Aquella noche también llegaron cuatro jóvenes españoles, acompañados por un agente fuera de servicio. Venían de beber, de reír, de una fanfarronería nocturna que a veces confunde valentía con desprecio. No hubo diálogo ni aviso. Solo pasos, sombras, y un gesto que en segundos convirtió un refugio precario en una trampa.
Los disparos rasgaron la oscuridad. Dentro del edificio, el pánico: cuerpos al suelo, gritos ahogados, carreras sin rumbo. En ese instante, el eco de la ciudad pareció detenerse. Cuando el humo y el miedo se asentaron, Lucrecia yacía sin vida; otro joven, de origen marroquí, quedó herido. Afuera, los atacantes huyeron dejando un silencio que dolía.
La investigación se movió con una contundencia poco habitual para la época. Pronto hubo detenciones. El autor de los disparos era un guardia civil; lo acompañaban tres menores. La escena no admitía eufemismos: no fue un simple altercado nocturno, ni una pelea. Fue un ataque dirigido contra quienes vivían en los márgenes, señalados por su origen y su pobreza.
El juicio, dos años después, puso nombre jurídico a lo que la calle ya sabía: fue un crimen guiado por el odio. El guardia civil, Luis Merino Pérez, recibió 54 años de prisión; los menores fueron internados conforme a su responsabilidad penal. España escuchó, quizá por primera vez en una sentencia, que el racismo también mata y que no basta con mirar a otro lado.
Mientras los periódicos titulaban con asombro, en Santo Domingo una familia intentaba comprender cómo un viaje para buscar oportunidades terminaba en una despedida sin retorno. La hija de Lucrecia creció con el hueco de una voz y la certeza de que el color de la piel y el lugar de nacimiento habían pesado más que cualquier biografía.
Con el tiempo, su nombre salió de la crónica roja para habitar la memoria pública: placas, actos, calles y vigilias. Cada 13 de noviembre, el barrio de Aravaca recuerda que, antes de la palabra “integración”, hay una condición irrenunciable: el derecho a existir sin miedo. Y que no hay progreso si la dignidad se queda fuera.
El caso también marcó a las instituciones. Aquella resolución judicial empujó debates sobre delitos motivados por odio, formación en cuerpos de seguridad y políticas municipales ante la exclusión. No resolvió todo —ningún fallo lo hace—, pero dejó una línea trazada: nombrar la violencia por lo que es es el primer paso para frenarla.
En la historia de Lucrecia no hay giros de guion ni misterio policial. Hay una mujer que buscaba trabajo, un grupo que eligió a quién señalar, y un país que, al mirarse al espejo, entendió que la convivencia no es solo convivencia cuando conviene. La memoria duele, pero también enseña.
“¿Cuánto tarda una sociedad en aprender que ninguna vida es descartable?”, se pregunta cada aniversario la gente que la recuerda. “¿Y cuántas veces hay que repetirlo para que el odio no encuentre nunca más una puerta entreabierta en la noche?”.
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