Granada volvió a mirar hacia sus portales en la noche del 4 de junio de 2026. La Policía Nacional detuvo a un hombre de 55 años que estaba en tercer grado penitenciario y al que se investiga por una cadena de ataques cometidos durante salidas autorizadas.

No se trata de un desconocido para la ciudad. Su historial arranca en los años noventa y está ligado a un patrón que se repite con una precisión inquietante: seguir a mujeres, entrar tras ellas en el portal, sacar un objeto punzante, robar y, en los casos más graves, agredir sexualmente.

El último episodio conocido ocurrió a finales de mayo en el distrito Centro. La víctima, una mujer de 22 años, entró en el portal de su vivienda durante la noche sin saber que alguien la seguía a pocos pasos.

El agresor logró meterse detrás de ella en el ascensor. Allí exhibió un objeto punzante, la intimidó y la amenazó de muerte de forma reiterada. El espacio era mínimo, cerrado, sin margen real para huir.

La joven sacó sus pertenencias y terminaron esparcidas por el suelo del ascensor. Lo que empezó como un robo cambió de golpe de naturaleza cuando el asaltante la agredió sexualmente antes de abandonar el edificio.

Después del ataque, la víctima avisó a la policía. Fue trasladada a un centro hospitalario y acompañada para presentar denuncia. Ese recorrido, del ascensor al hospital y del hospital a la comisaría, marca la parte de la historia que casi nunca se ve desde fuera.

La investigación no se quedó en ese caso. A principios de abril, una mujer de 20 años había sido seguida de madrugada hasta su portal. El atacante entró justo antes de que se cerrara la puerta, la agarró por el cuello de la ropa, la empujó contra la pared y le exigió dinero.

Aquella primera víctima empezó a gritar pidiendo auxilio. Los gritos rompieron el control de la escena y el agresor huyó a la carrera. La violencia quedó interrumpida, pero el método ya estaba ahí: noche, portal, amenaza y una mujer aislada.

A mediados de mayo, en el mismo distrito Centro, otra mujer de 21 años fue abordada de forma parecida. El hombre se introdujo en el portal, la alcanzó en las escaleras, la abrazó por la fuerza y la tiró al suelo.

En esa segunda agresión, la víctima entregó varios billetes mientras pedía ayuda. Un ruido en una planta superior alteró la escena y el agresor escapó. De nuevo, la intervención del entorno evitó que el ataque avanzara más.

Los agentes conectaron los tres hechos por el modo de actuar, por las descripciones y por reconocimientos posteriores. La vivienda del investigado fue registrada y allí se localizaron indicios que reforzaron la sospecha policial.

El dato que pesa sobre todo el caso es el régimen penitenciario. El detenido había accedido al tercer grado y, presuntamente, aprovechó permisos y salidas para volver a actuar. Esa posibilidad convierte cada ataque en una pregunta incómoda sobre control, riesgo y reincidencia.

Su historial anterior es largo. Entró por primera vez en prisión en 1991, alcanzó el tercer grado en 1999 y volvió a delinquir durante permisos penitenciarios. Entre abril y julio de 2001 cometió numerosos robos con violencia y agresiones sexuales.

En 2002 fue condenado por veintinueve delitos, entre agresiones sexuales y robos con violencia, a más de 100 años de prisión y al pago de indemnizaciones cercanas a los 200.000 euros. Hace aproximadamente dos años volvió a acceder al tercer grado.

Para las víctimas recientes, esas fechas no son una cronología judicial, sino la sombra que aparece después del ataque. Saber que el presunto agresor ya tenía una condena de ese calibre añade una segunda herida: la sensación de que el peligro regresó por una puerta que nadie consiguió cerrar del todo.

Ahora el caso queda en manos del juzgado y de la investigación abierta. Granada conserva la imagen más dura: una mujer atrapada en un ascensor, pertenencias en el suelo, una amenaza de muerte y una ciudad obligada a preguntarse cómo se mide de verdad el riesgo cuando la reincidencia ya estaba escrita en el historial.