El incendio de La Mierla abrió una herida brutal en la Sierra Norte de Guadalajara y, mientras el humo seguía cerrando el horizonte, la investigación empezó a apuntar hacia una figura que agitó todavía más el caso: el alcalde de Robledillo de Mohernando.
La Guardia Civil lo investiga como presunto responsable del origen del fuego, declarado cuando trabajaba con una cosechadora en una zona sometida aquel día a un riesgo muy alto de propagación forestal.
La sospecha no nace solo de una coincidencia de tiempo y lugar. Los agentes y los técnicos medioambientales tratan de reconstruir el punto exacto de inicio y de comprobar si la maquinaria operaba dentro de todas las condiciones de seguridad exigidas.
En ese tramo de la jornada, la normativa autonómica permitía la cosecha con precauciones reforzadas, pero imponía restricciones horarias y medidas materiales concretas para evitar que una chispa bastara para desatar una catástrofe.
La clave ahora está en determinar si se respetó todo lo obligatorio: extintor de carga, mochila de agua, batefuegos, declaración responsable y, sobre todo, el encaje exacto de la actividad en las horas más peligrosas del día.
Mientras esa respuesta llega, el balance provisional ya resulta devastador. El fuego ha arrasado más de 2.000 hectáreas y ha empujado a decenas de vecinos y menores de un campamento a abandonar la zona con lo imprescindible.
Las evacuaciones alcanzaron varios núcleos de la comarca, entre ellos La Mierla, Muriel, Semillas, Almiruete, La Nava de Jadraque, Palancares y Umbralejo, en una carrera contrarreloj para apartar a la población de un frente imprevisible.
El incendio llegó a amenazar áreas de alto valor ecológico del Parque Natural de la Sierra Norte y obligó a cortar o restringir carreteras, en un escenario endurecido por el viento, las altas temperaturas y una orografía que complica cada maniobra.
Los mandos de extinción describieron durante la emergencia un avance agresivo, con llamas saltando de una zona agrícola a una forestal y con tramos en los que el fuego llegó a encaramarse a las copas de los árboles.
Sobre el terreno se desplegaron decenas de recursos y centenares de efectivos del dispositivo regional, apoyados por recursos estatales y por la Unidad Militar de Emergencias, porque el incendio quedó muy lejos de considerarse controlado en sus primeras horas.
La dimensión política del caso añadió otra capa de tensión. Que el investigado sea un cargo público convirtió la búsqueda del origen en una cuestión todavía más sensible en una provincia golpeada por el avance de las llamas.
También se abrió un choque de fondo sobre las restricciones a las labores agrícolas en días críticos, con organizaciones del sector defendiendo que se podía trabajar legalmente y con la Junta insistiendo en que los índices de riesgo no son una formalidad vacía.
Ese pulso no altera lo esencial: si la investigación confirma un incumplimiento o una imprudencia, el incendio de La Mierla dejará de ser solo una desgracia ambiental para convertirse además en un caso con responsabilidades concretas.
Por ahora, la prioridad sigue clavada en contener el fuego y proteger a los municipios expuestos, pero la pregunta más incómoda ya está instalada en Guadalajara: cómo pudo comenzar semejante desastre en una tarde marcada por el peligro extremo.
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