamor la respuesta penal por ese daño se queda corta. La organización habla de una niña marcada por una escena imposible de borrar.
El jurado popular declaró culpable a Jaime R. de asesinato con alevosía, dos delitos de aborto y abandono de menor, pero rechazó las agravantes de ensañamiento y de género. También descartó la eximente por trastorno mental transitorio que planteaba la defensa. La sentencia no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
La ausencia de agravante de género es el punto más incómodo del fallo. Maialen figuraba en VioGén, con una valoración previa de riesgo extremo por parte de la Guardia Civil, aunque la Ertzaintza rebajó después esa calificación a riesgo bajo. El caso obligó a revisar protocolos policiales en Euskadi, pero ninguna revisión devuelve lo perdido.
La Asociación Clara Campoamor ha sido especialmente dura. Considera que la sentencia minimiza la gravedad penal de acabar con tres vidas y critica que el asesinato tenga, en la práctica, el mismo coste de prisión que si Maialen no hubiera estado embarazada. La frase duele porque apunta al centro moral del caso: Maialen y sus mellizas no pueden quedar reducidas a un tecnicismo.
Cecilia Piris, abogada de la acusación popular, habló de una sensación amarga y de una respuesta insuficiente. También cuestionó que no se apreciara la violencia de género pese a los indicios de control, dominio y sometimiento que, según la acusación, rodeaban la relación. Para ella, el asesinato fue la manifestación máxima de ese control.
La asociación estudia recurrir, aunque reconoce la dificultad técnica y el coste emocional de volver a arrastrar a la familia por el proceso. También plantea una reclamación formal al Gobierno vasco por el fallo en la protección de Maialen, cuya valoración de riesgo terminó rebajada antes del crimen pese a las señales de peligro.
En el fondo, la sentencia deja dos debates abiertos. Uno es penal: cómo se castiga un asesinato cometido contra una mujer embarazada de mellizas y qué ocurre cuando esos abortos quedan unidos jurídicamente al homicidio principal. El otro es social: qué espera el sistema de una víctima para creer que está siendo controlada o sometida.
Maialen tenía una vida, una hija pequeña y dos niñas en camino. Su caso no puede leerse solo como una suma de artículos, agravantes y recursos. Detrás de cada decisión judicial hay una familia que perdió a una mujer, a dos bebés antes de nacer y la infancia tranquila de una niña que pasó 18 horas junto al cadáver de su madre.
Al final queda una habitación de apartahotel en Vitoria, una butaca, un cuchillo, 13 heridas y una condena que para muchos no alcanza a nombrar todo el daño. La justicia ha puesto una cifra: 27 años. La pregunta que permanece es si esa cifra basta para una historia donde fueron arrancadas tres vidas y una cuarta quedó marcada para siempre.
.png)
0 Comentarios