El libreto tenía un nombre clínico: trastorno facticio impuesto a otro (conocido como “síndrome de Munchausen por poder”). Dee Dee multiplicaba diagnósticos, exageraba síntomas, cambiaba de médicos y de estado —de Luisiana a Misuri tras Katrina— para borrar huellas. Alegaba que la documentación se había perdido en la inundación, pedía segundas opiniones y acumulaba tratamientos. Gypsy llevó sonda de alimentación, se sometió a procedimientos innecesarios y perdió piezas dentales por medicaciones que jamás debió tomar. Su pelo rapado “por higiene” reforzaba la ilusión de quimioterapia.
La edad también fue manipulada. Gypsy nació en 1991, pero su madre “oficializó” 1995 para mantenerla en una niñez perpetua, moldeable y dependiente. Ante cada profesional, Dee Dee hablaba por ella, corregía sus frases, interrumpía dudas. Aislada de amistades, escolarizada en casa y con una silla de ruedas que no necesitaba, Gypsy aprendió que moverse sin permiso podía costarle castigos. Aun así, algunos médicos empezaron a sospechar: en 2007, un especialista dejó por escrito que no hallaba base neurológica para la supuesta distrofia y que intuía engaño. Nadie unió las piezas.
Con internet como único resquicio, Gypsy tanteó su propio cuerpo: de noche, a solas, probó ponerse de pie… y caminó. Ese descubrimiento íntimo no trajo libertad, sino miedo. Por chats conoció a Nicholas Godejohn, un joven de Wisconsin con quien comenzó una relación clandestina que mezclaba romance, fantasías y la promesa de un “afuera” que no conocía. En mensajes que luego serían pruebas, esos dos mundos —el de la jaula y el de la huida— se tocaron de la peor manera.
La noche del 14 de junio de 2015, Nick viajó a Springfield. Gypsy le entregó guantes y un cuchillo. Ella se escondió en el baño, tapándose los oídos; él entró al dormitorio. Minutos después, el silencio más espeso que la casa rosa haya conocido. Tomaron dinero en efectivo que Dee Dee guardaba, huyeron en taxi hasta una estación y enviaron por correo el arma a Wisconsin. Al día siguiente, desde el perfil de Facebook de Dee Dee, apareció un mensaje crudo —publicado por la pareja— para provocar la entrada de la policía y evitar que el cuerpo quedara días sin ser hallado.
Cuando los agentes localizaron a Gypsy en Wisconsin, el mundo se fracturó. Caminaba sin ayuda. No necesitaba la silla. La imagen de “niña eternamente enferma” se hizo añicos en segundos. En los interrogatorios emergieron los años de engaños médicos, mudanzas encubridoras, recetas acumuladas, identidades borroneadas. La víctima de un abuso médico prolongado era, también, parte del plan que terminó con la vida de su madre. La paradoja era insoportable… y real.
El procesamiento separó responsabilidades. En 2016, Gypsy Rose se declaró culpable de homicidio en segundo grado y recibió 10 años de prisión. El contexto de abuso extremo pesó, pero no borró su coautoría. En 2018, un jurado declaró a Nicholas Godejohn culpable de homicidio en primer grado y acción criminal armada; fue sentenciado a cadena perpetua. Ninguna sentencia alcanzó para ordenar moralmente lo ocurrido: ¿qué lugar ocupa la voluntad cuando ha sido educada bajo terror médico y aislamiento?
El caso expuso fallas sistémicas. Pese a sospechas clínicas documentadas, no existió una intervención coordinada que protegiera a Gypsy. La caridad —casa, viajes, donaciones— operó como blindaje social de Dee Dee: cuanto más visible era la “bondad”, menos preguntas cabían. La empatía mal dirigida se convirtió en cortina de humo. Hospitales, ONG, vecinos y prensa vieron fragmentos; nadie vio el cuadro completo.
En diciembre de 2023, tras más de siete años presa, Gypsy obtuvo la libertad condicional. Volvió a un mundo que la conocía por titulares, documentales y series, intentando reconstruir identidad y autonomía. En entrevistas, ha descrito a Dee Dee como “una madre y mi carcelera”, dos verdades incompatibles y simultáneas. Mientras tanto, la vivienda rosa quedó como un símbolo incómodo: paredes pintadas de solidaridad que cubrieron, durante una década, un cautiverio con estetoscopio.
El caso Blanchard deja preguntas que punzan más allá del morbo. ¿En qué punto el cuidado se vuelve prisión? ¿Cómo debe actuar un sistema sanitario ante señales de maltrato médico sin criminalizar a quienes sí cuidan? ¿Cuánta luz de focos solidarios enceguece lo suficiente como para no ver el abuso? No hay final reparador; hay aprendizaje obligatorio.
Porque aquí el “monstruo” no se escondía en callejones. Sonreía en salas de espera, recogía cheques de beneficencia, posaba para fotos. Y la “niña enferma” no fingía dolor: lo vivía, sin que los análisis lo detectaran. Ese es el corazón negro de esta historia: una ternura que fue máscara, una enfermedad que fue teatro… y una vida que, para existir, tuvo que romper su propio escenario.
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