Romina Celeste Núñez tenía 25 años, era paraguaya, madre de dos niños, y había viajado a Lanzarote buscando lo que tantas personas migrantes persiguen: trabajo, estabilidad y un futuro algo más amable. Vivía con su pareja, Raúl Díaz Chacón, en Costa Teguise, una zona turística donde la noche de fin de año de 2018 debía ser solo fuegos artificiales y brindis. En cambio, esa madrugada se convirtió en el inicio de una historia que España entera terminaría conociendo como uno de los casos de violencia de género más estremecedores de los últimos años.
Entre el 31 de diciembre de 2018 y el 1 de enero de 2019, algo ocurrió dentro del apartamento donde la pareja residía. Lo único que se sabe con certeza es el final: Romina dejó de dar señales de vida en esa franja horaria. A partir de ahí, todo lo que rodea sus últimas horas procede del relato del propio Raúl, que durante años cambió de versión, negó responsabilidades y trató de reconstruir una “desaparición” que nunca encajó con los hechos que la Guardia Civil iba descubriendo paso a paso.
Lo más inquietante empezó justo después: su pareja no avisó de que Romina había desaparecido hasta una semana más tarde. El 9 de enero de 2019, denunció su ausencia asegurando que ella se había marchado de casa tras una discusión y no había regresado. En esos días, sin embargo, ya se habían encontrado restos humanos en distintas zonas del litoral de Lanzarote, que más tarde serían vinculados a Romina mediante pruebas genéticas. España comenzó a seguir el caso con una mezcla de horror y desconcierto.
El 13 de enero de 2019, Raúl Díaz fue detenido. En menos de 24 horas, ante la presión de los indicios, reconoció que se había deshecho del cuerpo de Romina, aunque insistía en que la había encontrado ya sin vida cuando regresó a casa esa Nochevieja. Decía haber actuado movido por el miedo a ser culpado, porque ella lo había denunciado meses antes por malos tratos, denuncia que había terminado archivada. Lo que presentaba como un “pánico irracional” parecía, para los investigadores, un intento desesperado de alejarse del centro del caso.
Las pesquisas reconstruyeron una secuencia escalofriante. Según los informes, Raúl compró productos y materiales que luego usaría para hacer desaparecer los restos de Romina, los sometió a fuego en una barbacoa y después los arrojó al mar en diferentes puntos de la isla, así como en contenedores. Durante semanas fueron apareciendo fragmentos en playas y zonas rocosas; algunas de esas partes, incluidas muestras de pulmón, terminaron siendo analizadas en laboratorio. Con el tiempo, se sabría que una parte de ese material fue destruido por error, algo por lo que la familia sigue reclamando.
En julio de 2019, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó oficialmente lo que ya era evidente: el caso de Romina Celeste se consideraba un crimen machista y ella fue reconocida como la primera víctima mortal por violencia de género de 2019 en España. La joven, que había denunciado a su pareja por agresiones y control, se sumaba así a una estadística que no deja de crecer, mientras sus allegados insistían en que esa denuncia nunca debió ser archivada.
Los años siguientes fueron una sucesión de retrasos, recursos y espera. Raúl Díaz pasó cuatro años en prisión preventiva, hasta que en enero de 2023 salió en libertad provisional al agotarse el plazo máximo permitido por la ley sin juicio. Esa decisión generó indignación social y un fuerte debate sobre los tiempos de la justicia en casos de violencia de género. Se reclamaron medidas de control extremas por el riesgo de fuga y por el impacto que esa libertad tenía en la familia de Romina.
El juicio se fijó finalmente para junio de 2023, más de cuatro años después de la desaparición de Romina. En la primera sesión, Raúl cambió por completo su versión: a través de su defensa reconoció que había acabado con la vida de su pareja y que después había hecho desaparecer sus restos, admitiendo también un historial de agresiones físicas y humillaciones continuadas hacia ella. Aceptó todos los delitos que se le imputaban: homicidio con agravantes de parentesco y género, maltrato habitual, lesiones, profanación de restos y simulación de delito.
Durante el juicio, el propio acusado llegó a describir a Romina como alguien “inferior”, “mujer joven, sin recursos”, revelando una visión profundamente despectiva que encajaba con el perfil de control y desprecio que relataban los testigos. En sus últimas palabras ante el jurado, pidió perdón “aunque no lo merezca” y aseguró arrepentirse, aceptando la pena que se le impusiera. Pero para la familia de Romina, ninguna frase podía compensar años de dolor, espera y dudas sobre lo que realmente ocurrió aquella madrugada de Año Nuevo.
El 9 de junio de 2023 llegó la sentencia: 15 años y tres meses de prisión. La Audiencia Provincial de Las Palmas lo consideró responsable de causar el final de Romina, de someterla a violencia continuada, de agredirla en más de una ocasión, de manipular sus restos y de fingir un delito para desviar la atención. La condena incluyó también una importante indemnización a la familia, que él empezó a abonar para intentar lograr cierta rebaja por reparación del daño, algo que generó debate ético pero que la ley contempla.
Incluso después de la condena, el caso ha seguido vivo en los tribunales. En 2024, el Consejo General del Poder Judicial respaldó que se indemnice a la madre de Romina por las dilaciones indebidas del proceso y por la destrucción de parte de las muestras de pulmón de su hija, claves en la investigación. Es un reconocimiento económico y simbólico de que el sistema falló también en la forma en que gestionó las pruebas y los tiempos, alargando aún más la espera de la familia.
Hoy, el nombre de Romina Celeste Núñez ya no es solo el de una joven desaparecida en Lanzarote, sino el de un caso que se estudia como ejemplo de violencia de género extrema, de manipulación posterior y de cómo una víctima migrante puede quedar atrapada entre el control de su pareja y la lentitud de las instituciones. En Paraguay, su historia se sigue recordando como la de una compatriota que se fue buscando oportunidades y terminó convertida en símbolo de una lucha que no conoce fronteras.
Porque detrás de cada titular sobre el “caso Romina Celeste Núñez” hay una madre que viaja miles de kilómetros para asistir a un juicio, unos hijos que crecerán con preguntas difíciles de responder, y una sociedad que se pregunta cómo es posible que una mujer que ya había pedido ayuda terminara con un final tan brutal. ¿Cuántas señales ignoradas, cuántas denuncias archivadas, cuántos avisos no atendidos hay detrás de cada historia que acaba así? ¿Y cuántas Rominas siguen hoy viviendo con alguien que ya ha cruzado todas las líneas del respeto, mientras el sistema todavía no las ve?
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