Barcelona, a comienzos de los años noventa, aprendió a mirar de reojo hasta los trayectos más cortos. No era una paranoia colectiva nacida de la nada: era el miedo bajando al metro con la gente, caminando pegado a las paredes, apretando el paso al escuchar unos pasos detrás. En ese clima empezó a circular un apodo que se repetiría durante décadas, como si el nombre real fuese menos importante que la sensación que dejó: “el Loco del Chándal”.
Durante ese periodo, al menos 16 mujeres denunciaron ataques de carácter sexual y agresiones con armas en circunstancias muy parecidas, a menudo en entornos de transporte público o cerca de estaciones, cuando la noche hacía que todo pareciera más solitario aunque hubiera luces alrededor. Lo más cruel de estos casos es que no solo se hiere a una persona: se hiere la confianza de todas las demás, porque de pronto lo cotidiano deja de sentirse inocente.
Las víctimas contaron un patrón que se repetía con frialdad: un hombre que aparecía de improviso, vestido con ropa deportiva, que actuaba rápido y escapaba rápido. No hace falta recrearse en detalles para entender lo esencial: se trataba de ataques inesperados, con intimidación, que buscaban someter y humillar. Y cuando una ciudad vive varias agresiones con el mismo sello, la noche empieza a ser un territorio distinto, como si hubiese que pedir permiso para volver a casa.
Entre esos casos hubo uno que partió la historia en dos: el de Carmen Díaz Gijón, una mujer de 31 años que perdió la vida tras uno de aquellos ataques. Su nombre debería ser recordado por su vida, no por su final, pero la justicia y la memoria pública la sitúan como la víctima mortal de una serie que ya había dejado demasiadas supervivientes cargando con secuelas invisibles.
La investigación acabó estrechando el cerco hasta identificar a Manuel González González, nacido en Almadén de la Plata (Sevilla) y criado en Cataluña, donde trabajó como carnicero, un detalle que los tribunales mencionaron por su familiaridad con instrumentos cortantes. En el barrio, en el metro, en los portales, la ciudad buscaba un rostro; en los despachos, la policía buscaba pruebas que aguantaran el peso de todo lo denunciado.
Cuando registraron su entorno, los investigadores hallaron un conjunto de armas y objetos compatibles con los relatos de las denunciantes, y ese hallazgo terminó de reforzar la acusación. En los casos seriales, a veces lo que se encuentra no es solo “evidencia”: es la confirmación de que el miedo no era exageración, de que el patrón era real y de que no se trataba de una casualidad, sino de una conducta repetida.
El camino judicial fue largo y complejo. La Audiencia de Barcelona dictó una primera gran condena en 1995 y, después, el Tribunal Supremo la revisó a la baja, quedando fijada en 169 años de prisión por el conjunto de delitos relacionados con aquellos ataques, incluida la muerte de una de las víctimas. En la prensa también se cita 1997 como el año en que se consolidó esa pena tras la revisión del Supremo, una de esas fechas que vuelven una y otra vez cuando se reconstruye el caso.
En prisión, los informes que trascendieron años después describían un riesgo alto, incluso “extremo”, de reincidencia violenta, y advertían de la ausencia de avances rehabilitadores significativos. Para las víctimas, esas palabras no eran un tecnicismo: eran la diferencia entre dormir o volver a vivir con el corazón encendido por dentro.
El 22 de noviembre de 2013, el caso volvió a la actualidad porque González salió de la cárcel tras la anulación de la doctrina Parot. Hubo reuniones de jueces, técnicos y policía con algunas víctimas para informarles y preparar medidas de protección, un gesto que muestra hasta qué punto la historia seguía viva: no como pasado, sino como amenaza percibida. Además, se subrayó que, por el marco legal aplicable, no se le pudo imponer libertad vigilada posterior a la condena principal.
Se dijo que intentó establecerse en Martorell y que la reacción vecinal fue inmediata, con protestas y rechazo público. Finalmente regresó a su localidad de origen, Almadén de la Plata, donde el conflicto con el entorno fue creciendo hasta convertirse en una escalada de amenazas y tensión con la familia del entonces exalcalde del municipio.
En marzo de 2017, según la acusación y las resoluciones posteriores, se produjo un ataque mediante incendio contra la vivienda de una mujer vinculada a esa familia —se indicó que era jueza de paz— cuando estaba dentro de la casa. El caso se investigó como un intento deliberado de provocar un desenlace fatal, y la Guardia Civil terminó deteniéndolo en julio de 2017 tras meses de pesquisas y denuncias relacionadas con amenazas.
La Audiencia Provincial de Sevilla lo condenó en 2020 a 18 años de prisión por ese incendio, y el caso volvió a demostrar algo inquietante: que una historia puede reaparecer en otro territorio, con otras víctimas, como si la sociedad tuviera que aprender la misma lección más de una vez.
En abril de 2021, el TSJA rebajó esa pena de 18 a 16 años, y en junio de 2021 se dio por firme al desestimarse recursos posteriores sobre esa firmeza. Es el último gran hito judicial ampliamente difundido sobre esta segunda etapa del caso.
Mientras tanto, lo que rara vez se cuenta con la misma fuerza es lo que quedó en las supervivientes de Barcelona: el miedo incorporado al cuerpo, la hipervigilancia, la vergüenza que no debería existir pero aparece, y esa sensación de que una ciudad entera puede volverse “menos tuya” de la noche a la mañana. En historias así, el agresor ocupa titulares; las víctimas ocupan años de vida aprendiendo a volver a confiar.
También queda una conversación incómoda sobre el sistema: qué se puede hacer cuando una persona sale de prisión con informes de alta peligrosidad, qué herramientas legales existen para proteger a potenciales víctimas y cómo se coordinan instituciones, municipios y cuerpos policiales cuando el riesgo se mueve de un lugar a otro. El caso del “Loco del Chándal” se convirtió en un ejemplo recurrente cada vez que España debatió sobre reincidencia y protección efectiva.
Si algo útil puede extraerse de esta historia es reconocer señales que suelen preceder a situaciones graves: amenazas persistentes, acoso, insistencia tras una negativa, intentos de aislar, vigilancia, y cualquier conducta que te haga sentir que tu “no” no está siendo respetado. En el entorno, también cuentan los indicios: si alguien vive con miedo, cambia rutas, evita lugares, o expresa ansiedad por una persona concreta, ese malestar merece ser tomado en serio y acompañado, no minimizado.
Si estás en España y sientes peligro inmediato, llama al 112. Para orientación y apoyo especializado ante violencia contra las mujeres existe el 016 (24/7; también WhatsApp 600 000 016). Y si necesitas denunciar o pedir intervención policial urgente, puedes contactar con 091 (Policía Nacional) o 062 (Guardia Civil). La diferencia entre una mala noche y una tragedia, a veces, es que alguien pida ayuda a tiempo y alguien más la tome en serio.
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