Antes de la intervención policial, un familiar había enviado un mensaje que hoy pesa como un eco: “Antes de dejarla con él, la mato”. Ese aviso, trasladado a la Policía, activó la entrada al domicilio y la detención de la madre. A partir de ahí, el caso se movió a empujones entre diligencias, cautela procesal y un silencio público que, salvo fogonazos, lo dejó fuera del foco nacional.
Los primeros datos forenses orientaron la investigación hacia una intoxicación medicamentosa: la autopsia preliminar habló de lorazepam en dosis letales para una niña de esa edad. El relato policial no recogió golpes ni signos de lucha; el veneno, como casi siempre, no hace ruido. Gijón amaneció con cintas policiales y una palabra que no explica nada: “custodia”.
La secuencia objetiva quedó fijada: la niña había sido recogida por su madre tras un reciente cambio en el régimen de convivencia; horas después, fue hallada sin vida en la vivienda de Noemí M. El atestado recogió el contexto familiar y el mensaje previo; la Fiscalía pidió prisión provisional, y la jueza la decretó: comunicada y sin fianza, con imputación inicial por asesinato.
El sumario reseñó lo que no suele quedar por escrito: la niña tenía nombre y juegos; el barrio, rutinas; las instituciones, protocolos que casi siempre llegan después. La noticia circuló con fuerza en Asturias, pero fuera de allí apenas sobrevivió a un ciclo informativo: lo urgente devoró a lo importante y Olivia pasó a ser “un caso más”.
Hubo preguntas que apenas encontraron altavoz: ¿cómo se supervisa el acceso a fármacos potentes cuando hay conflicto parental? ¿Qué seguimiento efectivo existe tras resoluciones de custodia controvertidas? ¿Quién acompaña a un padre que, de repente, sólo encuentra silencios y trámites? En los diarios locales quedaron los detalles; en el debate público nacional, faltó la conversación incómoda.
Mientras la instrucción avanzaba bajo reserva, la historia se fue apagando en titulares. No hubo concentraciones masivas, ni portadas persistentes, ni minutos de silencio con estadios llenos. La muerte de una niña de seis años por una supuesta intoxicación con benzodiacepinas no compite con el estruendo de otras violencias más fotogénicas. Aquí, el arma fue una pastilla. Y la palabra “medicación” suele anestesiar la indignación.
Pero el expediente siguió respirando en cada diligencia: recogida de evidencias, análisis toxicológicos, informes psicosociales, cronologías cruzadas. La prisión provisional de la madre se mantuvo mientras los peritos afinaban porcentajes, metabolitos y tiempos de absorción: una precisión clínica para nombrar lo indecible.
En Gijón, la memoria de Olivia quedó en relatos mínimos: un mote cariñoso, un dibujo en la nevera, una foto que se comparte en voz baja. La ciudad lo entendió a su manera: no todas las pérdidas admiten consigna; algunas sólo permiten una vela y un “lo siento” que no llega a los informativos.
Que a este caso se le diera tan poca voz también dice algo de nosotros: preferimos las historias con villanos obvios y escenas ruidosas; nos cuesta mirar donde la violencia es química y doméstica, donde el daño cabe en un blíster. Olivia tenía seis años. No necesitaba trending topics; necesitaba un sistema que la viera a tiempo. Que su nombre, a partir de hoy, no vuelva a perderse en susurros.
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