El martes 14 de octubre de 2025, la rutina de la Carretera de Carmona en Sevilla se quebró con el sonido seco de una tragedia que nadie quiso escuchar a tiempo. Sandra Peña Villar, una adolescente de 14 años, regresó del colegio Irlandesas de Loreto como hacía cada día. Entró en su casa, dejó su mochila escolar en la entrada —ese objeto que cargaba no solo libros, sino un sufrimiento inconfesable— y, en un acto impulsivo y definitivo, se dirigió al balcón para lanzarse al vacío desde un quinto piso.
No hubo cartas de despedida, ni mensajes de última hora. Fue la culminación silenciosa de un dolor que se había vuelto insoportable. Los servicios de emergencia llegaron minutos después, encontrándose con una escena devastadora ante la que nada pudieron hacer salvo certificar el fallecimiento. Sandra, una niña descrita como alegre, deportista y apasionada del Real Betis, había decidido que la muerte era preferible a volver a entrar en su aula al día siguiente.
La noticia corrió como la pólvora por el barrio y por los grupos de WhatsApp de los padres del colegio. Lo que al principio se trató con la discreción de un "suceso lamentable", pronto destapó una olla a presión de negligencias y crueldad infantil. Sandra no se había ido por un problema de salud mental espontáneo; Sandra había sido empujada, día tras día, por una campaña de acoso escolar que minó su autoestima hasta destruirla.
La investigación posterior reveló que el calvario de la menor había comenzado mucho antes, al menos en la primavera de 2025. Un grupo de tres compañeras de su misma clase la había convertido en el blanco de sus burlas. Los insultos sobre su físico ("gorda") y sobre su supuesta orientación sexual ("lesbiana") eran constantes, trascendiendo las paredes del colegio para perseguirla en redes sociales con la difusión de fotografías humillantes.
Lo más doloroso para la familia Peña-Villar no fue solo la maldad de las acosadoras, sino la inacción de quienes debían protegerla. Los padres de Sandra habían alertado al centro educativo en reiteradas ocasiones sobre la situación. Habían presentado informes, habían pedido ayuda a la orientación escolar y habían suplicado que se frenara el hostigamiento. Sin embargo, la respuesta institucional fue tibia y burocrática.
El colegio Irlandesas de Loreto, según confirmaron posteriormente las investigaciones de la Inspección Educativa, no activó el Protocolo de Acoso Escolar ni el Protocolo de Conductas Autolíticas (suicidio), a pesar de que existían indicios claros de riesgo. La única medida tomada fue cambiar a Sandra de clase, una solución que a menudo estigmatiza a la víctima y no soluciona el problema de fondo, pues el acoso continuó en los pasillos y en el entorno digital.
Tras el suicidio, la indignación social estalló. A finales de octubre y noviembre de 2025, Sevilla vivió manifestaciones multitudinarias y huelgas estudiantiles bajo el lema "Justicia para Sandra". La sociedad no podía comprender cómo, en plena era de la concienciación sobre el bullying, una niña podía sentirse tan sola como para saltar de un balcón teniendo a sus padres luchando por ella.
La Fiscalía de Menores abrió diligencias inmediatas contra las tres presuntas acosadoras, también menores de edad. En un movimiento para proteger su integridad y calmar la tensión en el centro, estas alumnas fueron apartadas de las clases presenciales y pasaron a recibir educación telemática desde sus domicilios mientras avanzaba la instrucción penal juvenil.
Paralelamente, la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía abrió un expediente para depurar responsabilidades dentro del colegio. Las conclusiones preliminares fueron demoledoras: el sistema había fallado. Se detectó una falta de diligencia en la aplicación de las normativas de convivencia y protección del menor, dejando a Sandra en una situación de desamparo institucional.
Llegado enero de 2026, el caso ha dado un nuevo giro judicial de gran calado. La familia de Sandra, lejos de conformarse con el duelo, ha decidido ir un paso más allá en la búsqueda de justicia. El pasado 9 de enero, interpusieron una querella criminal directa contra la dirección del colegio y contra los docentes que conocían la situación, acusándolos de homicidio imprudente y delitos contra la integridad moral.
Esta acción legal marca un precedente importante. Los padres buscan que la responsabilidad no recaiga solo en las manos ejecutoras (las niñas acosadoras), sino en las manos que, por omisión, permitieron que el acoso floreciera. Consideran que la muerte de su hija era un resultado previsible y evitable si los profesionales hubieran actuado con la diligencia debida.
El colegio, por su parte, ha mantenido una postura defensiva, pidiendo cautela y respeto a la presunción de inocencia, aunque la presión mediática y social sobre la institución es asfixiante. La comunidad educativa de Sevilla se encuentra dividida entre el apoyo a los docentes y la exigencia de una purga de responsabilidades que garantice que esto no vuelva a suceder.
Expertos en salud mental infantil han utilizado el caso de Sandra como un ejemplo trágico de la "ceguera selectiva" en los centros escolares. Advierten que separar a la víctima no es protegerla si no se interviene sobre el grupo agresor y se ofrece un soporte psicológico real y continuado dentro del entorno escolar.
Mientras los tribunales deciden el futuro penal de las menores y de los directivos del colegio, la habitación de Sandra permanece intacta, congelada en el tiempo desde aquel octubre de 2025. Su camiseta del Betis y sus libros de texto son testigos mudos de una vida interrumpida por la crueldad y la burocracia.
El legado de Sandra Peña ya es imborrable. Su nombre se ha convertido en bandera de la lucha contra el acoso escolar en España, impulsando la exigencia de una "Ley Sandra" que endurezca las sanciones para los centros que ignoren las alertas de las familias.
La crónica de su muerte es una pesadilla recurrente para cualquier padre: enviar a tu hija a un lugar seguro y recibirla devuelta en un ataúd. Sandra no murió solo por el impacto de la caída; murió el día que entendió que, para el sistema, su sufrimiento era solo un conflicto de convivencia menor. Hoy, Sevilla llora, pero también exige que alguien pague por haber mirado hacia otro lado.
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