La primera respuesta institucional fue errática y lenta. La “averiguación de paradero” convivió con hipótesis que iban de la fuga adolescente a la trata, mientras docentes y vecinos empujaban la pesquisa y la visibilización pública del caso. Con el correr de los días, la ausencia de Johana iluminó otra ausencia anterior, la de Soledad Olivera (29), desaparecida en noviembre de 2011 en el mismo distrito. Dos mujeres, un mismo territorio y un mismo nombre que empezaba a repetirse en ambas causas.
Ese nombre era Mariano Luque, jornalero rural del lugar y pareja de Beatriz Chacón, hermana de Johana. La relación familiar—que en el pueblo llamaban “el cuñado”—lo situaba a metros del núcleo íntimo de la niña. En 2013, y por la causa Soledad Olivera, Luque llegó a ser detenido; en 2015 quedó imputado por el homicidio de Johana tras un vuelco clave: el testimonio de Beatriz, que rompió el silencio y lo acusó de haberla estrangulado y hecho desaparecer su cuerpo en la finca.
La investigación sumó hallazgos inquietantes. En la propiedad donde vivía la familia, peritos de la UNCUYO declararon haber identificado restos óseos humanos: un metatarso compatible con una persona de 11 a 18 años. No alcanzó para una identificación plena, pero añadió gravedad a la hipótesis de un homicidio sin cuerpo. En paralelo, testigos contaron en juicio que Luque habría admitido el crimen en conversaciones carcelarias.
Mientras la causa Johana avanzaba, la de Soledad viraba. Tras idas y venidas judiciales, en 2017 un tribunal condenó a Luque a 12 años de prisión por el homicidio de Soledad Olivera, pese a que su cuerpo tampoco apareció. Esa sentencia consolidó un patrón: dos mujeres desaparecidas, mismo entorno, misma persona condenada.
El juicio por Johana llegó en 2018. Durante semanas, la sala escuchó a docentes, peritos y familiares reconstruir el mapa íntimo de la niña. El fiscal Alejandro Iturbide pidió prisión perpetua; el tribunal, por unanimidad, condenó a Mariano Luque por homicidio simple, a 24 años de prisión. La pena se unificó con la de Soledad y fijó un total de 32 años de cárcel. El cuerpo de Johana nunca fue hallado.
En noviembre de 2019, la Suprema Corte de Mendoza ratificó la condena y dejó el fallo firme. Para entonces, Tres de Mayo ya había convertido la ausencia en acto colectivo: radios abiertas, obras y marchas cada septiembre para impedir que el expediente se enfríe. La justicia dio su veredicto; la comunidad, su propio ritual de memoria.
Detrás de la sentencia hay una pregunta que sigue ardiendo: ¿cómo se desaparece a una niña a la vista de todos? Los expedientes hablan de violencia doméstica, de asimetrías de poder y de una maquinaria estatal que, al principio, no llegó a tiempo. La causa se volvió bisagra en Mendoza: encendió alarmas sobre la respuesta frente a desapariciones de mujeres y niñas de barrios populares, donde la urgencia suele ser tardía.
La historia judicial de Johana se sostiene sobre indicios sólidos: la relación del condenado con la familia, los testimonios que lo incriminan, los restos humanos hallados en la finca y la condena previa por el caso Soledad. No hubo escena del crimen clásica ni confesión formal, pero sí una cadena de hechos que, mirada en conjunto, superó la duda razonable. El Derecho resolvió donde la biología no pudo cerrar.
Hoy, trece años después de aquel trayecto mínimo entre la escuela y la casa, el nombre de Johana Chacón es un límite moral. No hay tumba para llevar flores, pero hay una frase que resume el dolor y la deuda: a Johana la desaparecieron dos veces—cuando la mataron y cuando el sistema tardó en buscarla—. Lo que Tres de Mayo aprendió a golpes se convirtió en mandato: ninguna niña puede volver a desaparecer a la vista de todos.
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