Durango amaneció con el corazón roto. En septiembre de 2025, Paloma Nicole Arellano Escobedo, 14 años, murió tras presuntas complicaciones posteriores a una intervención de cirugía estética. El caso encendió preguntas que atraviesan familia, medicina y ley: ¿cómo llegó una adolescente a un quirófano… y por qué nadie la protegió a tiempo?
Según el relato del padre, Carlos Arellano, él nunca fue informado ni autorizó el procedimiento. La primera pista pública fue su denuncia: “mi hija fue operada sin mi consentimiento”, escribió al exigir que la Fiscalía investigara a la madre, al médico y a la clínica privada donde se practicó la operación.
La línea de tiempo se ha ido fijando con documentos y declaraciones oficiales: el 12 de septiembre Paloma fue intervenida en una clínica de la capital; de acuerdo con la autoridad sanitaria estatal, ese día se le realizaron dos procedimientos, un implante mamario y una lipoescultura. Medios locales señalan que la atención ocurrió en la Clínica Santa María.
Entre el 15 y el 20 de septiembre, la menor estuvo hospitalizada con un cuadro que empeoró por horas. El padre asegura que se enteró cuando ya estaba intubada; inicialmente le dijeron que eran complicaciones respiratorias y neurológicas, mientras él seguía creyendo que estaban “aisladas” en la sierra por un supuesto contagio de covid.
El 20 de septiembre se certificó la muerte. De manera oficial, el parte médico asentó edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia. Detrás de esos términos, una verdad insoportable: una adolescente fallecida tras un procedimiento electivo que jamás debió rozar el terreno de lo irreversible.
El giro que detonó la causa penal llegó en la funeraria: el padre dice que al despedirse notó un corpiño quirúrgico y, al revisar, encontró las incisiones y los implantes. Esa constatación lo llevó a denunciar formalmente. La Fiscalía retiró el cuerpo, ordenó necropsia y advirtió que el dictamen patológico definitivo tomaría entre 10 y 20 días para fijar científicamente la causa de muerte.
La Fiscalía de Durango informó que investiga a la madre por posible omisión de cuidados y al médico por homicidio culposo si se acredita mala praxis; también revisa el expediente clínico y quién firmó los consentimientos. Reportes periodísticos identifican al cirujano con iniciales V.M.R.G. y señalan que sería pareja de la madre, extremo que la autoridad mantiene bajo pesquisa.
En paralelo, la autoridad sanitaria estatal (COPRISED) sostuvo que la clínica “estaba en regla” en infraestructura, licencias y personal, y que la madre firmó la autorización; además, aclaró un ángulo incómodo: la legislación vigente no establece una edad mínima para cirugías estéticas, dejando la decisión en los tutores. Es un vacío legal que hoy duele con nombre y apellido.
Con estos elementos, el caso abrió un debate mayor: consentimiento informado en menores, conflicto de interés cuando el médico es del círculo familiar, y protocolos para detectar riesgos anestésicos y postoperatorios en adolescentes. Mientras tanto, amigos y vecinos han convertido las redes en memorial: “tenía un corazón de oro”, escriben, pidiendo que la justicia no se quede en papeles.
A la espera del dictamen patológico y de eventuales judicializaciones, una certeza es ineludible: Paloma Nicole no debió morir. Si algo deja este expediente es la urgencia de cerrar brechas normativas y de reforzar controles donde la medicina se cruza con la estética y la adolescencia. Porque lo más aterrador no está siempre en una calle oscura: a veces espera en un quirófano que jamás debió abrir sus luces.
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