Era el 1 de julio de 2000, verano en Tokio. Lucie Blackman, británica de 21 años y recién llegada a la capital japonesa, combinaba trabajos (azafata y “hostess” en Roppongi) mientras perseguía su aventura asiática. Aquel día avisó a una amiga: saldría a dar una vuelta en coche con un cliente. Ese fue su último mensaje conocido; después, el rastro se cortó en seco.
La desaparición sacudió a Japón y al Reino Unido. Su familia voló a Tokio, empapeló barrios enteros con carteles y presionó para que la búsqueda no se apagase. Durante meses, medios y voluntarios repitieron su nombre, mientras la policía seguía un puñado de pistas difusas en la noche interminable de Roppongi y la bahía de Tokio.
El 9 de febrero de 2001, un hallazgo heló a los investigadores: restos de Lucie aparecieron en una cueva junto al mar, en Miura (Kanagawa), a unos kilómetros de la capital. Parte de los restos estaba oculto con cemento, una maniobra deliberada para obstaculizar la identificación y el hallazgo. El lugar quedaba cerca de un apartamento costero asociado al principal sospechoso.
Ese sospechoso era Joji Obara, un empresario de altos vuelos en el circuito nocturno. Las pesquisas lo vinculaban a invitaciones “amistosas” para “dar un paseo a la costa” que acababan en su piso de Zushi. Cuando la policía registró sus propiedades, halló un patrón de control y sumisión: mujeres drogadas y material grabado que sugería una conducta depredadora sostenida en el tiempo.
A finales de 2000 y durante 2001, Obara fue acusado por múltiples ataques a otras mujeres y, en la causa de Lucie, por abandono y ocultación de cadáver. El rompecabezas encajaba con su presencia en la zona, sus propiedades cerca de la cueva y testimonios que lo situaban de noche con una pala en la playa días después de que Lucie desapareciera.
La primera sentencia llegó en 2007: el Tribunal de Distrito de Tokio absolvió a Obara de responsabilidad directa en la muerte de Lucie, pero lo condenó a cadena perpetua por una serie de ataques contra otras mujeres —entre ellos, un caso que terminó en la muerte de la australiana Carita Ridgway (1992). Fue un golpe para la familia Blackman, que vio cómo el corazón del caso seguía sin cerrarse.
La apelación cambiaría el balance. En diciembre de 2008, el Alto Tribunal de Tokio declaró a Obara culpable de secuestrar a Lucie, de agredirla e intentar someterla, y de desmembrar y abandonar su cuerpo; mantuvo la absolución por homicidio, pero ratificó la cadena perpetua. El tribunal subrayó el papel de Obara en la ocultación planificada de los restos en la cueva de Miura.
Desde entonces, el “caso Lucie Blackman” quedó clavado en la memoria pública como una advertencia: en el brillo de Roppongi también se tejen trampas, y los trayectos “cortos y seguros” pueden torcerse en segundos. A la vez, el proceso penal mostró la complejidad probatoria de separar, en sede judicial, la autoría de la muerte de los actos posteriores de ocultación.
Del dolor nació también un legado. La familia impulsó el Lucie Blackman Trust (hoy LBT Global), una organización que asiste a familias con seres queridos desaparecidos o víctimas de delitos en el extranjero: apoyo logístico, enlace con autoridades, y una red que intenta que nadie enfrente solo una desaparición fuera de su país.
Lucie tenía 21 años. Buscaba historias que contar y un futuro lejos de casa. Su nombre se convirtió en sinónimo de una pregunta que no deja dormir: ¿cómo puede una tarde luminosa acabar en una cueva junto al mar? Porque a veces, lo más aterrador no es la oscuridad en sí… sino la sonrisa que te invita a confiar, el paseo “rápido a la costa”, y el silencio que llega después.
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