Durante diez días, la confirmación oficial dependió de la ciencia. El 10 de junio, los perfiles de ADN verificaron que los restos correspondían a Marisol y José Ramón, una pareja de Moraña desaparecida días antes. La policía mantuvo abierta la causa a la espera de dictámenes forenses ampliados sobre la dinámica del fuego y el momento de las muertes.
El trasfondo era grave y conocido. Marisol estaba en VioGén con “riesgo alto”; constaba orden de alejamiento contra José Ramón, que acumulaba condenas previas por maltrato. Pese a ese marco, ambos fueron vistos juntos días antes del hallazgo, y él llegó a pasar por calabozo poco antes de quedar en libertad. La Delegación del Gobierno en Pontevedra y medios regionales documentaron esas circunstancias con fechas de junio.
A los antecedentes penales se sumaba el perfil amenazante. Fuentes periodísticas detallaron que José Ramón había dicho: “Si entro en prisión, te mato”. En 2019 ya había sido sentenciado por maltrato continuado (21 y 10 meses), y seguían pendientes ingresos o causas vinculadas a episodios más recientes con Marisol. Esa trayectoria apuntala la línea principal de trabajo: un crimen machista asociado a incumplimientos y fisuras de protección.
La escena de Caneda ofrecía pocos testigos pero muchas señales. Ella estaba dentro del coche y él, fuera, lo que algunos reportes interpretaron como intento de huida ante el avance del fuego. La pista —estrecha y sin salida— refuerza la tesis de una elección premeditada del lugar. Los equipos de Policía Judicial y Criminalística trabajaron sobre restos acelerantes, patrones térmicos y posibles puntos de ignición.
La indignación social creció a medida que se conocían datos. El 11–12 de junio, el Concello de Moraña decretó tres días de luto oficial “por ambos”, lo que encendió protestas: colectivos feministas y parte de la oposición denunciaron la equiparación entre víctima y presunto agresor. La polémica ocupó portadas y obligó a explicaciones públicas.
Medios como La Voz de Galicia, elDiario.es y El Confidencial subrayaron los fallos del dique institucional: riesgo alto en VioGén, alejamiento en vigor y condenas previas que no habían supuesto prisión efectiva. El debate se trasladó a juzgados y delegaciones: ¿qué valoración de riesgo y medidas cautelares se activaron realmente y con qué seguimiento?
Para las autoridades estatales y autonómicas, el caso de Campo Lameiro se convirtió en símbolo: mientras Igualdad y la Delegación del Gobierno apuntaban a violencia machista, el TSXG defendía VioGén como herramienta “mejorable” y pedía reforzar medios y coordinación. La estadística oficial situó a Marisol entre las víctimas mortales de 2025 en Galicia si se confirmaba la calificación.
El reportaje local trazó también la dimensión humana: viuda y madre de varios hijos, Marisol había intentado romper el ciclo. La pregunta que dejó en la comarca —“¿Cómo pudieron estar juntos si había orden de alejamiento?”— no busca morbo, sino responsabilidades y mejoras urgentes: control telemático, ejecución efectiva de penas, atención psicológica y respuesta rápida ante señales de escalada.
A fecha de cierre de esta crónica, la Guardia Civil mantiene abiertas las hipótesis mientras culminan peritajes y pruebas complementarias. Pero la verdad esencial ya arde en el relato: Marisol Costa Pereira pidió protección y el sistema no llegó a tiempo. Su nombre quedó unido a un coche que ardió en el monte y a una comunidad que, entre la rabia y el duelo, reclama lo obvio: que el próximo aviso no encuentre el dique roto.
0 Comentarios