El mediodía del 16 de marzo de 2011, Amaia Azkue, una mujer de 39 años, vecina de Orio (Gipuzkoa), casada y madre de dos hijas, realizaba sus compras habituales en un centro comercial de la zona. Era una rutina cotidiana que debía terminar con la recogida de sus hijas en el colegio a las 17:00 horas. Sin embargo, Amaia nunca llegó a la puerta de la escuela. Ese silencio, esa ausencia repentina de una madre responsable, fue el primer indicio de que una tragedia se había gestado en las carreteras de la comarca de Urola Costa.
Su cuerpo fue hallado horas más tarde, flotando en las aguas del embalse de Ibai-Eder, en Azpeitia. Tenía las manos atadas y presentaba traumatismos craneoencefálicos severos. La brutalidad del hallazgo contrastaba con la aparición de su vehículo, un Renault Mégane gris, aparcado perfectamente en el aparcamiento del Santuario de Loiola, a kilómetros de distancia. Dentro del coche había restos de sangre y signos de lucha, pero faltaban sus tarjetas de crédito y algunos objetos personales.
La investigación de la Ertzaintza se enfrentó inicialmente a un rompecabezas sin piezas. Amaia no tenía enemigos, ni deudas, ni una doble vida. Parecía un crimen al azar, lo que lo hacía aún más aterrador para la comunidad. Durante cinco meses, los investigadores rastrearon cada pista, analizaron las cámaras de seguridad y las extracciones bancarias que se intentaron hacer con las tarjetas de la víctima después de su muerte. Pero el asesino parecía un fantasma.
La clave del caso fue el ADN. Los forenses encontraron perfiles genéticos desconocidos en el volante del coche y en otros enseres, pero no coincidían con ninguna base de datos policial. Ante el estancamiento, la Ertzaintza tomó una decisión arriesgada en agosto de 2011: pedir colaboración ciudadana difundiendo imágenes de objetos que el asesino se había llevado o dejado, con la esperanza de que alguien reconociera algo o de que el propio culpable sintiera la presión.
La estrategia funcionó, pero el desenlace dejó a la sociedad vasca en estado de shock. El 18 de agosto de 2011, un joven de 17 años llamado Ander E., vecino de Azpeitia e hijo de una familia conocida y "normal", se entregó en comisaría acompañado de su padre. No era un delincuente reincidente ni un marginal; era un estudiante que, meses antes de cumplir la mayoría de edad, había decidido matar.
La reconstrucción de los hechos reveló una historia de codicia banal y violencia desproporcionada. Aquel 16 de marzo, Ander hacía autostop. Amaia, confiada y generosa, paró su coche para llevarlo. Una vez dentro, el joven la amenazó, transformando el viaje en un secuestro exprés. Su objetivo era simple y terrorífico: quería dinero. La obligó a ir a varios cajeros automáticos, pero al no conseguir sacar efectivo, la situación se descontroló.
Con una frialdad impropia de su edad, Ander la llevó hasta el embalse. Allí, la golpeó repetidamente en la cabeza con piedras hasta acabar con su vida. Luego, ató el cuerpo y lo arrojó al agua para ocultar las pruebas. Tras el asesinato, condujo el coche de la víctima hasta el santuario, lo limpió superficialmente y regresó a su vida cotidiana, asistiendo a clases y conviviendo con su familia como si nada hubiera pasado durante cinco meses, mientras la foto de Amaia estaba en todos los periódicos.
Al ser menor de edad en el momento del crimen (le faltaban pocos meses para los 18), Ander fue juzgado bajo la Ley del Menor. Esto generó una indignación masiva, similar a la del caso Sandra Palo. La fiscalía pedía la pena máxima permitida para menores: 10 años de internamiento en régimen cerrado y 5 de libertad vigilada. La sociedad exigía que fuera juzgado como adulto dada la gravedad de los hechos, pero la ley era inamovible.
Durante el juicio, celebrado en 2012 en el Juzgado de Menores de San Sebastián, Ander cambió su versión. Retractó su confesión inicial y urdió una historia inverosímil, culpando a un supuesto tercer hombre que lo habría obligado a matar. Sin embargo, las pruebas de ADN en el volante y en el cuerpo de Amaia, junto con los datos de telefonía móvil, desmontaron su mentira. El juez no le creyó.
Fue condenado a 10 años de internamiento, la pena máxima. La sentencia estableció que Ander actuó con una frialdad extrema y una falta total de empatía. El motivo del crimen fue puramente económico, y al no obtener el dinero, eliminó a la testigo para evitar ser denunciado. Mató a una madre de familia por un botín inexistente.
Ander cumplió su condena en el centro de menores de Zumarraga. Durante su internamiento, se informó de su buen comportamiento y de su participación en programas de reeducación, aunque la familia de Amaia siempre cuestionó la autenticidad de su arrepentimiento, especialmente después de haber intentado engañar al tribunal.
En agosto de 2021, Ander E. cumplió los 10 años de internamiento efectivo y quedó en libertad, pasando a la fase de libertad vigilada. Salió a la calle con 27 años, con toda la vida por delante, una oportunidad que le negó a Amaia. La noticia de su liberación reabrió las heridas en Orio y Azpeitia, donde el recuerdo de la víctima seguía muy vivo.
Hoy, en enero de 2026, Ander es un hombre libre de más de 30 años. Ha cumplido íntegramente sus cuentas con la justicia según la legislación vigente. Vive en el anonimato, protegido por el derecho al olvido que ampara a quienes cometieron delitos siendo menores, aunque en la memoria colectiva del País Vasco su nombre sigue asociado a la tarde más oscura de Urola Costa.
Para la familia de Amaia Azkue, la justicia legal nunca se sintió como justicia moral. Su esposo y sus hijas tuvieron que aprender a vivir con la ausencia, sabiendo que el responsable estaba a pocos kilómetros, rehaciendo su vida. El caso puso de manifiesto, una vez más, la brecha entre la ley penal del menor y la gravedad de los crímenes de sangre.
El asesinato de Amaia cambió la percepción de la seguridad en la región. El gesto solidario de recoger a un autoestopista se convirtió en un tabú. La confianza vecinal se rompió al descubrir que el monstruo no era un forastero, sino un chico del pueblo que se sentaba en el pupitre de al lado.
El caso Azkue se estudia hoy como el paradigma de la violencia instrumental en menores: matar no por odio ni pasión, sino como un medio para un fin trivial, ejecutado por una generación que, en ocasiones, parece desconectada del valor de la vida ajena. Amaia sigue presente en el recuerdo de los suyos, mientras su asesino camina entre la multitud, invisible pero indeleble en la historia criminal.
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