La comparecencia duró muy poco, pero dejó una imagen fría y cargada de tensión. María Gertrudis Alcázar acudió este 29 de junio al Senado y, antes de que empezara el interrogatorio político, comunicó que no iba a responder a ninguna pregunta.
La razón que expuso fue su situación procesal dentro del caso Plus Ultra. Alcázar afirmó que se acogía a su derecho a no declarar porque está imputada en una causa que guarda relación con el objeto que investiga la comisión parlamentaria sobre la gestión de la SEPI.
Su intervención inicial fue breve y cerrada. Aseguró que ese silencio no debía entenderse como un desaire a la comisión, sino como una decisión coherente con su posición ante una investigación judicial todavía abierta.
El gesto convirtió la sesión en un escenario casi inmóvil. La compareciente ocupó su asiento, escuchó las intervenciones de los grupos y evitó entrar en cualquier explicación sobre su papel dentro del entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La comisión del Senado analiza las presuntas irregularidades vinculadas a la actuación de la SEPI y al rescate de Plus Ultra. Dentro de ese marco, el nombre de Alcázar aparece asociado a la estructura administrativa y documental que ahora examina la Audiencia Nacional.
Los senadores del Partido Popular reprocharon que la negativa impidiera aclarar hechos que, a su juicio, podían responderse sin afectar al derecho de defensa. Aun así, mantuvieron su turno e insistieron en preguntas sobre funciones, comunicaciones y gestiones desarrolladas desde la oficina del expresidente.
Rocío Dívar, portavoz del PP en esta comparecencia, lamentó que no hubiera respuestas. Su crítica se centró en que parte de las cuestiones planteadas, según defendió, no entraban de lleno en el núcleo penal de la causa y podían haber arrojado luz política sobre la investigación del Senado.
La presión sobre Alcázar no nace solo de esta citación parlamentaria. Semanas atrás ya había quedado bajo el foco de la causa por su presunto papel en la cobertura formal de documentación y en la gestión de comunicaciones dentro del círculo investigado por el juez José Luis Calama.
Diversas resoluciones e informes incorporados al caso la sitúan como una figura relevante en la operativa administrativa del entorno de Zapatero. Esa posición explica por qué el Senado la incluyó entre los nombres llamados a comparecer en una comisión que el PP ha convertido en frente político de primer orden.
La sesión también dejó al descubierto una estrategia previsible pero contundente: blindaje absoluto mientras la vía judicial siga abierta. En términos políticos, el silencio alimenta las sospechas de la oposición; en términos procesales, refuerza la línea de prudencia que suelen adoptar los investigados.
El caso Plus Ultra sigue girando alrededor del rescate público concedido a la aerolínea y de las posibles influencias, intermediaciones y coberturas documentales que rodearon aquella operación. Cada nueva comparecencia amplía el mapa de nombres, pero no siempre aclara lo que ocurrió detrás de las puertas cerradas.
En este episodio, el Senado obtuvo presencia física, pero no información nueva de boca de la compareciente. La escena fue la de una citación cumplida en lo formal y vaciada en lo sustancial por una negativa que dejó todas las respuestas fuera del alcance de los grupos.
El Partido Popular ya ha anunciado que volverá a citar a Alcázar. Ese movimiento anticipa que la comisión no dará por cerrada su intervención y que intentará mantener la presión sobre una pieza a la que considera central en la cadena de comunicaciones y gestión documental investigada.
Lo que quedó este lunes fue una estampa severa: una secretaria histórica del entorno de Zapatero frente al Senado, un caso judicial respirando detrás de cada pregunta y un silencio calculado que convirtió la comparecencia en otra sombra más dentro del laberinto de Plus Ultra.
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