Bogotá es una ciudad de contrastes brutales, donde la riqueza y la miseria conviven separadas a veces por una sola calle, una frontera invisible que marca destinos opuestos. En el barrio Bosque Calderón, un asentamiento humilde que trepa por los cerros orientales, vivía Yuliana Samboní, una niña de siete años cuya sonrisa iluminaba la precariedad de su entorno. Su familia, desplazada por la violencia desde el Cauca, había llegado a la capital buscando un refugio que, paradójicamente, se convertiría en la boca del lobo. Aquel domingo 4 de diciembre de 2016, la pequeña jugaba frente a su casa, ajena a que unos ojos depredadores la observaban desde la comodidad de una camioneta gris.
El vehículo, una Toyota blindada, no pertenecía a ese mundo de calles sin pavimentar y necesidades básicas insatisfechas. Al volante iba Rafael Uribe Noguera, un arquitecto de 38 años proveniente de una familia acomodada, un hombre que representaba el éxito social y profesional que la sociedad bogotana suele admirar. Sin embargo, bajo esa fachada de respetabilidad, se escondía una pulsión oscura y destructiva que esa mañana decidió cruzar todos los límites morales y legales.
El secuestro ocurrió a plena luz del día, con una impunidad que heló la sangre de los testigos. Uribe Noguera abordó a Yuliana, arrebatándola de su entorno seguro con la fuerza de quien se siente dueño de todo lo que le rodea. La niña fue subida al vehículo a la fuerza, desapareciendo tras los vidrios polarizados que se convirtieron en el primer muro de silencio entre ella y el mundo exterior.
Mientras la camioneta descendía de los cerros hacia la zona exclusiva de Chapinero Alto, la angustia se apoderó de la familia Samboní. Los padres, Juvencio y Nelly, comenzaron una búsqueda frenética, alertando a vecinos y autoridades sobre el rapto de su hija. No sabían que cada minuto que pasaba, la distancia entre Yuliana y la salvación se hacía insalvable, no solo en kilómetros, sino en la profundidad del horror que estaba a punto de desatarse.
El destino final fue el edificio Equus 66, un complejo residencial de lujo donde Uribe Noguera tenía un apartamento. Allí, en un espacio diseñado para el confort y la privacidad, la vulnerabilidad de Yuliana fue absoluta. El arquitecto la ingresó al inmueble evitando las miradas, arrastrándola hacia un encierro donde la asimetría de poder se manifestó de la forma más cruel posible.
Lo que sucedió dentro de esas paredes fue una tortura sistemática que despojó a la niña de su dignidad y de su vida. Los informes forenses posteriores revelarían una violencia desmedida, un abuso físico y sexual que no solo buscaba satisfacer un deseo perverso, sino aniquilar la esencia misma de la víctima. Yuliana no solo fue agredida; fue tratada como un objeto desechable por alguien que creía que su estatus lo blindaba contra las consecuencias.
Tras consumar el crimen, la mente del arquitecto no buscó la redención, sino el encubrimiento. El cuerpo de la pequeña fue escondido en un jacuzzi, bajo una estructura de madera, en un intento macabro por borrar las huellas del delito. Se utilizó aceite de cocina para limpiar el cuerpo y alterar la evidencia biológica, una maniobra fría y calculadora que contrastaba con la supuesta "locura" momentánea que alegaría después la defensa.
La escena se complicó con la llegada de los hermanos de Rafael, Francisco y Catalina Uribe Noguera, quienes acudieron al apartamento alertados por mensajes confusos. Su presencia en el lugar de los hechos y la posterior manipulación de sus propios teléfonos móviles abrieron un capítulo paralelo de sospechas sobre encubrimiento y obstrucción a la justicia, una sombra que perseguiría a la familia durante años.
Finalmente, la presión policial y la geolocalización del vehículo permitieron a las autoridades del Gaula ingresar al apartamento. El hallazgo del cuerpo de Yuliana confirmó los peores presagios y desató una ola de dolor que traspasó las paredes del edificio para inundar a todo un país. La imagen de la niña, víctima de una brutalidad inimaginable, se convirtió instantáneamente en un símbolo nacional de la infancia desprotegida.
Rafael Uribe Noguera no fue detenido en el lugar; había sido trasladado a la Clínica Monserrat, supuestamente aquejado por una crisis cardíaca o una sobredosis, en una estrategia que muchos interpretaron como un intento de evadir la celda mediante el privilegio hospitalario. Sin embargo, la indignación social era tal que las puertas de la clínica se vieron rodeadas de manifestantes exigiendo justicia inmediata.
La autopsia realizada por Medicina Legal fue contundente y devastadora. El director del instituto forense confirmó que Yuliana había muerto por asfixia mecánica y que existían pruebas irrefutables de abuso sexual violento. No había margen para la duda: no fue un accidente, fue un feminicidio ejecutado con sevicia y plena consciencia de la indefensión de la víctima.
El caso sacudió los cimientos de la sociedad colombiana, poniendo sobre la mesa debates incómodos sobre el clasismo y la justicia. La narrativa de "usted no sabe quién soy yo" se enfrentó a la realidad de un crimen que no podía ser silenciado con dinero ni influencias. Colombia entera se unió en un grito de repudio, exigiendo que el apellido del agresor no fuera un atenuante.
El proceso judicial avanzó con una rapidez inusual, impulsado por la presión mediática y la contundencia de las pruebas. Aunque inicialmente Uribe Noguera se declaró inocente, la evidencia genética y los videos de seguridad lo acorralaron, obligándolo finalmente a aceptar los cargos en un intento por obtener alguna rebaja punitiva que la sociedad no estaba dispuesta a tolerar.
La sentencia fue histórica. Un juez de la República lo condenó a 58 años de prisión, la pena máxima permitida en ese momento, sin posibilidad de beneficios por tratarse de un delito contra una menor. Fue un mensaje claro de que la justicia podía alcanzar incluso a los intocables, aunque para la familia Samboní, ninguna cifra de años podía devolverles a su hija.
Para Juvencio y Nelly, el final del juicio no significó el fin del sufrimiento. Regresaron a su tierra en el Cauca, cargando con el duelo y con la frustración de una reparación económica que nunca llegó, debido a la supuesta insolvencia del victimario. La pobreza que los expulsó hacia Bogotá los recibió de nuevo, ahora con un vacío imposible de llenar.
Hoy, el nombre de Yuliana Samboní sigue doliendo en la memoria colectiva. Su caso se convirtió en un punto de inflexión que endureció las leyes contra los abusadores de menores, pero también permanece como una cicatriz que recuerda que, en una sociedad desigual, la inocencia de los más vulnerables siempre está en peligro. Rafael Uribe Noguera envejece en una celda de máxima seguridad, pero Yuliana quedó congelada en el tiempo, con siete años eternos.
0 Comentarios