Alejo Aznar no era un desconocido para quienes pasaban a diario por Romo, en Getxo: era ese hombre que dormía donde podía, a resguardo de la lluvia y de la mirada ajena, en los soportales de la parroquia de San José. Tenía 33 años y cargaba con una vida frágil, atravesada por la adicción y la exclusión, de esas biografías que la ciudad aprende a esquivar con la misma facilidad con la que aprende un camino nuevo.
Lo fácil, para quienes nunca han pisado la intemperie, es resumirlo todo con una etiqueta: “indigente”, “toxicómano”, “sin techo”. Lo difícil —lo humano— es entender que esas palabras no son un destino, sino el resultado de caídas, enfermedades, soledades, y una red social que a veces llega tarde o no llega. Alejo era, ante todo, una persona; y cuando alguien es reducido a “nadie”, el mundo se vuelve terreno fértil para la crueldad.
La noche del 24 de abril de 1999, mientras Alejo descansaba en ese refugio improvisado, un grupo de adolescentes se cruzó con él. La primera versión que recogieron los medios hablaba de una cuadrilla de jóvenes que lo golpeó con una barra de hierro y patadas, visto desde un balcón por un testigo; al principio ni siquiera había detenciones, solo la certeza de que aquello no había sido un accidente.
En este tipo de historias hay un detalle que pesa más que cualquier reconstrucción: la escena ocurre en un lugar cotidiano, a pocos metros de bares, de viviendas, de vida “normal”. No era un descampado imposible; era un punto de paso, una esquina de barrio. Y aun así, Alejo estaba solo. Esa soledad —la de dormir en la calle y ser visto como un estorbo— fue parte del contexto que hizo posible lo irreversible.
Los informes médicos y la autopsia fueron clave porque el caso se convirtió, desde muy pronto, en una discusión que dolía: si su estado de salud había “influido” en el desenlace, como si eso pudiera restarle gravedad al hecho de haber sido atacado. En la instrucción se habló de un deterioro físico importante y de enfermedades graves, y a la vez de lesiones internas compatibles con los golpes recibidos. Para su familia, esa discusión no era técnica: era escuchar cómo la vida de Alejo parecía valer menos por haber estado enfermo.
La investigación avanzó y se supo que quienes participaron eran menores. Una reconstrucción posterior difundida en 2025 señalaba que, tras beber en la calle, el grupo empezó a hostigarlo y que la Ertzaintza detuvo a ocho implicados en pocos días, jóvenes sin antecedentes que, según se contó, llegaron a comentar lo ocurrido en el instituto como si fuese una “hazaña”. No hay frase más aterradora que la que trata el daño como entretenimiento.
Con el paso del tiempo, el caso dio un giro judicial que indignó a muchas personas: la Fiscalía, que al inicio contempló una calificación más grave, acabó rebajando el enfoque. En 2000, EL PAÍS recogía que el Ministerio Fiscal llegó a considerar la muerte como una “falta de lesiones” con resultado de muerte y concentró la imputación en un único menor, mientras la acusación sostenía que sin la agresión Alejo no habría perdido la vida. Era, de fondo, una pelea por el relato: si la violencia era el centro… o si el sistema iba a esconderla detrás de tecnicismos.
Cuando el procedimiento llegó a su desenlace, quedó marcado por el contexto legal de la justicia de menores. El juicio se celebró ya bajo el clima de una legislación orientada a la reeducación y no al castigo clásico, algo que, en términos sociales, abrió una herida: ¿cómo se repara una vida perdida con sanciones percibidas como mínimas? En esa tensión, la familia de Alejo cargó no solo con el duelo, sino con el ruido público de un país discutiendo “penas” mientras ellos discutían cómo seguir viviendo.
La sentencia que quedó como símbolo fue la que más se repetiría durante años: el menor identificado en prensa como A. G., de 16 años en el momento de los hechos, fue condenado por un juzgado de menores a 80 horas de trabajos comunitarios, al estimarse que no tuvo intención de causarle la muerte. Los detalles de la resolución y de la autopsia —incluida la referencia a una lesión interna en el bazo— quedaron reflejados en la crónica judicial, y la sensación de desproporción se instaló en la memoria colectiva como una segunda injusticia.
Años después, el nombre de Alejo empezó a mencionarse en otro marco: el de los delitos motivados por el desprecio hacia quienes viven en pobreza extrema. El proyecto crimenesdeodio.info lo catalogó como un caso vinculado a la aporofobia (rechazo al pobre) y dejó fijado lo esencial: un hombre sin hogar, apreciado por vecinos, que perdió la vida tras ser golpeado por un menor con una barra de hierro, y una condena de 80 horas comunitarias.
El debate se hizo todavía más claro en análisis periodísticos sobre crímenes de odio: no siempre el odio se presenta con consignas, símbolos o bandas organizadas; a veces se expresa como “diversión” contra quien parece indefenso, como una violencia que el agresor cree que no tendrá coste porque la víctima no “cuenta”. En 2016, un reportaje de NAIZ/GARA subrayaba precisamente esto: la condena se dictó sin aplicar agravantes por odio, aunque el caso fuera incluido como aporofobia en archivos especializados.
Y ahí aparece un problema legal que explica parte del vacío: la agravante por motivos discriminatorios existe en el Código Penal (art. 22.4), pero distintos trabajos académicos han señalado que la aporofobia no ha encajado con facilidad en esa categoría, lo que deja a muchas víctimas de calle fuera del reconocimiento penal del “odio” como motor del delito. Dicho de otro modo: no es solo qué pasó, sino cómo el sistema lo nombra… o no lo nombra.
Mientras tanto, Alejo seguía siendo Alejo: un nombre que su madre pronunció en sede judicial, un cuerpo que la parroquia y el barrio vieron caer, una historia que incomoda porque obliga a mirar la parte de la sociedad que preferimos tapar. El caso se convirtió en espejo: de la violencia juvenil en grupo, del alcohol como gasolina de la crueldad, y de la facilidad con la que la deshumanización se cuela en una broma, en un empujón, en una piedra, hasta que ya es tarde.
También deja una enseñanza dura sobre el “efecto manada”: cuando un grupo se siente impune, la responsabilidad se diluye y el daño escala más rápido. Por eso es tan importante cortar a tiempo la primera señal: el hostigamiento a alguien vulnerable, la burla repetida, el “vamos a…” dicho como si fuera un juego. En 2025, al revisarse el caso, se insistía en esa idea: la violencia juvenil no nace en el vacío; se aprende, se imita y se normaliza si nadie la frena.
Si hoy recuerdas a Alejo, que no sea solo por el golpe que lo silenció, sino por lo que su historia revela: cuando una persona sin hogar se vuelve “invisible”, la ciudad entera se vuelve más peligrosa. El cuidado real empieza en lo concreto: no tolerar la humillación como entretenimiento, avisar si ves una agresión, intervenir buscando ayuda y testigos, y exigir que la vida de quien duerme en la calle valga lo mismo que cualquier otra vida.
Si estás en España y presencias una agresión o hay peligro inmediato, llama al 112 (o a 091/062 según corresponda). Si eres testigo de un ataque a una persona vulnerable, denunciar puede ser la diferencia entre un susto y una tragedia. Y si tú o alguien cercano está en situación de calle, los servicios sociales municipales y entidades como Cruz Roja o Cáritas pueden orientar y acompañar: pedir ayuda no debería ser un lujo, debería ser un derecho.
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