Aquella jornada, según reconstruyó la investigación, Margalida tenía una cita con un conocido del barrio: Antonio S. O., artesano (fontanero/ebanista) que meses antes le había comprado uno de los pisos. Debía entregarle recibos y liquidaciones de basuras e impuestos vinculados a la vivienda. Tras ese encuentro, su rastro se cortó. Nadie más la vio con vida.
El dispositivo policial se centró pronto en el entorno de esa transacción. Agentes registraron un garaje, una finca rústica y otras propiedades vinculadas al citado Antonio en busca de restos o pertenencias de Margalida. No hubo hallazgos concluyentes. Sin cuerpo, sin escena de crimen y sin prueba material directa, la causa quedó abierta pero sin detención judicial firme.
El foco sobre Antonio S. O. se avivó por un antecedente estremecedor: ya había sido investigado en 1996 por la desaparición de otra mujer en Mallorca, Ángeles Arroyo Agrás, sin que aquel expediente lograra acusación sólida. Ese pasado, sumado a la última cita conocida con Margalida, lo convirtió en el principal señalado policial desde el inicio, aunque en términos judiciales siguiera en libertad por falta de indicios determinantes.
La línea temporal del caso es áspera en su sencillez: Margalida sale del edificio de la calle de la Marineta (Arenal) con la documentación de cobros; se reúne con el comprador del piso; no regresa. Ni sus hijos ni vecinos obtienen respuesta al teléfono. No hay retiradas de efectivo, ni uso de tarjetas, ni desplazamientos bancarios posteriores atribuibles a ella. La rutina de una propietaria metódica quedó en seco.
Los investigadores peinaron trasteros, cuartos de herramientas y pozos vinculados al círculo del sospechoso, explorando hipótesis de ocultación del cuerpo. Técnicas caninas y búsquedas en zonas periurbanas del Migjorn complementaron diligencias clásicas: análisis de llamadas, itinerarios habituales, cotejo de contratos y llaves de los apartamentos. Aun así, no apareció el cuerpo, la prueba que, en un crimen sin testigos, suele decantar un procedimiento.
La familia de Margalida mantuvo la calificación de “alto riesgo” desde el primer día: una mujer de 72 años, perfectamente autónoma y con hábitos fijos, no desaparece sin ruido. Sin constancia de enfermedades desorientantes ni conflictos previos con inquilinos más allá de reclamaciones rutinarias, la vía de una sustracción violenta o desaparición forzada se consideró plausible.
El paso del tiempo solo endureció la paradoja jurídica: muchos indicios, nula evidencia forense. La ausencia de restos dejó fuera el análisis de lesiones, causa de muerte y lugar del hecho, piezas que blindan una acusación de homicidio. La investigación, no obstante, nunca ha exonerado a la última persona que la vio: sigue figurando como eje de interés policial cada vez que el caso se revisita.
Hoy, dieciocho años después, el caso se recuerda como un manual de lo que ocurre cuando la cadena probatoria se rompe en el primer eslabón: no hay escena, no hay arma, no hay cuerpo… y sin embargo hay un vacío inexplicable tras una cita de cobros en un barrio donde todo el mundo se conoce. Mallorca no olvidó a la arrendadora del Arenal; su desaparición permanece en hemerotecas y unidades de policía judicial a la espera de un hallazgo —o de una declaración— que cambie el tablero.
Si sabes algo, por pequeño que sea, dilo. En desapariciones sin cuerpo, una hora exacta, un coche mal aparcado, un movimiento en un portal o un nombre oído en 2007 puede ser la llave que faltaba. Porque Margalida Bestard Ramis salió para cobrar su renta… y nadie volvió a abrirle la puerta de casa.
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