Antonio Ruiz López, agricultor de 57 años de Huétor Tájar (Granada), desapareció sin dejar rastro en algún punto entre 2016 y 2018. La fecha oficial de su desaparición es el 16 de julio de 2018, el día que su hermano denunció su ausencia ante la Guardia Civil, pero los últimos movimientos verificables de Antonio se remontan a julio de 2016. Entre esos dos años de vacío, una nueva pareja, una casa cueva en Baza y una pensión que siguió cobrándose alimentan uno de los enigmas más turbios de la crónica de desaparecidos en España.
Antonio era un hombre sencillo, muy querido en Huétor Tájar, acostumbrado al campo y a una vida humilde pero estable. Tenía problemas de salud cada vez más serios: fuertes dolores estomacales, pérdida de peso y lesiones en la piel. La documentación médica recoge que acudió al centro de salud al menos catorce veces por esos problemas, la última el 1 de julio de 2016. Desde entonces, su cuerpo pareció pedir ayuda… mientras su vida se deshilachaba lejos de su familia.
Todo cambió cuando conoció a una mujer, a la que los medios identifican como Josefa, a través de contactos personales. Antonio dejó Huétor Tájar y se fue a vivir con ella a las afueras de Baza, en una casa rural tipo “casa cueva”. Según la familia, ese traslado lo fue aislando poco a poco: menos visitas, menos llamadas, menos control de su estado de salud. “Se lo llevó a su terreno”, relataría años después un familiar, resumiendo la sensación de que Antonio había sido sacado de su entorno y desconectado de los suyos.
Las señales de alarma se acumularon. Los informes sanitarios hablan de “graves problemas de salud”, con ronchas por todo el cuerpo y un deterioro notable. Según recoge el programa Equipo de Investigación y medios posteriores, los médicos recomendaron pruebas más completas, incluso ingreso, pero la pareja de Antonio habría relativizado la situación o demorado decisiones clave. El 1 de julio de 2016 es la última fecha documentada en la que se sabe con certeza que Antonio estuvo vivo: fue al médico… y a partir de ahí, el vacío.
Durante meses, y después durante años, la familia intentó verlo. Cuando llamaban a la Guardia Civil, los agentes llegaban a trasladarles un mensaje: que Antonio “no quería saber nada de ellos”, siempre según la versión que su pareja transmitía a los propios familiares y que recogió la prensa. La distancia física entre Huétor Tájar y la zona rural de Baza, sumada a esa barrera de mensajes intermediados, fue levantando un muro. Un muro tras el cual Antonio dejó, simplemente, de aparecer.
El 16 de julio de 2018, tras mucho tiempo sin verlo ni hablar con él, su hermano Juan Jesús decidió denunciar formalmente la desaparición. Esa es la fecha que figura en la ficha oficial: Antonio Ruiz López, desaparecido en Granada, 57 años, vecino de Huétor Tájar, viviendo en Baza con su pareja. Pero ni siquiera las autoridades pueden fijar hoy el momento exacto en el que dejó de estar. Cuando la Guardia Civil empezó a tirar del hilo, se encontró con un escenario lleno de lagunas, contradicciones… y una persona que, para la familia, sabe más de lo que cuenta: la mujer que convivía con él.
Con el paso del tiempo, apareció un dato clave: la expareja de Antonio siguió cobrando su pensión después de perderse su rastro. Según una investigación de El Cierre Digital, llegó a percibir esas cantidades, lo que dio lugar a diligencias por un posible fraude de prestaciones y apropiación indebida. La investigación por la vía económica se centró en aclarar quién firmaba, quién retiraba ese dinero y con qué autorización, aunque el procedimiento fue archivado de forma provisional por falta de pruebas concluyentes. A día de hoy no consta una condena firme contra ella relacionada con la desaparición.
En paralelo, el caso saltó a la televisión. En 2024, Equipo de Investigación emitió un especial sobre “la desaparición inquietante de Antonio”, donde se profundizaba en los informes policiales y en el papel de la pareja. Allí se desveló un episodio que no figura en el sumario: el plan de dos mujeres del entorno de Antonio para hacer confesar a su pareja haciéndose pasar por la hermana del desaparecido y presionándola por teléfono. Aquellas conversaciones, obtenidas mediante engaño, no son válidas como prueba judicial, pero alimentaron aún más la sospecha pública.
La propia hija de Antonio, en ese mismo programa, relató episodios que la marcaron: habló de joyas de la abuela que habrían desaparecido, de intentos de controlar las visitas, de tensiones familiares alrededor de la nueva pareja de su padre. Nada de eso prueba por sí mismo un delito, pero dibuja —al menos desde el punto de vista de la familia— un contexto de aislamiento, control y aprovechamiento económico de un hombre enfermo y vulnerable.
A pesar de los años transcurridos, no se han hallado restos, ni escenarios compatibles con un crimen, ni pruebas científicas que señalen un lugar concreto donde buscar. Antonio Ruiz López sigue registrado como desaparecido. No hay constancia pública de actividad en sus cuentas, ni comunicaciones verificadas, ni testigos que puedan asegurar haberlo visto después de 2016. La investigación policial continúa formalmente abierta, pero no hay imputaciones por homicidio ni procedimientos penales avanzados por su posible muerte.
El caso se inscribe, además, en un mapa inquietante: la provincia de Granada figura entre las que acumulan más desapariciones activas en España, con decenas de expedientes aún sin resolver. En ese listado, el nombre de Antonio aparece con frecuencia como ejemplo de “desaparición en la sombra”: sin escena, sin fecha exacta y con un círculo íntimo que, a ojos de la familia, guarda demasiados silencios.
Su hermano Juan Jesús y otros familiares no han dejado de hablar. Han concedido entrevistas, se han sentado ante las cámaras, han explicado una y otra vez quién era Antonio antes de desaparecer: un hombre trabajador, enfermo, que quería ver a los suyos. Reivindican que el caso no se archive, que se reabran líneas como posibles búsquedas en fincas, pozos o entornos donde vivió con su pareja, y que se siga investigando el rastro del dinero y de la pensión. “Solo queremos saber qué pasó“, repiten.
Hoy, casi una década después de su último rastro médico, Antonio Ruiz López sigue siendo una ausencia que pesa tanto como un cuerpo. No tiene tumba, no tiene certificado de defunción, no tiene un “aquí terminó su historia”. Lo único que existe es un expediente de desaparecido, una familia que no acepta el olvido, y una serie de datos económicos y testimonios que dibujan la silueta de algo que pudo ser mucho más que una simple marcha voluntaria.
El caso de Antonio es una pesadilla con nombre y apellidos: un hombre enfermo que se aleja de su pueblo, una casa cueva donde las visitas se vuelven incómodas, una pensión que sigue cobrándose sin que nadie lo vea, y unas preguntas que se clavan como eco en las paredes: ¿dónde está Antonio?, ¿qué pasó realmente en Baza?, ¿quién se beneficia de su silencio? Hasta que esas preguntas tengan respuesta, su desaparición seguirá siendo una herida abierta en Granada… y un recordatorio de lo fácil que es borrar a alguien cuando el sistema mira hacia otro lado.
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