La muerte de la niña electrocutada en una atracción de feria de Alquerías ha dado un nuevo giro judicial y la causa ya no se detiene en los dos primeros investigados. Un año después de aquella madrugada, el juzgado ha ampliado el foco y ha citado a declarar a dos hombres más por su posible relación con lo ocurrido.
La resolución sitúa entre los nuevos investigados al representante municipal de la pedanía, José Luis Marín, y a otro hombre identificado por sus iniciales. Ambos tendrán que comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia, el mismo órgano que dirige unas diligencias marcadas por las dudas sobre quién autorizó, controló o dejó pasar la instalación.
Con estas nuevas citaciones, la causa alcanza ya a cuatro personas investigadas. En el procedimiento seguían ya bajo sospecha el propietario de las camas elásticas y el empleado que controlaba el acceso de los menores a la atracción durante la noche en que se produjo la descarga mortal.
El caso arrastra desde el principio una pregunta que sigue sin cerrarse: quién debía vigilar que aquella estructura pudiera funcionar con garantías. La investigación trata de aclarar si hubo omisiones en la comunicación de la instalación, en las comprobaciones previas o en la cadena de responsabilidad sobre el terreno donde se montó la feria.
La versión sostenida durante meses por el representante pedáneo apuntaba a que la atracción se había colocado en una parcela privada. Ese detalle, lejos de rebajar la gravedad del caso, ha empujado la instrucción hacia el terreno más incómodo: determinar si la falta de control administrativo dejó un espacio abierto al público fuera de una supervisión real.
Antes de escuchar a los nuevos investigados, el juzgado ha fijado otra tanda de declaraciones para el 9 de julio. Ese día deberán comparecer varios testigos, entre ellos familiares de menores afectados y personas que presenciaron la escena, para reconstruir con más precisión lo que ocurrió en la feria durante las fiestas de San Juan de 2025.
La tragedia se produjo cuando la menor sufrió una descarga eléctrica en la atracción y murió pese a los intentos de auxilio. Además, otros tres menores resultaron heridos, un dato que endurece aún más el procedimiento porque no se investiga solo una muerte, sino también posibles lesiones imprudentes derivadas del mismo fallo.
Las primeras fases de la investigación ya habían empujado a la Guardia Civil y al juzgado a poner la lupa sobre el estado técnico de la instalación. El análisis de cuadros eléctricos, tomas de tierra, cableado y elementos metálicos se convirtió desde el inicio en una pieza clave para averiguar cómo una atracción infantil pudo convertirse en una trampa.
La causa ya había desembocado el año pasado en detenciones y en la posterior puesta en libertad provisional del dueño y del encargado de la atracción, ambos con medidas judiciales. Aquellas decisiones no cerraron nada: solo marcaron que el juzgado veía indicios suficientes para seguir tirando del hilo y ampliar responsabilidades si aparecían nuevos datos.
El avance conocido ahora refuerza la idea de que la investigación no se limita a un fallo técnico aislado. El interés del juzgado por quienes podían influir en la presencia, montaje o tolerancia de la atracción revela que el caso se mueve también en el terreno de las decisiones previas, de los avisos no hechos y de los controles que nadie ejecutó a tiempo.
En Alquerías, el impacto de aquella noche sigue unido a una imagen imposible de borrar: una feria levantada para las fiestas patronales convertida en escenario de muerte. Lo que debía ser un espacio de juego para niños terminó abriendo una causa penal que, lejos de apagarse con el paso de los meses, gana ahora más nombres y más preguntas.
La instrucción judicial busca encajar piezas muy concretas: quién promovió la instalación, qué documentación existía, quién debía revisarla y por qué no se detectó el riesgo antes de que los menores entraran. Cada nueva declaración apunta a ese vacío de control que persigue al caso desde el primer día.
La ampliación del número de investigados también aumenta la presión sobre las próximas comparecencias. Si los testimonios y la documentación confirman que la atracción funcionó sin una supervisión suficiente, el relato de una desgracia imprevisible podría derrumbarse por completo y dejar paso al de una cadena de negligencias.
Por ahora, el procedimiento sigue abierto y la feria de Alquerías continúa proyectando la misma sombra sobre el verano siguiente. La muerte de la niña no ha quedado enterrada bajo el ruido de otras noticias: el juzgado acaba de recordar que todavía busca responsables y que aquella descarga sigue teniendo un eco judicial cada vez más oscuro.
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