Era lunes 23 de julio de 2007, invierno en el sur de Brasil. En la calle Suíça, barrio Velha Central de Blumenau, dos vecinos que solían jugar juntos —Gabriel Kuhn, 12 años, y Daniel Petry, 16— estuvieron esa mañana en la misma casa. Alrededor del mediodía, la policía halló el cuerpo de Gabriel; el sospechoso era el adolescente con quien compartía juegos y tardes de barrio. La ciudad entera se detuvo ante la noticia.
Al principio, la explicación que circuló fue simple y cómoda: una discusión por un juego de computadora. Los agentes recogían pistas y la delegada a cargo, Rosi Serafim, avanzaba con interrogatorios. Pero la ciencia forense desarmó pronto el relato. El Ministerio Público de Santa Catarina registró en un boletín oficial que la necropsia acreditó abuso sexual y que la pelea no había nacido de un videojuego: la violencia ocurrió dentro de la casa y la agresión sexual fue determinante en la secuencia que terminó en muerte.
El cuadro pericial fue devastador: tras la agresión, el atacante intentó ocultar el cuerpo y, al no lograrlo, recurrió a cortar las piernas “para facilitar la remoción”, según relató la propia delegada. La causa de muerte quedó fijada como hemorragia por la sección de las extremidades inferiores. Son líneas frías en un expediente, pero detrás de cada palabra había un niño y un barrio que ya no volverían a ser los mismos.
La respuesta institucional fue inmediata para estándares de la época: el sospechoso declaró acompañado de su padre y de un abogado; fue remitido al Instituto Médico Legal y presentado al Ministerio Público. La promotora de Infancia y Juventud solicitó internación provisoria mientras avanzaba el caso. Para entonces, Blumenau amanecía con patrullas y cámaras en la cuadra, y una familia tratando de entender cómo la puerta de un vecino podía esconder un crimen así.
Llegó la fase judicial. Por tratarse de un adolescente, el proceso se condujo bajo el Estatuto de la Niñez y Adolescencia (ECA): la medida socioeducativa de internación tiene un tope legal de tres años, sin posibilidad de excederlo. Eso —la ley, no la indignación— fijó la respuesta punitiva del Estado. Es un dato duro que no borra el dolor, pero explica por qué un crimen atroz no derivó en penas largas de adulto: el sistema brasileño prioriza medidas breves y pedagógicas para menores de 18.
Con los años, la historia se transformó en mito de internet: se reescribió una y otra vez en hilos y podcasts, y regresó a la conversación nacional en 2020 y 2022. Entre versiones deformadas y morbo, quedaron los hechos comprobados: un niño de 12 años, un agresor de 16, una agresión sexual confirmada por necropsia y una muerte por hemorragia; y una ciudad que recuerda que, a veces, el peligro no llega de un desconocido en la noche, sino de alguien que ya conocías y dejaste pasar a tu casa.
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