El 13 de julio de 1997 quedó clavado en la memoria de España como el día en que murió Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en Ermua, después de 48 horas de secuestro y una cuenta atrás impuesta por ETA que paralizó al país entero.
La banda lo raptó el 10 de julio cuando tenía 29 años y exigió al Gobierno el acercamiento de sus presos al País Vasco en un plazo de dos días. Si no se aceptaba, anunció que lo mataría.
La amenaza convirtió cada hora en una escena de angustia pública. Durante esas 48 horas, miles de personas salieron a la calle en el País Vasco y en el resto de España para pedir su liberación y denunciar el chantaje terrorista.
Miguel Ángel Blanco apareció herido de gravedad el 12 de julio, con dos disparos en la cabeza, en un descampado de Lasarte. Aún llegó con vida al hospital, pero murió en la madrugada del 13 de julio.
Aquella ejecución provocó una reacción social que desbordó la política y el miedo. Las manos blancas alzadas y los gritos de rechazo marcaron un punto de ruptura frente a ETA y quedaron ligados para siempre al llamado espíritu de Ermua.
Casi tres décadas después, el aniversario vuelve con una sombra distinta: el olvido. La información difundida este 12 de julio recuerda que seis de cada diez jóvenes españoles no saben quién fue Miguel Ángel Blanco.
Ese dato no apareció de la nada. Ya en 2020 un estudio de GAD3 reflejaba que el 60% de los jóvenes desconocía su figura, y que una parte importante tampoco identificaba a otras víctimas ni comprendía el alcance del terrorismo de ETA.
La pérdida de memoria no se limita a un nombre. También borra el contexto de aquellos años, el clima de amenaza en Euskadi, la vulnerabilidad de cargos locales sin protección y el impacto que tuvo el asesinato sobre la conciencia colectiva.
Diversos especialistas citados en trabajos de memoria y divulgación histórica han insistido en que aquel crimen actuó como un punto de inflexión social. No fue el primer asesinato de ETA, pero sí uno de los que quebró con más fuerza la resignación pública.
El caso también se recuerda por la brutalidad del mecanismo: una víctima concreta, un ultimátum televisado y una sociedad entera mirando el reloj. Esa combinación convirtió el secuestro en una presión emocional masiva y en un desafío directo al Estado.
En este aniversario, el recuerdo ha vuelto a mezclarse con el debate político. En el homenaje celebrado por el Partido Popular, Cuca Gamarra reivindicó que ETA fue derrotada por el Estado de derecho y reclamó medidas para endurecer beneficios penitenciarios a condenados por terrorismo.
También exigió que se siga investigando el centenar largo de atentados que continúan sin resolverse. Ese reclamo enlaza con una herida que sigue abierta en parte de las víctimas: la sensación de que no toda la verdad judicial ha sido cerrada.
Mientras tanto, el mayor riesgo señalado en torno a Miguel Ángel Blanco ya no es solo la manipulación del pasado, sino su vaciamiento. Cuando una generación deja de reconocer un crimen así, también se debilita la comprensión de lo que costó enfrentar el terror.
Veintinueve años después, el nombre de Miguel Ángel Blanco sigue marcando un antes y un después en la historia reciente de España. La pregunta ya no es solo cómo fue asesinado, sino cuánto de aquel estremecimiento colectivo sigue vivo antes de desaparecer.
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