La noche del domingo 9 de marzo de 2025, la ciudad de Badajoz se convirtió en el escenario de una tragedia anunciada. En un piso tutelado dependiente de la Junta de Extremadura, ubicado en una zona residencial de la ciudad, María Belén Cortés Flor, una educadora social de 35 años, cumplía su turno de trabajo. Belén, natural de Castuera, era una profesional vocacional, querida por sus compañeros y conocida por su paciencia infinita. Sin embargo, aquella noche estaba sola, custodiando a cuatro adolescentes con historiales conflictivos, una precariedad laboral que terminaría costándole la vida.
La dinámica en el piso ya era tensa. Horas antes, dos de los menores residentes, de 14 y 15 años, habían sido detenidos por la Policía Nacional tras cometer un robo con violencia en la calle. Sin embargo, debido a la falta de un fiscal de menores de guardia o de plazas en centros de régimen cerrado ese fin de semana, el juez de guardia ordenó su reingreso inmediato en el mismo piso tutelado. Devolvieron a los lobos al redil donde Belén estaba sola, sin personal de seguridad ni cámaras de vigilancia que la protegieran.
Lo que ocurrió de madrugada fue una explosión de violencia gratuita y depredadora. Según la reconstrucción forense y la sentencia dictada recientemente, tres de los menores —los dos chicos de 14 y 15 años, y una chica de 17 años— orquestaron un plan para huir del centro, y Belén era el único obstáculo en su camino. No se conformaron con atarla o encerrarla; decidieron eliminarla.
El ataque fue brutal y cobarde. Aprovechando su superioridad numérica y la confianza de la educadora, los dos chicos la abordaron por sorpresa. La golpearon salvajemente para reducirla, causándole traumatismos severos. Acto seguido, en un acto de crueldad extrema, utilizaron un cinturón para estrangularla hasta la muerte. Belén luchó por su vida, pero la fuerza conjunta de sus agresores y la asfixia mecánica acabaron con ella en minutos. La chica de 17 años, aunque no ejecutó la maniobra letal, estuvo presente, consintió el crimen y colaboró en la huida, convirtiéndose en cómplice necesaria del horror.
Con el cuerpo de Belén yaciendo sin vida en el suelo del piso que ella intentaba convertir en un hogar para ellos, los menores no mostraron remordimiento. Le robaron las llaves de su coche particular y emprendieron la huida hacia la localidad de Mérida. Su fuga, sin embargo, fue efímera. La inexperiencia al volante y la velocidad provocaron que sufrieran un accidente de tráfico a la altura de Torremayor. Allí, haciendo autostop para continuar su escape, fueron finalmente interceptados y detenidos por la Guardia Civil, que ya había sido alertada tras el hallazgo del cadáver de la educadora por el relevo del turno o la policía.
La noticia del asesinato de Belén Cortés cayó como una bomba en la sociedad extremeña y en el colectivo de educadores sociales de toda España. Se convocaron manifestaciones masivas bajo el lema "No es un accidente, es un asesinato", denunciando que Belén no murió por mala suerte, sino por la dejadez de una administración que permite que trabajadores sociales afronten solos situaciones de altísimo riesgo con menores de perfiles violentos.
El proceso judicial fue rápido, dado que la instrucción con menores tiene plazos más cortos. El juicio se celebró a puerta cerrada en el Juzgado de Menores de Badajoz en octubre de 2025. Las defensas intentaron alegar el contexto de exclusión social de los chicos o el consumo de sustancias, pero la brutalidad de la asfixia con el cinturón dejó poco margen para la duda sobre la intencionalidad homicida.
La sentencia definitiva llegó hace apenas unas semanas, en diciembre de 2025, y ha dejado un sabor amargo en la familia de Belén y en la opinión pública. Aplicando la Ley del Menor en su marco actual, los dos autores materiales (14 y 15 años) han sido condenados a 6 años de internamiento en régimen cerrado, seguidos de libertad vigilada. La menor de 17 años, considerada cómplice, ha recibido una pena de 5 años de internamiento.
Para los padres de Belén y su entorno en Castuera, donde se decretaron tres días de luto oficial, la condena es irrisoria. Se preguntan cómo es posible que quitar una vida con tal saña se pague con solo seis años de privación de libertad real. Los asesinos de Belén saldrán a la calle siendo jóvenes de apenas 20 o 21 años, con toda la vida por delante y, legalmente, sin antecedentes penales que manchen su expediente adulto.
La sentencia también tuvo una vertiente civil histórica: condenó a la Junta de Extremadura, de manera directa y solidaria, a indemnizar a la familia con más de 640.000 euros. El juez entendió que la administración falló en su deber de custodia ("culpa in vigilando") y en la protección de su trabajadora, al dejarla sola con menores que acababan de delinquir y que presentaban un riesgo evidente. Es un reconocimiento judicial de que el sistema mató a Belén tanto como el cinturón de sus agresores.
Hoy, en enero de 2026, los tres condenados cumplen su pena en el Centro de Menores Marcelo Nessi de Badajoz, irónicamente el mismo sistema que tutelaba su reinserción. Mientras tanto, el sector de la educación social sigue en pie de guerra, exigiendo que se modifiquen los protocolos para que nunca más una educadora tenga que enfrentarse sola a la muerte en su puesto de trabajo.
El nombre de Belén Cortés, de 35 años, se ha unido tristemente al de Leticia Rosino y otras mujeres que, dedicando su vida a ayudar a los más vulnerables, encontraron el final a manos de quienes intentaban salvar. Su coche robado y accidentado en una cuneta de Extremadura es la imagen final de una vocación destrozada por la violencia juvenil y la ineficacia institucional.
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