Durante mediados de los años 90, la provincia de Castellón vivió una serie de hechos que marcaron para siempre su memoria colectiva. Detrás de ese terror silencioso estaba Joaquín Ferrándiz Ventura, un hombre aparentemente amable, correcto y sin antecedentes visibles, que terminó siendo señalado como autor de cinco ataques mortales contra mujeres de la zona. Hoy, décadas después, Ferrándiz volvió a la vida en libertad y reside en el País Vasco, donde su sola presencia ha generado miedo y rechazo vecinal.
La historia de Ferrándiz siempre llamó la atención por un contraste inquietante: su fachada de hombre educado y su capacidad para ganarse la confianza de cualquiera. Nacido en 1963, trabajó en una aseguradora, vivía con su madre y llevaba un estilo de vida completamente convencional. Lejos de despertar sospechas, quienes lo conocían lo describían como reservado, amable y meticuloso.
Sin embargo, bajo ese exterior había un perfil oscuro que empezó a revelarse a finales de los años 80. En 1989 protagonizó un episodio que lo llevó a prisión: provocó una colisión intencional con una joven y, aprovechando la situación, cometió un acto grave contra ella. Fue detenido, juzgado y condenado, pero en prisión su comportamiento impecable lo ayudó a salir en libertad condicional en apenas seis años.
Cuando regresó a Castellón en 1995, nadie imaginaba que su reinserción sería el inicio de una espiral mucho mayor. En julio de ese año desapareció Sonia Rubio, una joven profesora que regresaba caminando a casa. Meses después, su cuerpo fue hallado en un paraje aislado, y aunque en ese momento no se sospechó de Ferrándiz, los investigadores comenzaron a detectar un patrón que más tarde encajaría con precisión quirúrgica.
A comienzos de 1996, tres mujeres que ejercían en la zona de Vora Riu aparecieron sin vida en un intervalo de apenas una semana. Los lugares, las posiciones y las condiciones en que fueron encontradas mostraban una firma clara: quien actuaba tenía experiencia, planificación y un comportamiento repetitivo que no se correspondía con un agresor improvisado.
La población empezó a vivir con miedo. El caso tomó tanta dimensión que la Guardia Civil recurrió por primera vez en España a la elaboración de un perfil psicológico profesional. El experto Vicente Garrido describió al responsable como un hombre ordenado, con trabajo estable, inteligencia por encima de la media, ausencia de consumo de sustancias y una frialdad emocional casi total.
Ese retrato encajaba de forma inquietante con Ferrándiz. Lo que más sorprendía a los especialistas era que el hombre no actuaba desde el caos, sino desde una rutina metódica. Vigilaba a sus posibles víctimas, estudiaba puntos débiles y ejecutaba su plan sin estridencias, manteniendo en paralelo una vida cotidiana sin fisuras.
En septiembre de 1996 se sumó una quinta víctima: Amelia Sandra García, una joven que salía de una discoteca y cuyo vehículo fue manipulado para obligarla a detenerse más adelante. Este “truco” —desinflar una rueda para luego aproximarse como salvador— se repetiría una y otra vez en los análisis policiales.
Durante meses, el caso parecía un rompecabezas sin piezas suficientes. Pero en el verano de 1998, el comportamiento predecible del agresor permitió su caída. Agentes de paisano observaron a un hombre manipulando el coche de una mujer en una zona de ocio. La siguieron, la mujer tuvo un accidente leve y cuando el “auxiliador” apareció, la Guardia Civil lo interceptó: era Joaquín Ferrándiz.
La investigación posterior fue determinante. En su casa encontraron material que coincidía con el utilizado en varias escenas, y la presión de las pruebas lo llevó a reconocer su participación en los cinco hechos mortales. Su modo de actuar quedó definido: actuar de noche, en zonas descampadas, con control absoluto de la situación y sin mostrar emoción alguna.
En el año 2000, Ferrándiz fue condenado por los cinco hechos con resultado fatal, además de un intento previo de ataque contra otra mujer. La pena total ascendía a 69 años de prisión, aunque la legislación española permitía un máximo de 25 años de cumplimiento efectivo.
Ese límite se alcanzó en julio de 2023, cuando Joaquín Ferrándiz quedó en libertad. Su salida disparó las alarmas: asociaciones, criminólogos y familias de víctimas señalaron que nunca recibió tratamiento especializado, ni participado en programas dirigidos a perfiles de alto riesgo.
Durante un tiempo se desconoció su paradero. En 2025 se confirmó que vive en Andoain (Gipuzkoa), con trabajo estable en una empresa de alimentación. Pero su nueva vida no ha pasado desapercibida: vecinos han difundido carteles con su rostro y un aviso sobre su pasado, y la policía autonómica mantiene vigilancia después de que una mujer del entorno denunciara comportamientos de acoso que desembocaron en una orden de alejamiento.
Hoy, el caso de Joaquín Ferrándiz vuelve a ser noticia no por nuevos delitos, sino por el dilema que representa: un hombre con un historial de violencia extrema que, tras cumplir la totalidad de su pena, vuelve a la sociedad sin supervisión especializada y con la misma frialdad emocional que lo caracterizaba. Un relato que obliga a preguntarnos si es posible la reinserción real cuando el origen del horror está en la mente… y no en las circunstancias.
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