A María Àngels Ribot la esperaban en su vida de siempre, esa que se sostiene con llaves, rutinas y la confianza automática de “ya estoy en casa”. Pero en algún punto de la mañana del 11 de enero de 2003, dentro de un aparcamiento privado del Putxet, esa normalidad se quebró con un final irreversible. Su nombre fue el primero de dos, y la ciudad tardó muy poco en entender que aquello no era un hecho aislado.
Ribot tenía 49 años y era vecina de la zona. Fue hallada sin vida en el parking del número 28 de la calle Bertran, en la parte alta de Barcelona, en un escenario donde todo debería haber estado controlado: una finca, puertas, vecinos, entradas y salidas repetidas. Al principio, incluso pareció encajar en una explicación “simple”, la que se usa para tranquilizarse: un robo con violencia, porque faltaba el bolso.
Pero la calma falsa duró apenas once días. El 22 de enero de 2003, en el mismo aparcamiento, apareció una segunda víctima: María Teresa de Diego, de 46 años. Ya no era una mala noche; era un patrón. Dos mujeres, el mismo lugar, una distancia exacta entre fechas, y la certeza de que quien hizo aquello se movía con una frialdad que no dejaba margen para el error.
El impacto fue distinto porque el Putxet no era un barrio acostumbrado al sobresalto. La alarma no se extendió solo por la violencia del hecho, sino por la idea que deja sin aire: si puede ocurrir aquí, puede ocurrir en cualquier parte. Y, mientras la investigación avanzaba a contrarreloj, en la calle empezó a circular una figura borrosa, casi de leyenda: la de un motorista que cruzaba el barrio a toda velocidad, como un ruido que se repite cuando nadie sabe todavía ponerle nombre.
En las primeras horas, la policía tuvo que trabajar con lo más duro: casi nada. Sin testigos claros, sin una motivación evidente, con un escenario cerrado donde, paradójicamente, el silencio pesa más porque se supone que “alguien habría oído algo”. La presión social creció, y con ella las miradas hacia los entornos cercanos: el marido de una de las víctimas, vecinos, personas que entraban y salían del edificio.
Ese movimiento inicial —mirar primero al círculo cercano— no es capricho: es estadística y prudencia. En paralelo, también se exploraron hipótesis que hoy suenan a reflejo de época: sospechas sobre una mujer recién llegada, sobre contactos, sobre vidas que se vuelven sospechosas por ser diferentes. Pero el caso no se resolvió por rumores; se resolvió por pequeñas piezas técnicas que, una a una, fueron cerrando el cerco.
Una de esas piezas fue inquietante por lo que revelaba: alguien había observado. No fue un impulso ciego; hubo vigilancia. La policía encontró hojas con anotaciones sobre vehículos que entraban y salían del parking, y un informe caligráfico concluyó que esas notas estaban hechas por la misma mano del principal sospechoso. Horas, minutos, detalles de coches, ocupantes… como si la vida de los vecinos se hubiera convertido en un horario privado para alguien que jugaba a cazar.
Las anotaciones, además, no eran un detalle decorativo: conectaban con el corazón del escenario. El aparcamiento estaba en la plaza 15, y la investigación subrayó coincidencias difíciles de ignorar: ambas víctimas tenían edades cercanas, un tipo de vehículo similar y utilizaban ese mismo espacio. Cuando dos historias coinciden en demasiados puntos, deja de ser azar y empieza a parecer selección.
Con ese hilo, la causa terminó señalando a un nombre: Juan José Pérez Rangel, el único acusado en el procedimiento. Según la crónica judicial y periodística, era un joven en paro en aquel momento, y negó su participación cuando declaró, aunque admitió algo que, en otro contexto, habría sonado inofensivo: que le gustaba “investigar”, observar, seguir. En este caso, esa “afición” encajaba demasiado bien con las sombras del parking.
Rangel permanecía en prisión preventiva desde el 2 de febrero de 2003, mientras se acumulaban pruebas y se afinaban peritajes. A medida que el expediente crecía, la historia dejaba de ser solo miedo colectivo y se convertía en un puzzle de hechos verificables: rastros, objetos, movimientos bancarios, y la lógica de un lugar donde alguien había aprendido a esperar sin ser visto.
En noviembre de 2004 empezó el juicio con jurado popular en la Audiencia de Barcelona. En los autos, decían, había dos muertes, un solo acusado y un móvil tan débil como el robo; esa fragilidad del “por qué” convirtió el proceso en algo todavía más inquietante: a veces la violencia no necesita una gran razón para ocurrir, solo una oportunidad y una voluntad oscura.
El 18 de diciembre de 2004, el jurado declaró culpable a Rangel por unanimidad. Y unos días después llegó la sentencia: la Audiencia lo condenó a 52 años y 9 meses de prisión por dos delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento y un delito de robo, además de una indemnización total de 600.000 euros para los familiares. La justicia puso cifras, pero las cifras nunca llenan el hueco de dos hogares rotos.
La sentencia describía al condenado como una persona “fría y peligrosa”, y fijaba en el calendario lo que Barcelona ya había aprendido a golpes: que un espacio cotidiano puede transformarse en trampa si alguien lo estudia con paciencia. Para las familias, el juicio no fue un cierre completo —ningún juicio lo es—, pero al menos evitó lo peor de todos los finales: el de no saber nunca quién.
En el relato del caso quedó también una idea que cuesta aceptar: hubo una segunda oportunidad para detenerlo antes del segundo final irreversible, pero no existía aún la pieza que faltaba. Once días, un mismo lugar, y la sensación de que el miedo se estaba midiendo con un cronómetro. Esa brecha temporal convirtió el Putxet en una palabra que todavía hoy suena a escalera, a portal, a llave temblando en la mano.
Con los años, el caso siguió apareciendo en documentales y programas, no por espectáculo, sino porque resume un patrón real: vigilancia previa, elección de un entorno controlado, y la falsa seguridad de los “sitios de siempre”. También dejó una conversación incómoda sobre prevención: portales, parkings, entradas solitarias, y la importancia de que los entornos residenciales tengan iluminación, accesos seguros y reacción comunitaria cuando algo no cuadra, sin minimizar señales por “no exagerar”.
Si este caso te deja inquietud, que esa inquietud sea útil: si notas que alguien te sigue, si ves un comportamiento repetido de vigilancia en tu edificio o aparcamiento, si alguien intenta forzar conversación o invadir tu espacio, prioriza salir a un lugar con gente y pedir ayuda sin dudar. No es dramatizar: es cuidarse. Y no se trata de cargar la responsabilidad en la víctima, sino de cortar oportunidades al riesgo con herramientas simples y apoyo inmediato.
En España, si hay peligro urgente, llama al 112. Si se trata de violencia contra una mujer o necesitas orientación especializada, existe el 016 (24/7; también WhatsApp 600 000 016). Lo que pasó en el Putxet se llevó dos vidas y dejó una cicatriz larga, pero también dejó un recordatorio claro: ninguna rutina vale más que tu seguridad, y pedir ayuda a tiempo nunca debería dar vergüenza.
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