La alerta pública se activó entre 2024 y 2025 con una ola de reportajes que fijaron los datos esenciales: salida desde Madrid-Barajas el 25/07/2022, niña española llevada a El Cairo y no retornada; el padre biológico no la reconoció legalmente en el registro español, extremo que complica la tutela internacional. La madre sostiene que la menor está retenida por el progenitor y la familia paterna.
En España, SOS Desaparecidos y medios nacionales difundieron la ficha y pidieron que el caso se tratara como sustracción internacional. La organización subrayó que no hay consentimiento para la permanencia en Egipto y que la madre sufre amenazas cada vez que denuncia. La campaña se amplificó en TV y prensa digital.
Distintas crónicas añadieron un dato estremecedor: la familia paterna habría comprometido a la niña en un matrimonio infantil con un niño de 9 años, con la idea de formalizar el enlace más adelante. La madre lo denuncia como un intento de arraigo forzado y control en Egipto. Este extremo ha sido recogido por varios medios españoles en julio de 2025.
El contexto previo en España tampoco es menor: piezas periodísticas señalan que el padre arrastraba denuncias por malos tratos, orden de alejamiento y pulsera telemática en 2021, antecedentes que, según la madre, deberían haber activado mayor protección institucional y alerta en fronteras cuando se solicitó el viaje “temporal”.
A nivel jurídico, nos movemos fuera del paraguas de La Haya: Egipto no es parte del Convenio de 1980 sobre sustracción internacional de menores, lo que limita las vías de restitución inmediata y relega el caso a canales diplomáticos, cooperación judicial ad hoc y a la jurisdicción egipcia. La consecuencia práctica: procesos más lentos, costosos y con resultado incierto. (Esta es la base que explican las coberturas al referirse a la “negligencia” o a la impotencia institucional).
En 2025, varias investigaciones periodísticas perfilaron a Khaley (nacionalidad española, rasgos físicos y edad) y documentaron la ruta de presión pública: entrevistas de Alba Marina, petición en Change.org, y campañas en redes para forzar acción diplomática. La madre reitera que no ha podido verla ni mantener contacto regular desde 2022.
Las preguntas clave hoy son tres: (1) ¿qué autoridad reconoce la custodia y sobre qué base legal? (2) ¿qué margen de cooperación hay entre España y Egipto para ejecutar una restitución o, al menos, garantizar visitas y control? (3) ¿qué medidas de protección puede ofrecer España a la madre y a la menor ante riesgos graves (matrimonio infantil, violencia)? Los reportajes reseñan gestiones abiertas pero sin resolución a la fecha.
El caso también es un espejo sobre protocolos de salida en aeropuertos: cómo se autoriza un viaje de un menor, qué alertas se cruzan cuando existen medidas de protección por violencia de género, y qué seguimiento se realiza cuando el retorno no se produce. En 2025, la cobertura mediática ha convertido a Khaley en símbolo de la laguna entre la ley española y la realidad fuera de convenios internacionales.
A día de hoy (noviembre de 2025), no hay anuncio oficial de repatriación ni de solución definitiva. La madre insiste en que su hija está retenida en Egipto y pide intervención del Gobierno español y de la UE. La llamada es nítida: “Traed a Khaley a casa” —una demanda que resume una batalla legal, diplomática y humana que ya supera los tres años.
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