El caso estalló en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense tras una acumulación de 34 reclamaciones registradas en un periodo de dos años contra una ginecóloga señalada por su trato vejatorio a pacientes y compañeros.
La sanción impuesta la aparta de sus funciones durante ocho años, una medida de enorme gravedad dentro del ámbito sanitario público y poco habitual por su alcance temporal.
El expediente disciplinario no se levantó por un episodio aislado, sino por una cadena de conductas reiteradas que acabaron erosionando la convivencia dentro del servicio y la confianza de quienes acudían a consulta.
Entre los hechos recogidos aparecen insultos, descalificaciones y escenas en las que la médica interrumpía a las pacientes, elevaba el tono y convertía la atención en una experiencia hostil.
Una de las frases atribuidas a la facultativa, pronunciada durante una consulta, resume la crudeza del ambiente que describe el expediente: un desprecio frontal incluso hacia la identidad de la persona que tenía delante.
También constan episodios en los que se habrían expuesto dolencias personales de mujeres delante de otras personas, una práctica incompatible con la intimidad que debe proteger cualquier consulta médica.
El deterioro no se limitó a la relación con las pacientes, porque el conflicto alcanzó al propio equipo del hospital, con quejas verbales y formales de personal de enfermería, matronas, residentes y otros especialistas.
Esa presión interna fue dibujando un clima laboral envenenado, con tensiones constantes y una sensación de desgaste que terminó por activar una respuesta disciplinaria de mayor calado.
La resolución judicial que revisó el castigo respaldó la sanción al entender que los hechos analizados mostraban una conducta incompatible con los estándares mínimos de respeto exigibles en la práctica sanitaria.
El núcleo del caso no gira en torno a un error médico, sino a la violencia verbal y al impacto que ese comportamiento puede tener sobre mujeres en un contexto especialmente vulnerable como una consulta de ginecología.
La acumulación de 34 reclamaciones entre 2022 y 2024 refuerza la idea de un patrón sostenido, no de simples roces personales ni de choques puntuales dentro de un servicio sometido a presión.
La respuesta adoptada busca proteger a las pacientes y también al resto de profesionales, porque en un hospital el trato humano forma parte de la asistencia y no puede separarse del acto clínico.
El golpe institucional deja además una pregunta incómoda sobre cuánto tiempo tardó en frenarse una conducta que ya había dejado un rastro de quejas y malestar en uno de los principales centros sanitarios de la provincia.
En Ourense, la suspensión de ocho años cierra de momento una etapa marcada por el miedo y la humillación, pero abre otra en la que el sistema tendrá que demostrar que sabe detectar antes lo que durante demasiado tiempo siguió ocurriendo dentro de consulta.
0 Comentarios