España, en los años sesenta y setenta, era una red de carreteras largas, pensiones baratas y ciudades donde cualquiera podía pasar desapercibido si caminaba sin raíces. En ese paisaje, hubo personas que desaparecieron sin titulares, porque eran migrantes, trabajadores temporales, gente sola o simplemente gente a la que nadie esperaba a una hora fija. A veces, los casos más devastadores no nacen de un gran misterio, sino de una vida que no encaja en el foco.
Detrás del apodo de “El Arropiero” hay una realidad que conviene no perder: cada expediente tenía un nombre, una familia, un lugar donde alguien preguntó “¿por qué no contestas?”. La cifra de víctimas atribuibles a Manuel Delgado Villegas ha sido objeto de debate durante décadas, pero lo que no cambia es la dimensión humana: aunque la justicia solo pudiera acreditar una parte, el daño alcanzó a muchas casas distintas.
Manuel Delgado Villegas nació en Sevilla en 1943; su madre falleció al dar a luz, y su infancia quedó marcada por la precariedad de la posguerra y una crianza inestable. El alias “Arropiero” se vinculó al oficio familiar relacionado con el arrope (un dulce tradicional), un detalle aparentemente inofensivo que terminaría pegado a una historia oscura.
Con los años, su vida se volvió errante: trabajos ocasionales, estancias cortas, cambios de ciudad, vínculos frágiles. Esa movilidad, según las reconstrucciones periodísticas y policiales, fue una de las claves para entender por qué durante tanto tiempo hubo muertes que no se conectaron entre sí. En una época con menos coordinación entre cuerpos y sin herramientas forenses modernas, el silencio de los caminos podía tragarse demasiadas preguntas.
Cuando finalmente fue detenido, Delgado sostuvo haberle quitado la vida a 48 personas entre aproximadamente 1960 y 1970. Sin embargo, la investigación solo pudo probar siete casos, y se consideró verosímil su participación en un número mayor (a menudo citado como 22) sin que todos llegaran a sostenerse con pruebas suficientes. Ese abismo entre lo confesado y lo demostrable fue, desde el principio, una condena añadida para muchas familias: la de vivir con la sospecha, pero sin sentencia clara.
Entre los hechos que se le atribuyeron con más solidez aparecen muertes ocurridas en lugares muy distintos: costa, interior, ciudades grandes, pueblos pequeños. En algunas reconstrucciones se citan nombres y fechas concretas —como casos en Ibiza, Barcelona o Mataró—, pero lo importante es el patrón: encuentros fugaces, víctimas aisladas, y un agresor que volvía a ponerse en marcha antes de que la alarma alcanzara a saltar.
El punto de inflexión llegó en El Puerto de Santa María (Cádiz). La policía lo detuvo el 18 de enero de 1971 como sospechoso de la desaparición de Antonia Rodríguez Relinque, con quien se le veía en la zona y a quien él mismo vinculó sentimentalmente. Según el relato recogido por prensa, su confesión sobre ese caso abrió una grieta por la que salió todo lo demás.
En comisaría, y ante el estupor de los agentes, Delgado no solo habló de Antonia: también se autoinculpó de otro crimen reciente y empezó a desplegar una lista de lugares y detalles. La policía llegó a acompañarlo por distintas zonas para verificar lo que decía y, en ese recorrido, se reunieron indicios suficientes para sostener siete de los casos. Aun así, cada “no podemos confirmarlo” fue, para otras familias, una puerta que se quedaba a medio abrir.
Lo más desconcertante del caso es que, pese a la magnitud de lo confesado y a la gravedad de lo investigado, nunca llegó a celebrarse un juicio por esos hechos. Diversos informes psiquiátricos lo calificaron como una persona con grave alteración mental, y en junio de 1978 la Audiencia Nacional archivó provisionalmente la causa y ordenó su internamiento en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Carabanchel (Madrid).
Ese “limbo” judicial se prolongó durante años y dejó una imagen difícil de digerir: un hombre señalado por numerosos crímenes, pero con un expediente penal que, en términos formales, quedaba sin condenas por ellos. El propio El País subrayó que llegó a estar 26 años privado de libertad sin ser juzgado por aquellos hechos, una anomalía que explica por qué este caso se recuerda también como un fracaso institucional además de una tragedia humana.
En ese periodo, se habló de tratamientos psiquiátricos intensivos y de traslados entre centros. La Vanguardia describe su ingreso en Carabanchel sin juicio y menciona tratamientos como electrochoques y revisiones posteriores ligadas a cambios legales de finales de los setenta. Más allá del detalle clínico, lo que importa es la consecuencia: la verdad quedó fragmentada entre informes, traslados y expedientes, en lugar de quedar fijada en una sentencia que reconociera a todas las víctimas posibles con el máximo rigor judicial.
La historia dio otro giro en diciembre de 1996, cuando, debido a reformas legales sobre los internamientos en psiquiátricos penitenciarios, la Audiencia Nacional ordenó su excarcelación del centro de Fontcalent (Alicante) y su traslado a un psiquiátrico de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), cerca de donde vivía su familia. Es uno de esos momentos donde la ley y el duelo chocan: una decisión jurídicamente explicable puede sentirse insoportable para quien lleva décadas esperando justicia.
Manuel Delgado Villegas falleció el 2 de febrero de 1998 en el Hospital Can Ruti (Badalona) por una afección pulmonar, según la información publicada entonces. Con su muerte se cerró definitivamente la posibilidad de un juicio que ordenara los hechos con claridad y que diera a las familias algo más que recortes de prensa y murmullos de pasillo.
A lo largo de los años también se difundió que presentaba una variación cromosómica (47,XYY) y se intentó convertir ese dato en explicación fácil. La evidencia médica actual no respalda la idea simplista de que una condición genética “empuje” a la violencia: lo que se describe es un mayor riesgo de ciertas dificultades del desarrollo y del comportamiento, no una condena biológica a hacer daño. Cuando se mezcla genética con crimen de forma irresponsable, se estigmatiza a miles de personas que nunca lastimarían a nadie.
Si este caso sigue siendo recordado, no es solo por los números, sino por lo que revela: lo fácil que es perder de vista a las víctimas cuando un agresor ocupa todo el relato, y lo difícil que es construir justicia cuando faltan pruebas, coordinación o recursos. También muestra algo incómodo: en muchas desapariciones y muertes de personas vulnerables, la urgencia social llega tarde, cuando ya no hay retorno, y entonces se busca una explicación que calme… aunque no cierre.
Mirar esta historia hoy debería empujarnos a cuidar mejor lo básico: no normalizar señales de control o amenazas en relaciones, no minimizar la desaparición de una persona adulta “porque seguro que se fue”, y actuar rápido cuando alguien no vuelve. Si hay peligro inmediato en España, la vía es el 112; para orientación en desapariciones existe el 116 000; y para violencia contra las mujeres, el 016 (también WhatsApp 600 000 016) sigue siendo una puerta de ayuda. Y si lo que te desborda es una crisis emocional intensa, la línea 024 está para sostener cuando la noche aprieta.
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