La Generalitat de Cataluña deberá indemnizar con 12.500 euros a un menor que sufrió una agresión sexual mientras permanecía bajo tutela pública en un centro residencial de Barcelona.
La decisión llega después de que el procedimiento por los abusos terminara con una resolución firme contra el otro menor implicado y con la aceptación del pago por parte de la administración autonómica.
Los hechos se remontan a agosto de 2023, cuando la víctima tenía 10 años y convivía en ese recurso residencial tras haber sido separada de su entorno familiar.
El agresor era otro menor tutelado, de 15 años, que acabó reconociendo los hechos y aceptó una medida de dos años de internamiento en un centro cerrado de justicia juvenil.
El caso no quedó aislado en la agresión, porque en paralelo otro juzgado revisó la intervención administrativa que había llevado al niño hasta ese centro y corrigió aquella decisión.
La magistrada revocó la declaración de desamparo que había motivado el ingreso y concluyó que la separación de sus padres no estaba suficientemente justificada.
Esa resolución devolvió la guarda y custodia al padre del menor y además contó con el respaldo de la Fiscalía, que apoyó el retorno del niño a su familia.
Entre los argumentos usados para apartarlo de su casa figuraba la enfermedad mental de la madre, pero el juzgado consideró que ese dato por sí solo no justificaba una medida tan grave.
La resolución judicial destacó que la mujer seguía tratamiento médico, estaba estabilizada desde hacía años y no existía una base bastante para sostener el desamparo en esos términos.
El daño se agravó después con las consecuencias del abuso, porque la víctima pasó por el centro en un momento de máxima vulnerabilidad y acabó sufriendo una agresión dentro del sistema que debía protegerla.
También trascendió que la tramitación del caso sufrió demoras y que el reconocimiento forense del menor no se produjo en el momento en que habría sido esperable tras la denuncia de los hechos.
Ese retraso añadió más sombra al recorrido del procedimiento y dejó la imagen de una protección institucional incapaz de reaccionar con rapidez ante una agresión de extrema gravedad.
La indemnización reconocida ahora no borra lo ocurrido, pero sí fija una responsabilidad económica por el paso del niño por un recurso público donde terminó siendo agredido sexualmente.
Detrás de la cifra queda una historia mucho más áspera: un menor apartado de su familia, enviado a un centro residencial y golpeado allí por un hecho que marcó su vida antes de que la Justicia corrigiera el camino.
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