Lucía había denunciado amenazas y maltrato psicológico de su expareja, Manuel Alonso Herrero, y había advertido que temía por su vida. Su posición dentro y alrededor de la finca —donde confluyeron intereses de narcotráfico, tráfico de fauna y corrupción— la convertía en una testigo molesta. A partir de su muerte, la instrucción se topó con inercias y silencios que tardaron años en romperse.
El caso llegó por primera vez a juicio en 2019, con cuatro acusados: la expareja, dos guardias civiles y un supuesto sicario. Todos fueron absueltos por un jurado popular, y el procedimiento quedó señalado por declaraciones contradictorias y un manejo cuestionado de algunos indicios. La absolución no duraría para siempre.
En noviembre de 2023, la Audiencia Provincial de Málaga dictó una nueva sentencia: 24 años de prisión para Manuel Alonso como cooperador necesario, y 22 años para Ángel Vaello como autor material del asesinato. El tribunal fijó el móvil: Lucía “había pasado de ser víctima a ser amenaza” para los negocios del excompañero sentimental.
La resolución detalló hechos que la investigación ya apuntaba: planificación, alevosía y extrema crueldad, a cambio de compensación económica. A la vez, reconoció dilaciones indebidas por el largo itinerario procesal. El condenado como autor material recurrió pocos días después, intentando revertir el fallo.
El entramado judicial no terminó ahí: dos guardias civiles se sentaron en el banquillo, acusados de falso testimonio por su declaración sobre un reanálisis de ADN en el juicio de 2019. El proceso se suspendió inicialmente por cuestiones previas, muestra de hasta qué punto la causa había quedado atravesada por contradicciones y opacidades.
En julio de 2024, el TSJA confirmó íntegramente las penas: 24 años para Alonso y 22 para Vaello, desestimando los recursos. Quince años después del crimen, la verdad judicial quedó fijada: asesinato en el contexto de un conflicto donde la víctima estorbaba a intereses ilícitos alrededor de la finca.
El caso trascendió lo penal y se convirtió en símbolo cívico: asociaciones profesionales y medios lo señalaron como ejemplo de perseverancia frente a la corrupción y los fallos iniciales de la investigación. Documentales como “Lucía en la telaraña” ayudaron a ordenar la cronología y a mantener el foco público en la necesidad de llegar hasta el final.
La historia de Lucía también deja una lección de género: sus denuncias previas y el control que sufría no fueron un detalle colateral; eran alertas de riesgo. La sentencia de 2023 recogió que su muerte se produce cuando deja de ser sometida y se convierte en amenaza para quien la hostigó, un patrón conocido en la violencia contra las mujeres.
Queda el eco humano: Rosa Garrido, hermana de Lucía (ya fallecida), empujó durante años el caso para que no se apagara. Hoy, con la condena firme, la finca ya no es solo un escenario: es el lugar donde una mujer fue asesinada y donde la persistencia consiguió que la justicia llegara, aunque tarde. Que su nombre quede en alto: Lucía Garrido, 48 años, Alhaurín de la Torre.
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