Nadie suele recordar el nombre de la persona que duerme en un banco hasta que ya no vuelve a despertar. Ese fue el territorio de muchas de las víctimas de Francisco García Escalero: gente en los márgenes, con frío en los huesos y la vida sostenida por lo mínimo, como si la ciudad pudiera mirar hacia otro lado sin consecuencias. Cuando el caso estalló, no solo se habló de un agresor; se habló, sin querer, de una sociedad que había aprendido a pasar de largo.
En los primeros años noventa, Madrid ya era una capital acelerada, pero también un lugar donde existían vidas que transcurrían fuera del foco: personas sin hogar, adicciones, soledad, noches sin llave. A esa población la estadística la nombra tarde, la burocracia la nombra mal y el vecindario la nombra a veces con desprecio, como si la pobreza fuera una elección. En ese hueco de indiferencia, se entiende mejor por qué este caso duele tanto: porque la vulnerabilidad se volvió riesgo constante.
La Audiencia de Madrid declaró probado que García Escalero fue autor de 11 muertes y, además, de una agresión sexual y un rapto, pero lo absolvió al considerarlo un “enajenado mental”, ordenando su internamiento en el psiquiátrico penitenciario de Fontcalent (Alicante), con revisiones periódicas de su estado. Esa frase judicial, seca y contundente, marcó un cierre penal y, al mismo tiempo, dejó abiertas muchas preguntas humanas: ¿quiénes eran esas víctimas?, ¿quién las lloró?, ¿quién las buscó cuando aún faltaban?
Años antes de esa sentencia, lo que había era un rastro disperso de hallazgos y escenas que parecían no encajar entre sí, como piezas de un rompecabezas que nadie quería mirar demasiado tiempo. El propio tribunal situó esas once muertes entre agosto de 1986 y septiembre de 1993, un periodo largo para que el miedo se instale y la sensación de impunidad crezca. No era un único golpe de suerte del azar: era repetición, era patrón, era una amenaza que caminaba por la ciudad.
El informe forense de 1994, difundido cuando el caso ya sacudía a la opinión pública, describía un cuadro de esquizofrenia, alcoholismo crónico y trastornos graves, y sostuvo que no era responsable de sus actos al matar. Ese mismo texto dejó una frase que cae como piedra: habló de un “doble fracaso”, el del propio Escalero y el de unas instituciones incapaces de “descubrir y prevenir” la sangre que dejó a su paso. Y ahí está una de las sombras más incómodas: no se trata solo de lo que hizo, sino de todo lo que no se hizo antes.
En este caso, además, lo que se veía en la superficie era apenas la punta del dolor: muchas víctimas eran, “como él”, personas sin hogar, según recogió la sentencia. Eso significa que, probablemente, había familias rotas en silencio, amistades de calle, compañeros de banco, gente que no siempre sabe a quién llamar cuando alguien desaparece. En el margen, la ausencia se parece demasiado a la rutina, y por eso puede tardar más en encender alarmas.
La historia también arrastra una paradoja amarga: no fue una gran redada lo que lo frenó, sino una grieta en su propio control. Tras su entrega/detención en 1993, el propio tribunal recordó que él pidió ser encerrado “para no seguir” haciendo daño. Ese detalle no limpia nada, pero retrata una realidad inquietante: el riesgo se acumuló durante años hasta que estalló de la manera más torpe y trágica posible.
En junio de 1994 se publicó que se había confesado autor de 15 crímenes y que permanecía ingresado en el entorno penitenciario mientras se completaban informes psiquiátricos. La cifra de la confesión y la cifra de lo probado no coinciden, y esa distancia suele aparecer en casos complejos: porque no siempre hay pruebas suficientes, porque algunas víctimas quedan sin nombre, porque la calle borra rastros con una facilidad brutal. Lo que sí quedó firme, según la Audiencia, fueron once vidas que terminaron de forma irreversible.
El juicio de 1996 giró alrededor de una pregunta que pesa como hierro: no tanto si fue autor —él había reconocido la autoría—, sino dónde y cómo debía permanecer para proteger a la sociedad y recibir tratamiento. Los forenses advirtieron de su peligrosidad si quedaba libre, y el tribunal optó por el internamiento, con controles médicos y comunicaciones regulares al juzgado. En términos fríos, era una medida de seguridad; en términos humanos, era la constatación de que el daño ya estaba hecho.
Pero la parte que más se pierde en los resúmenes es la de las víctimas, porque la historia se contó durante años desde el apodo y el miedo. Y, sin embargo, la violencia contra personas sin hogar tiene una crueldad particular: ocurre contra quienes ya estaban sobreviviendo con lo justo, contra quienes a menudo no tienen un “sistema” que los sostenga. Por eso, cuando se menciona este caso, conviene detenerse un segundo y recordar que cada víctima era alguien con pasado, con heridas, con una dignidad que nunca debió ponerse en duda.
También hay una lectura social inevitable: el desprecio cotidiano —la burla, el empujón, la deshumanización— es el primer escalón de cosas peores. No hace falta que exista una multitud para que exista abandono: basta con que muchas miradas normalicen que alguien duerma en el suelo como si fuera parte del paisaje. Este caso no nació de la nada; nació en una ciudad donde ciertas vidas eran demasiado fáciles de ignorar.
Y hay otra pieza delicada: la salud mental. Los informes hablaron de trastornos graves, y la justicia actuó en consecuencia. Eso no convierte a la enfermedad en excusa ni a quienes la padecen en amenaza: la mayoría de las personas con problemas de salud mental no ejercen violencia y, de hecho, suelen ser más vulnerables a sufrirla. El aprendizaje real está en otro lado: seguimiento clínico serio, redes de apoyo, detección temprana de riesgo y coordinación institucional.
Cuando el tribunal ordenó que no saliera de Fontcalent “hasta que sane” y bajo autorización judicial, dejó claro que el objetivo era evitar que el peligro regresara a la calle. Aun así, queda la pregunta que nunca tiene respuesta completa: ¿cuántas señales hubo antes?, ¿cuántas veces alguien pidió ayuda y no la obtuvo?, ¿cuántas oportunidades perdió el sistema para intervenir sin que el precio fueran vidas?
Por eso, más allá del caso concreto, este tipo de historias sirven para identificar alertas que no deben minimizarse: amenazas reiteradas, episodios violentos previos, consumo descontrolado con pérdida de control, fugas de centros sin seguimiento, y entornos donde se sabe que alguien es peligroso pero se “deja estar”. En el informe de 1994 ya se señalaba la mezcla de exclusión, rechazo social y trastornos graves como parte del cuadro, y esa mezcla exige respuestas rápidas, no parches tardíos.
Y también sirve para mirar hacia quienes siguen viviendo expuestos: la gente sin hogar. Si una ciudad quiere evitar tragedias, necesita recursos de alojamiento, equipos de calle, salud mental accesible, y algo tan simple como que nadie sea tratado como basura. Cada vez que se protege a una persona vulnerable, se protege también el tejido entero de la comunidad.
Si tú lees esto y piensas en alguien en riesgo —en la calle, en una crisis severa, o rodeado de violencia—, lo importante es actuar sin esperar “la prueba perfecta”. En España, ante peligro inmediato, llama al 112; si se trata de una crisis de salud mental o necesitas orientación urgente, puedes acudir a la línea 024. Pedir ayuda a tiempo no cambia el pasado, pero a veces evita que el presente se convierta en otra historia imposible de reparar.
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