La noche del 26 de noviembre de 2021, en Santa Rosa, La Pampa, un nene de cinco años entró en la guardia de un hospital con el cuerpo lleno de golpes, convulsiones y marcas que contaban una historia larguísima de dolor. Se llamaba Lucio Abel Dupuy. A las 21:45 los médicos certificaron su muerte por una brutal combinación de hemorragia interna y politraumatismos, en un cuadro que luego se completaría con la peor palabra: abuso. El caso Lucio Dupuy dejó al desnudo no solo la crueldad de su madre y de la pareja de ella, sino el fracaso en cadena del sistema de salud, justicia y educación que debió protegerlo.
Antes de transformarse en expediente y consigna, Lucio era “el gordito” de la familia Dupuy: había nacido el 5 de julio de 2016 en General Pico, hijo de Magdalena Espósito Valenti y Christian Dupuy. Cuando sus padres se separaron, la precariedad económica y el trabajo del padre en otra ciudad hicieron que, a partir de 2019, el niño quedara al cuidado de sus tíos paternos, en un entorno que sus abuelos describen como estable y cariñoso. Ese arreglo fue homologado por la justicia de familia y se mantuvo hasta que la madre comenzó a reclamar la tenencia.
El quiebre llegó cuando Magdalena, ya en relación con Abigail Páez, insistió en recuperar a su hijo. Primero se le negaron la custodia y solo se le permitieron visitas, pero con el tiempo, y tras presentar un trabajo formal, consiguió revertir la situación. La familia Dupuy denuncia hasta hoy que se les quitó la tenencia sin estudios serios de idoneidad y sin considerar las advertencias sobre el entorno de la madre. En 2020, en plena pandemia, Lucio pasó a vivir con ellas en un departamento de la calle Allan Kardec, en Santa Rosa.
Desde fines de 2020, los indicios de maltrato eran tan visibles como ignorados. Los registros médicos muestran que Lucio fue atendido al menos cinco veces entre diciembre de 2020 y marzo de 2021 por fracturas, traumatismos y cortes: muñeca rota, golpes en los dedos, heridas en la barbilla. Vecinos declararon que escuchaban gritos, llantos y golpes, e hicieron llamadas al 101 denunciando posibles agresiones, pero un cruce equivocado de direcciones hizo que la policía nunca llegara al domicilio correcto. La escuela tampoco logró activar a tiempo las alarmas, aunque luego se conocieron dibujos de Lucio sin ojos ni piernas, interpretados como un pedido de ayuda disfrazado de trazo infantil.
Todo explotó la noche del 26 de noviembre de 2021. Según la reconstrucción judicial, Páez se quedó sola con el niño mientras Magdalena estaba fuera. En algún punto de la tarde-noche, Lucio fue sometido a una paliza feroz y a violencia sexual, hasta quedar inconsciente. Vecinos escucharon ruidos, golpes contra la pared y un llanto que se apagó de golpe. Cuando al fin bajaron, vieron a Lucio tirado, morado, mientras Páez intentaba reanimarlo con torpeza. Varias personas llamaron a emergencias; una policía llegó a la puerta, pero no actuó con la rapidez ni la contundencia que el cuadro exigía.
La autopsia fue un catálogo del horror. Los forenses describieron hemorragia interna, fracturas de cráneo, costillas rotas y múltiples lesiones recientes y antiguas. El cuerpo tenía mordeduras, quemaduras de cigarrillo, marcas de golpes con objetos contundentes e incluso la impronta de la suela de una zapatilla que coincidía con el calzado de una de las agresoras. Se acreditó también abuso sexual reiterado. Era evidente que lo ocurrido aquella noche no era un episodio aislado, sino el último capítulo de un calvario sostenido durante meses.
Desde el primer momento, la policía detuvo a Magdalena Espósito Valenti y a Abigail Páez, que intentaron sostener versiones contradictorias: que Lucio se había caído, que fue un robo, que otros familiares lo maltrataban. La evidencia forense, las cámaras y los chats internos las dejaron al descubierto. El crimen de Lucio Dupuy sacudió a La Pampa y al país entero; en pocas horas hubo marchas con carteles de “Justicia por Lucio” y acusaciones directas no solo a las dos mujeres, sino al Estado que no reaccionó ante las señales previas.
