La declaración dejó una imagen áspera en la Audiencia Nacional: Julio Martínez volvió a sentarse ante el juez y colocó en el centro de la escena a la empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero dentro de la investigación por el caso Plus Ultra.
El empresario sostuvo que empezó a pagar a Whathefav por trabajos de maquetación de informes, pero afirmó que esa relación cambió con el tiempo hasta convertirse en una iguala que siguió viva aunque ya no hubiera trabajo efectivo detrás.
La frase que más pesa en esa versión es brutal por su sencillez: durante unos tres años, dijo, se estuvo cobrando sin hacer nada. Esa afirmación comprime en pocas palabras una sospecha de enorme alcance penal y político.
El procedimiento investiga si alrededor del rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en 2021 se levantó una red de influencias, pagos cruzados y sociedades utilizadas para mover dinero con apariencia de normalidad.
Martínez también señaló que Zapatero era el único consultor de su empresa y que su verdadero valor estaba en la agenda, en los contactos y en una influencia especialmente apreciada en asuntos vinculados con Latinoamérica.
Cuando habló de los informes, admitió que existían y que eran reales, pero dejó una grieta decisiva al reconocer que servían sobre todo para atraer clientes y no tanto para aportar un valor técnico sólido y diferenciable.
La causa ya arrastraba un foco previo sobre Whathefav porque el nombre de la empresa aparecía en la investigación como una pieza conectada con pagos al entorno familiar del expresidente, ahora reforzada por esta nueva declaración judicial.
En los antecedentes del sumario figura además que la sociedad de las hijas de Zapatero llegó a recibir cientos de miles de euros dentro del entramado examinado, una cifra que agrava el interés del juez por determinar qué servicios se prestaron realmente y cuáles solo se documentaron en papel.
El relato de Martínez no se limitó a esos pagos. También insistió en que desconoce con quién medió exactamente Zapatero dentro del Gobierno o de la SEPI para el rescate de la aerolínea, aunque mantuvo que esa intervención existió.
Ese punto sostiene una tensión central del caso: la distancia entre una influencia supuestamente decisiva y la falta de una huella directa que identifique con claridad a cada interlocutor institucional implicado en el movimiento final.
Mientras tanto, las hijas del expresidente continúan investigadas y su citación judicial sigue pendiente, con la posibilidad de que ese paso llegue en septiembre si el instructor considera que la línea abierta por Martínez merece contraste directo.
La declaración se produce además después de meses en los que el sumario ha ido dibujando un paisaje cada vez más turbio, con registros, sociedades bajo sospecha y movimientos de dinero que la investigación considera difíciles de justificar por una actividad económica ordinaria.
A esa atmósfera se suma otro detalle que golpea la credibilidad del principal investigado: cuando fue detenido en diciembre, la Policía intervino 286.070 euros en metálico, además de relojes y teléfonos, y él no logró concretar con precisión el origen inmobiliario que alegó para ese efectivo.
Con esta nueva acusación, el caso deja de girar solo sobre comisiones, contactos y rescates públicos, y se adentra en una zona más corrosiva: la sospecha de que una estructura de pagos pudo seguir respirando incluso cuando ya no quedaba trabajo que fingir.
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