La línea temporal se fijó con precisión: 05:25 h, varias llamadas alertan del fuego y los primeros en llegar son efectivos de Policía Local; los bomberos controlan las llamas y, ya dentro, localizan a Lina sin vida. La Policía Nacional asume la investigación. Desde el primer parte, los indicios apuntan a agresión previa y un incendio posterior para encubrir el crimen.
En el domicilio vivían Lina y sus tres hijos menores (7, 9 y 11 años); un cuarto hijo, mayor de edad, no estaba allí. La escena quedó atravesada por un dato insoportable: los menores presenciaron parte del ataque y la huida al exterior se produjo en medio del fuego y el caos. Medios locales y nacionales recogieron además lesiones en los niños de un episodio previo, extremo que investiga la policía.
El detenido (42 años) fue arrestado en el lugar tras la llegada de los servicios de emergencia. Varias crónicas coinciden en que él mismo llamó para advertir del incendio, en calle Álamos, sin revelar de inicio su vinculación con el inmueble. Desde ese momento quedó bajo custodia, a la espera de pasar a disposición judicial.
La pregunta que recorrió Málaga llegó pronto a Madrid: ¿había protección previa? La Delegación del Gobierno informó que se había seguido el protocolo, pero hubo versiones encontradas sobre la denuncia formal y la orden de alejamiento: algunas fuentes oficiales sostuvieron que no constaba denuncia previa, mientras que otros medios documentaron que Lina denunció en enero, que el caso llegó a VioGén y que un juzgado denegó medidas cautelares pocos días antes del crimen. La contradicción quedó registrada en las hemerotecas.
El 10 de febrero, el Ministerio de Igualdad reconoció el asesinato de Benalmádena como violencia de género: era la segunda víctima de 2025 en España y la primera en la provincia de Málaga. Ese mismo día, concentraciones de repulsa se multiplicaron en plazas andaluzas y el TSJA pidió “respeto” a la actuación judicial en causas de violencia contra la mujer, al hilo del debate por la protección denegada.
El ingreso en prisión provisional del detenido llegó tras su paso a disposición judicial. De fondo, la causa se instruye como asesinato/violencia de género con el incendio valorado como maniobra de ocultación. La calificación final, incluidas agravantes y la eventual tentativa de homicidio respecto a los menores, dependerá del resultado de autopsia, atestados técnicos y testimonios.
La biografía de Lina (Catalina) Guillén Balbuena tomó nombre y apellidos en los periódicos: 48 años, madre de cuatro hijos (tres menores), muy conocida en Benalmádena. La prensa reconstruyó meses de ruptura, amenazas y miedos; vecinos hablaron de una mujer volcada en “sus tres soles”. La categoría estadística —una más— no alcanza para explicar el vacío que dejó en su casa.
El caso se convirtió, además, en símbolo de sistema: cuando hay denuncias o avisos previos, la valoración de riesgo y las medidas cautelares (alejamiento, pulsera, protección policial) son el dique. Aquí, las alertas existieron —sea por denuncia o por aviso familiar— y el dique falló. De ahí la insistencia institucional y social en revisar protocolos, afinar valoraciones y mejorar la coordinación entre juzgados, policías y servicios sociales.
Hoy, el expediente penal sigue su curso; la memoria comunitaria ya ha dictado sentencia: ni una más. Benalmádena recuerda aquella hora exacta —05:25—, la dirección que nadie quiere volver a leer y los tres niños que salieron al frío con su vida recién partida. Lina no es un titular: es la advertencia de lo que ocurre cuando la protección llega tarde.
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