El juicio por el caso Lucio Dupuy se desarrolló en Santa Rosa entre el 10 y el 29 de noviembre de 2022, con 18–19 audiencias y más de 100 testigos: médicos, docentes, vecinos, policías, peritos y familiares. No fue público, pero sí se difundieron ejes clave: se mostraron los dibujos de Lucio analizados por una psicopedagoga, se escucharon audios y mensajes de las imputadas donde se referían al niño con desprecio, se detalló el historial de lesiones y se desgranó una dinámica de maltrato crónico, humillación y odio.
El 2 de febrero de 2023, el Tribunal de Audiencia de La Pampa declaró a Magdalena Espósito Valenti culpable de homicidio triplemente calificado (por el vínculo, alevosía y ensañamiento), y a Abigail Páez culpable de homicidio doblemente calificado (alevosía y ensañamiento) y abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por la guarda y la convivencia. El 13 de febrero de 2023 ambas fueron condenadas a prisión perpetua. El tribunal no incorporó el agravante de “odio de género” que pedía la querella, algo que el abuelo, Ramón Dupuy, calificó como “condena incompleta”.
Pero la pelea judicial no terminó ahí. En agosto de 2023, la fiscalía y la querella apelaron el fallo para que también la madre fuera condenada por abuso sexual y para que se sumara el agravante de odio de género para ambas. En febrero de 2024, el Tribunal de Impugnación de La Pampa confirmó la perpetua y agravó la situación de Magdalena: revocó su absolución y la declaró también culpable de abuso sexual con acceso carnal contra su hijo, equiparándola en responsabilidad a Páez en ese punto. El reclamo por el “odio de género” sigue siendo, sobre todo, un debate político y académico más que jurídico.
Mientras tanto, la vida carcelaria de las condenadas también dio que hablar. Ambas estuvieron alojadas en la Unidad IV de San Luis, donde compartían pabellón. En 2024, Espósito Valenti pidió formalmente no seguir conviviendo con Páez. El 15 de mayo de 2024 fue trasladada a una cárcel federal en Mendoza, mientras que Abigail continúa en San Luis; el Ministerio de Seguridad decidió separarlas de penal y de provincia para evitar conflictos y por razones de seguridad interna.
A la par del proceso penal nació algo que hoy todos conocen como Ley Lucio. La Ley 27.709, aprobada por unanimidad en el Congreso en abril de 2023 y reglamentada en julio de 2023, creó el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Obliga a capacitar a todo el personal del Estado que trabaja con infancia (docentes, médicos, policías, operadores judiciales), refuerza el deber de denunciar cualquier sospecha de maltrato, promueve protocolos unificados de actuación y un registro nacional de violencia contra las infancias. Es, en los hechos, la respuesta institucional a la pregunta que atraviesa este caso: cómo evitar que otro chico recorra hospitales, escuelas y comisarías sin que nadie lo proteja a tiempo.
Hoy, el caso Lucio Dupuy es mucho más que la historia de un niño asesinado por quienes debían cuidarlo. Es el espejo incómodo de un sistema que falló en todos los niveles: una justicia de familia que le devolvió la custodia a su madre sin controles serios, una red de salud que atendió cinco veces sus lesiones sin activar alarmas, una escuela que leyó sus dibujos demasiado tarde, una policía que llegó a la puerta de su casa la noche clave y no vio lo que tenía delante. Lucio tenía cinco años, dibujaba personas sin ojos para no ver lo que vivía, y terminó convertido en nombre de ley. El mínimo homenaje posible es que cada vez que leamos o escuchemos “Ley Lucio” no olvidemos que detrás de esas dos palabras hubo un niño real, con una vida que merecía mucho más que convertirse en símbolo de todo lo que no se hizo a tiempo.
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