La madrugada del 11 de abril dejó un rastro oscuro en Zaragoza y no empezó en un piso, sino en la calle, entre copas, pastillas y un grupo que avanzaba mientras tres chicas iban perdiendo el control de sus cuerpos.
La investigación sitúa el origen de todo frente a una discoteca de la calle de María Lostal, donde las víctimas y varios de los ahora investigados estuvieron bebiendo alcohol durante horas antes de desplazarse a otro punto de la ciudad.
Dos de las jóvenes tomaron alcohol y Rivotril de forma voluntaria, mientras la menor creyó que solo estaba bebiendo un refresco energético, pero el atestado recoge que en esas consumiciones se habría introducido también éxtasis sin que ellas lo supieran.
Las grabaciones revisadas por los agentes captaron el momento en que el grupo abandonó la zona y esas imágenes ya mostraban una escena inquietante: las chicas apenas podían mantenerse en pie y una de ellas tuvo que ser llevada a hombros.
El destino final fue una vivienda situada en la calle de Francisco Pradilla, en el barrio de San José, donde se centra la parte más grave del caso y donde la Policía sostiene que se produjeron relaciones sexuales no consentidas en más de una ocasión.
La primera denuncia se presentó el 5 de junio ante la Policía Nacional y activó la investigación de la UFAM, que a partir de ese momento reconstruyó la secuencia con testimonios, vídeos, fotografías y declaraciones de varias personas presentes aquella noche.
Tres varones fueron detenidos el mismo 5 de junio en Zaragoza capital por su presunta implicación en los hechos, entre ellos dos jóvenes de 20 y 19 años y un menor de 16, mientras los investigadores mantienen identificados y en búsqueda a otros dos sospechosos.
La causa incorpora además un dato especialmente sensible: una de las víctimas denunció la agresión, otra respaldó que también se aprovecharon de ella y, en el caso de la menor, existen testimonios que describen hechos que contradicen su negativa inicial a haber sufrido abusos.
Los agentes también investigan la posible existencia de grabaciones tomadas con teléfonos móviles dentro del inmueble, después de que varios testigos afirmaran que parte de lo ocurrido pudo haber sido registrada mientras las víctimas se encontraban incapacitas para reaccionar.
La operación quedó en manos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, especializada en violencia sexual y protección de víctimas vulnerables, y ese trabajo ha sido el que permitió encajar los movimientos previos, el traslado al piso y la actuación posterior de los implicados.
Dos de los arrestados ya pasaron a disposición judicial y se acogieron a su derecho a no declarar, tras lo cual el juzgado acordó su libertad provisional con medidas de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de las víctimas mientras la causa sigue abierta.
El menor detenido fue entregado a sus tutores legales, pero su presencia en la vivienda y su papel en aquella mañana forman parte del procedimiento, igual que la conducta de quienes estaban allí y no habrían impedido lo que estaba ocurriendo.
El caso mantiene todavía una zona en sombra porque la Policía da por identificados a otros dos presuntos implicados que no habían sido localizados cuando trascendió la operación, de modo que la fotografía completa de aquella madrugada aún no está cerrada.
Lo que sí queda fijado por ahora es la secuencia central: tres chicas debilitadas tras consumir bebidas alteradas, un desplazamiento a un piso cuando apenas podían caminar y una investigación que intenta aclarar hasta dónde llegó la violencia y cuántas personas participaron en ella.
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