Durante casi dos décadas, la familia de Juana Canal vivió atrapada en una mentira cruelmente diseñada para proteger a un asesino. Todo comenzó con una nota manuscrita dejada sobre la mesa, un mensaje breve y frío dirigido a su hijo Sergio, que entonces tenía 12 años, diciéndole que se había marchado voluntariamente tras una discusión y una ingesta de pastillas. Aquellas palabras, que pretendían dibujar la imagen de una madre que abandona su hogar, no fueron escritas por la desesperación de Juana, sino por la mano calculadora de quien acababa de arrebatarle la vida y necesitaba ganar tiempo para borrar su rastro.
Era el 23 de febrero de 2003 en el barrio madrileño de Ciudad Lineal. Juana, una mujer de 38 años llena de vitalidad, compartía su vida con Jesús Pradales, un hombre con quien mantenía una relación marcada por tensiones que aquel día estallaron de forma fatal. Una patrulla de policía llegó a acudir al domicilio alertada por una fuerte discusión, pero tras marcharse los agentes sin intervenir al no ver lesiones evidentes, la puerta se cerró y el destino de Juana quedó sellado en la intimidad de esas cuatro paredes.
Lo que sucedió después fue un acto de ocultamiento atroz que desafía toda lógica humana. Jesús no pidió ayuda ni intentó socorrerla; en su lugar, se enfrentó al cuerpo sin vida de su pareja con la frialdad de un carnicero. En apenas 26 horas, tomó decisiones que marcarían el sufrimiento de una familia entera durante generaciones: descuartizó el cadáver en la bañera de la vivienda, una tarea macabra que requiere una determinación espeluznante, y preparó los restos para hacerlos desaparecer.
Con el cuerpo fragmentado en su vehículo, condujo 170 kilómetros hasta Navalacruz, en la provincia de Ávila, una zona que conocía bien por sus vínculos familiares. Allí, en la soledad de una finca de difícil acceso, cavó dos hoyos en la tierra dura del invierno y enterró a Juana, confiando en que la naturaleza y el olvido harían el resto del trabajo. Regresó a Madrid, dejó la nota falsa y continuó con su vida, construyendo una nueva normalidad sobre el secreto de un crimen perfecto.
Los años pasaron implacables. Sergio, el hijo de Juana, no solo perdió a su madre, sino también su hogar, viéndose obligado a abandonar la vivienda al no poder afrontar los gastos, creciendo con la duda lacerante de por qué había sido abandonado. La madre de Juana falleció sin saber qué había sido de su hija, llevándose a la tumba la angustia de una búsqueda infructuosa, mientras el responsable rehacía su vida, se casaba y tenía hijos, amparado por la impunidad del tiempo.
El silencio de la sierra de Ávila se rompió fortuitamente en 2019, cuando unos senderistas encontraron unos restos óseos en el paraje donde Jesús había creído enterrar su pasado. Sin embargo, la burocracia y los tiempos de la ciencia forense hicieron que la identificación no llegara hasta 2022. Un fémur y un cráneo hablaron finalmente, confirmando que aquellos huesos pertenecían a la mujer que supuestamente se había ido "a tomar pastillas" diecinueve años atrás.
La detención de Jesús Pradales en octubre de 2022 sacudió los cimientos de la crónica negra española. Acorralado por la evidencia, confesó haber ocultado el cuerpo, pero se aferró a una versión exculpatoria: aseguró que la muerte había sido accidental, fruto de un empujón durante una discusión, y que el descuartizamiento fue una reacción de pánico insuperable. Intentaba así convertir un homicidio en una imprudencia, buscando una pena menor o la prescripción del delito.
El juicio, celebrado finalmente en septiembre de 2024, fue un duelo entre la verdad forense y la coartada del acusado. El jurado popular no creyó sus lágrimas tardías ni su relato de accidente. Por unanimidad, dictaminaron que Jesús mató a Juana con intención, o al menos consciente de que sus acciones podían causarle la muerte, rechazando la atenuante de confesión porque solo habló cuando ya no tenía escapatoria.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid cayó como un mazo en octubre de 2024: 14 años de prisión por homicidio doloso con agravante de parentesco. Además, se le condenó a indemnizar con más de 200.000 euros a la familia, una cifra que, aunque elevada, nunca podrá reparar el daño de dos décadas de mentiras y ausencia. No se aplicó la agravante de violencia de género porque la ley integral no existía en 2003, una paradoja legal que dejó un sabor agridulce en la acusación.
Sin embargo, la batalla legal no terminó ahí. La defensa de Pradales, inconforme, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), intentando una última maniobra para validar su tesis accidental. La angustia de la familia se prolongó unos meses más, temiendo que un tecnicismo pudiera revocar la justicia conseguida con tanto esfuerzo.
La confirmación definitiva llegó recientemente, en marzo de 2025. El TSJM desestimó el recurso y ratificó íntegramente la condena de 14 años. Los magistrados fueron contundentes: no es creíble que alguien que mata por accidente tenga la sangre fría de descuartizar y ocultar un cuerpo durante casi veinte años sin derrumbarse. La sentencia firme cerró la última puerta de salida para el asesino.
Este fallo judicial, aunque trae el consuelo de la verdad oficial, plantea interrogantes dolorosos sobre la proporcionalidad de la justicia. Catorce años de cárcel parecen un castigo insuficiente para quien robó una vida y luego robó la verdad durante otros dieciséis años, permitiendo que el dolor de los seres queridos se cronificara hasta la enfermedad.
El caso de Juana Canal ha puesto de manifiesto las grietas del sistema de búsqueda de desaparecidos de principios de los 2000. Si se hubiera investigado con la perspectiva actual desde el primer día, quizás la nota falsa de Jesús no habría servido para cerrar el caso policialmente tan rápido. La tecnología y la perseverancia de la familia han sido los únicos motores que han impedido que este crimen quedara en el olvido absoluto.
Sergio, hoy un hombre adulto, ha podido por fin cerrar el capítulo más oscuro de su vida, sabiendo que su madre nunca lo abandonó. Juana no se fue; se la llevaron, la rompieron y la escondieron, pero su memoria ha sobrevivido a la tierra y al tiempo para señalar a su verdugo.
La condena de Pradales es también un aviso para quienes creen que el tiempo juega a su favor. En los montes de España y en los archivos policiales, los secretos tienen fecha de caducidad. A veces tardan décadas, pero la tierra termina devolviendo lo que no le pertenece, exigiendo que se escuche la historia de quienes fueron silenciados.
Juana Canal descansa ahora con su identidad recuperada y su historia contada con verdad. No fue una mujer que huyó de sus problemas; fue una víctima que confió en quien no debía. Su caso nos recuerda que detrás de cada desaparición "voluntaria" puede esconderse un monstruo con una pala y una coartada escrita en un papel.
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