La muerte de Albert Santamaría dejó una grieta difícil de cerrar en Manresa, pero el caso cambió de dimensión cuando los Mossos d'Esquadra detuvieron a su mujer, una enfermera de 41 años, acusada de haber provocado el final del bombero mediante una intoxicación con fármacos.
Santamaría, de 46 años y miembro de los Bombers de la Generalitat, falleció el 9 de febrero después de varias semanas marcadas por síntomas tan extraños como repentinos: somnolencias, desorientación y episodios de amnesia que nadie en su entorno lograba explicar.
El deterioro empezó a hacerse visible el 16 de enero, cuando tuvo que detener el coche de camino al trabajo porque se sentía desorientado y casi incapaz de mantenerse despierto, una escena que encendió la alarma entre quienes le conocían como un hombre sano y activo.
A partir de ese momento comenzaron las idas y venidas a centros médicos, pruebas neurológicas y observaciones hospitalarias que no conseguían encajar del todo con el estado del paciente, pese a que los análisis ya dejaban ver la presencia de tóxicos en su organismo.
El ingreso en el hospital de referencia de Manresa añadió un elemento especialmente sensible al caso, ya que la sospechosa trabajaba allí como enfermera de la UCI y, por tanto, tenía acceso profesional a medicamentos que ahora figuran en el centro de la investigación.
Durante aquellos días hubo momentos en los que el bombero parecía mejorar, recuperaba parte de la conciencia y podía volver a casa, pero la inestabilidad regresaba una y otra vez, con nuevas pérdidas de memoria y crisis físicas que mantenían desconcertados a los médicos.
El 22 de enero volvió a ser trasladado al hospital acompañado por su mujer, y la secuencia clínica siguió acumulando episodios difíciles de explicar, incluida una hiperglucemia de origen desconocido que terminó por inquietar aún más a los especialistas.
Nada de aquello permitió fijar entonces una causa criminal evidente, pero la muerte del bombero no cerró las dudas. Al contrario, abrió una etapa silenciosa de pesquisas en la que los investigadores reconstruyeron sus últimos días y revisaron cada paso de su entorno más cercano.
Uno de los movimientos que más sospechas despertó fue la insistencia de la mujer para evitar la autopsia, alegando que el fallecido quería donar sus órganos y que ese examen podía frenar el proceso, una presión que no pasó inadvertida en el hospital.
La autopsia acabó realizándose y el resultado dio un vuelco a toda la historia: en sangre y orina aparecieron benzodiacepinas, fentanilo y otros medicamentos en cantidades y combinaciones que apuntaban a una intoxicación incompatible con una evolución natural del cuadro.
Con esos indicios sobre la mesa, los Mossos mantuvieron durante cuatro meses una investigación bajo secreto para reunir pruebas antes de actuar, hasta llegar a la detención practicada el jueves 25 de junio en Sant Salvador de Guardiola, en la provincia de Barcelona.
Tras su arresto, la sospechosa pasó a disposición judicial y el juzgado acordó su ingreso en prisión provisional sin fianza, una decisión que confirmó la gravedad de los indicios y el peso que el análisis forense había terminado adquiriendo en el procedimiento.
La investigación también examina el contexto personal que rodeaba a la pareja, incluido el posible papel de otras relaciones sentimentales de la detenida, mientras los agentes tratan de aclarar qué ocurrió en el domicilio y qué pudo suceder durante los ingresos hospitalarios.
En el parque y entre los compañeros del cuerpo, la noticia cayó como una segunda muerte: primero el desconcierto ante una enfermedad imposible de explicar y después la sospecha de que todo pudo haberse cocinado muy cerca de la víctima, en el lugar donde debía sentirse a salvo.
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