El 28 de octubre de 2019, en Vilamarxant (Valencia), el mundo de una niña de apenas un año quedó dividido en dos: el de los que la siguen buscando… y el de quienes se la llevaron. Anna Vicente Frankowska tenía el pelo negro largo, ojos marrones enormes y apenas cincuenta centímetros de altura cuando su nombre empezó a aparecer en carteles de “MENOR DESAPARECIDA”.
Aquella fecha quedó fijada en todos los registros oficiales: 28/10/2019, Vilamarxant, Valencia, desaparición de una menor de 1 año. Desde entonces, Anna no volvió a pisar su entorno habitual; su casa, sus rutinas, su gente. En la ficha de SOS Desaparecidos se detalla lo esencial y brutal: edad al desaparecer, 1 año; edad actual, 7; altura aproximada 0,50 m; pelo negro largo y liso; ojos marrones.
Durante meses, su foto empezó a circular por redes, paneles, radios y televisiones. Una imagen fija: una bebé que no podía decir su nombre ni su dirección; una menor que dependía por completo de las decisiones de los adultos que la rodeaban. Fue entonces cuando apareció una expresión clave que definió el caso para siempre: “sustracción parental”.
Ese término no es un tecnicismo frío, es una forma de nombrar lo innombrable: cuando es el propio padre o madre —o su entorno más cercano— quien se lleva al menor sin consentimiento del otro progenitor ni respaldo judicial, cortando de raíz el vínculo con la otra parte de la familia y, muchas veces, con su país. En el caso de Anna, varias entidades de referencia —SOS Desaparecidos, fundaciones y medios— coinciden en señalar su desaparición como un probable episodio de sustracción en contexto familiar.
El nombre de Anna saltó del ámbito local al nacional. Radio Nacional de España, a través de su “Servicio de búsqueda”, emitió cuñas específicas pidiendo colaboración ciudadana: “Anna Vicente Frankowska, de 1 año, desaparecida el 28 de octubre de 2019 en Vilamarxant, Valencia”. La petición era tan simple como desesperada: cualquier detalle, cualquier recuerdo, cualquier pista.
Fundación ANAR y otras organizaciones especializadas en infancia replicaron la alerta, subrayando un dato que duele más cuanto más se repite: Anna desapareció siendo bebé. No tenía margen para decidir, no escogió marcharse; fue trasladada, movida, sacada de su vida por decisiones ajenas. Cada vez que se compartía el cartel, el mensaje iba acompañado de un ruego: si la has visto, si sabes algo, llama.
Con el paso de los años, su caso entró en listados que nadie quisiera protagonizar: informes sobre los menores que continúan desaparecidos en España, recopilaciones de niñas y niños cuyo rastro se perdió y aún no ha sido recuperado. En uno de esos listados se la menciona de forma seca y contundente: “Anna Vicente Frankowska: desaparecida el 28 de octubre de 2019 en Valencia”. Detrás de esa línea, hay padres, familia extensa, preguntas que nunca se van a dormir.
En 2024 y 2025, la alerta volvió a crecer. Artículos y publicaciones recordaban que ya no se buscaba a un bebé de un año, sino a una niña que tendría 6–7 años, probablemente más alta, con el rostro cambiado por el tiempo… pero con la misma mirada oscura que aparece en los primeros carteles. Algunas notas insistían en algo importante: se trata de un caso vivo, no archivado, en el que se sospecha que Anna podría estar creciendo lejos de donde legalmente debería hacerlo.
Mientras la parte técnica se mueve entre oficios, comisiones rogatorias y cooperación internacional, la parte humana se sostiene sobre una rutina: volver a compartir el cartel, recordar la fecha, repetir el nombre. Cada aniversario de la desaparición, el contador se actualiza —“4 años y 10 meses”, “5 años”, “6 años…”—, pero la información dura es la misma: sin localización, sin retorno, sin reencuentro.
En los casos de sustracción parental, el tiempo juega una doble partida. Por un lado, las pruebas documentales (vuelos, registros, cambios de domicilio) pueden difuminarse; por otro, los menores crecen, cambian de aspecto, aprenden otros idiomas, pueden incluso integrar un relato falso sobre su propia historia. Es posible que hoy, mientras lees esto, Anna esté sentada en un pupitre de algún lugar del mundo con otro apellido, otra lengua y otra versión de por qué ya no ve a parte de su familia. Es una hipótesis dolorosa, pero muy frecuente en este tipo de casos.
Por eso los expertos insisten en que no se deje de compartir las imágenes iniciales: en ellas no solo se ve a un bebé, también rasgos que perduran —la forma de los ojos, la línea del pelo, ciertos gestos— y que pueden ayudar a alguien, años después, a unir las piezas: “esa niña se parece demasiado…”. Los casos de menores localizados tras una década demuestran que la memoria visual de un desconocido puede ser decisiva.
Hoy, el nombre de Anna Vicente Frankowska sigue activo en las bases de datos de desaparecidos. No hay nota oficial que anuncie hallazgo ni cierre, no hay comunicación que permita a su familia iniciar un duelo o un regreso. Solo un expediente que continúa en marcha y un diagnóstico que no debería normalizarse: una niña arrancada de su entorno bajo la sombra de un conflicto entre adultos.
Si algo enseña la historia de Anna es que la sustracción parental no es “un problema privado” ni un simple desacuerdo entre progenitores: es una forma de violencia directa sobre la infancia, que rompe la identidad, la seguridad y los vínculos de quien menos puede defenderse. Cada día sin ella en casa es un día más de desarraigo. Cada día sin noticias es un recordatorio de que el sistema aún no ha estado a la altura.
Anna Vicente Frankowska tenía 1 año cuando desapareció en Vilamarxant. Hoy tendría 7. Si vives en la Comunidad Valenciana, si conoces a familias que llegaron con una niña de su edad en los últimos años, si alguna vez te cruzaste con una historia que no terminaba de encajar, habla. Cualquier dato —una matrícula, un viaje, una anécdota aparentemente menor— puede ser la llave que devuelva a Anna a su lugar: a su nombre verdadero, a su historia real, a la parte de su familia que aún la espera.
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