Campo Lameiro, en la provincia de Pontevedra, es un lugar donde las piedras guardan memoria antigua: petroglifos, senderos, silencio de monte. Por eso, cuando a finales de mayo de 2025 el nombre del municipio empezó a circular en titulares, no fue por su patrimonio, sino por una tragedia que dejó a una familia y a una comarca entera intentando entender lo imposible.
La mañana del sábado 31 de mayo, unas personas que caminaban por la zona hallaron un vehículo completamente consumido por el fuego en una pista forestal del entorno de Caneda. Dentro y junto al coche había dos personas sin vida. La Guardia Civil acordonó el lugar y la investigación arrancó con prudencia, porque el estado de los restos obligaba a confirmar identidades mediante pruebas científicas.
Las primeras horas fueron una mezcla de rumores, miedo y desconcierto: en un municipio pequeño, cualquier sirena se escucha doble, y cualquier mirada se vuelve pregunta. Las autoridades insistieron en que no se podía cerrar ninguna hipótesis, mientras el foco mediático crecía alrededor de un escenario que, por sí solo, ya decía que allí había ocurrido un final irreversible.
Diez días después llegó la confirmación que muchas personas temían desde el principio. El 10 de junio, las pruebas de ADN certificaron que se trataba de una pareja de Moraña: Marisol Costa Pereira, de 49 años, y José Ramón García, de 50. Aun así, la Guardia Civil comunicó que el esclarecimiento completo dependía de los informes forenses y de cómo se reconstruyera lo ocurrido antes del incendio.
Marisol no era un nombre de expediente: era una mujer con raíces, con vínculos, con gente que la esperaba. Diversas informaciones la describen como madre de cinco hijos, y esa sola frase —madre de cinco— alcanza para imaginar el tamaño del hueco que deja una ausencia cuando cae como un portazo en medio de la vida cotidiana.
Su historia, como tantas, no puede reducirse a un único día. En los días posteriores al hallazgo, medios locales y nacionales fueron reconstruyendo un contexto de violencia en la relación, con antecedentes y medidas judiciales previas. Hablar de esto exige cuidado: no para suavizar la gravedad, sino para no convertir a la víctima en un relato de decisiones “fáciles de juzgar” desde fuera.
Un dato especialmente duro, porque obliga a mirar de frente a las grietas del sistema, es que Marisol figuraba en el sistema VioGén con valoración de riesgo alto, según confirmó la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. Ese nivel no es una etiqueta vacía: existe porque se han detectado indicadores serios de peligro, y aun así, nada de eso garantiza que el miedo no encuentre rendijas.
Sobre él, distintas informaciones apuntan a un historial de condenas y episodios previos: sentencias por maltrato continuado a una expareja y otros procedimientos posteriores, además de órdenes de alejamiento. También se publicó que existía una pena pendiente de ingreso en prisión por una agresión previa. Cada resolución judicial describe hechos; pero, en la vida real, el tiempo entre el papel y la protección efectiva puede ser un abismo.
En ese mapa de días confusos aparece otra pieza inquietante: antes del hallazgo, Marisol y él fueron vistos en Lugo, y él llegó a pasar una noche detenido, según explicó el subdelegado Abel Losada. Después, el rastro se apagó, y el monte de Campo Lameiro terminó convirtiéndose en el último punto de la historia.
La escena encontrada en Caneda también alimentó preguntas. Una crónica de El País señaló que él apareció parcialmente fuera del vehículo, algo que podría sugerir un intento de salir mientras el fuego avanzaba, aunque el origen exacto del incendio y la secuencia previa dependían de peritajes técnicos. Cuando el fuego borra, la verdad tarda más en volver a escribirse.
Mientras la investigación seguía abierta, el debate público estalló alrededor de una idea tan incómoda como frecuente: qué pasa cuando hay medidas, registros, alertas… y aun así la tragedia ocurre. El propio subdelegado habló de límites en la protección si la víctima no acepta determinadas medidas, y sus palabras generaron polémica y dolor en el entorno social.
En Moraña, el duelo se mezcló con indignación. Colectivos feministas como As Moiras convocaron concentraciones y reclamaron recursos y cambios, insistiendo en que cada muerte obliga a revisar lo que se está haciendo —y lo que no— para que el riesgo “alto” no sea solo un número.
A la vez, una decisión municipal encendió aún más el ambiente: la declaración de días de luto oficial por ambas personas. Para quienes acompañaban a la familia y para organizaciones del entorno, equiparar a la víctima con quien presuntamente la dañó era una herida añadida, una forma de confundir el duelo con el silencio.
El caso llegó incluso a la arena parlamentaria. En documentos registrados en el Senado y en el Congreso se describió lo ocurrido como un “asesinato machista” y se exigieron explicaciones sobre cómo se gestionan las valoraciones de riesgo, el seguimiento y la respuesta ante agresores reincidentes. Es importante entenderlo: que se formule en sede parlamentaria no sustituye una conclusión judicial definitiva, pero sí muestra la magnitud de la alarma social.
Y en el centro, siempre, queda lo que no se ve en los titulares: los hijos, la familia, las amistades, la comunidad que intenta recomponerse. Cuando una mujer pierde la vida así, no termina solo una historia: se fractura el calendario de quienes la amaban, se llena de “y si…” cada recuerdo, y el miedo se instala como un invitado permanente en otras casas.
Si esta historia sirve para algo más que para el dolor, que sea para mirar señales de alerta sin minimizar: control, aislamiento, amenazas, vigilancia del móvil, humillaciones, empujones “que no cuentan”, miedo a decir la verdad, y esa sensación de caminar sobre cristal para que “no se enfade”. Acompañar no es obligar: es escuchar, creer, ofrecer ayuda práctica y buscar apoyo profesional cuando el riesgo aparece.
En España existe el 016 para información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial (también por WhatsApp 600 000 016 y por email), y en emergencias se debe llamar al 112; también están 091 y 062, y la app AlertCops permite enviar una alerta con geolocalización. Para menores o quienes necesiten orientación específica, la Fundación ANAR ofrece líneas de ayuda. Pedir ayuda no es exagerar: es intentar llegar a tiempo.
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