La batalla de Juana Rivas por la custodia de su hijo menor ha entrado en otro tramo áspero, esta vez con un dato que la justicia italiana ha colocado en el centro del relato: en el último año, solo constan dos llamadas de la madre a sus hijos.
Ese reproche aparece en la resolución que rechaza sus pretensiones y refuerza la posición de Francesco Arcuri, a quien los tribunales italianos mantienen la custodia del menor mientras sigue abierto en Cagliari el juicio por presunto maltrato físico y psicológico a los dos hijos de la expareja.
Según la información publicada este 31 de julio, el tribunal sostiene que desde el regreso del niño a Italia por orden judicial apenas consta una llamada de la madre, extremo que la parte de Arcuri matiza elevándolo a dos comunicaciones fechadas el 26 de enero y el 4 de junio.
El choque no nace solo de ese recuento. La resolución también considera infundados los argumentos de Rivas y da por garantizada la protección del menor a través de informes policiales y médicos incorporados a la causa.
Los magistrados van más allá y describen que la madre habría instrumentalizado el caso para fines propios, una acusación durísima dentro de un procedimiento que ya arrastra más de una década de denuncias, recursos y decisiones cruzadas entre España e Italia.
En ese mismo texto judicial se recuerda además que el menor permaneció en Granada entre enero y julio de 2025 pese a la orden que exigía su retorno a Italia, un episodio que sigue pesando en la lectura que hace la justicia italiana sobre el comportamiento de la madre.
La defensa de Rivas responde con una versión opuesta. Mantiene que ella no ha podido comunicarse con su hijo menor desde hace un año y sitúa el bloqueo en la conducta del padre, al que acusa de responder con mensajes escuetos y de impedir una relación normal con el niño.
Esa denuncia ya había sido expuesta días antes, cuando Rivas afirmó públicamente que llevaba un año sin hablar con su hijo desde que regresó a Italia. El nuevo enfoque judicial cambia el ángulo: ya no se trata solo de la incomunicación denunciada por la madre, sino de cómo el tribunal interpreta sus intentos reales de contacto.
La tensión se agravó con otro episodio incorporado por Rivas a su relato: una llamada recibida de madrugada el 31 de mayo, en la que una amiga residente en Carloforte le aseguró haber visto al menor en silla de ruedas, llevado por otros adolescentes.
La parte paterna negó esa versión alarmante y sostuvo que el niño había sufrido un esguince de tobillo jugando al fútbol con unos amigos, por lo que acudió a un centro de salud y salió de allí en silla de ruedas acompañado por su padre.
Mientras tanto, el frente judicial principal sigue abierto. El Tribunal Supremo italiano rechazó el último recurso de Rivas para recuperar la custodia, consolidando que el menor continúe viviendo con Arcuri y empujando a la madre a anunciar una ofensiva en instancias internacionales.
Rivas y su entorno sostienen que existe una incoherencia insoportable: las resoluciones contra ella avanzan con rapidez, mientras los procedimientos dirigidos contra Arcuri se eternizan pese a la gravedad de las acusaciones que pesan sobre él.
Ese desequilibrio es precisamente lo que alimenta el nuevo enfoque de este caso. Las pocas llamadas registradas ya no funcionan como un detalle secundario, sino como un argumento que la justicia italiana usa para cuestionar la consistencia del relato materno en plena disputa por el menor.
El resultado es un escenario cada vez más sombrío: un niño atrapado entre dos países, dos versiones irreconciliables y una guerra judicial donde incluso el número exacto de llamadas se convierte en munición para decidir quién pierde contacto, credibilidad y margen de maniobra.
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