A veces, el peligro más inminente no se anuncia con estruendo, sino que se agazapa en el silencio de un hogar que debería ser seguro. Eva regresaba a su casa en Liaño de Villaescusa con la tranquilidad frágil de quien cree que la tormenta ha pasado, aferrada a la certeza errónea de que su expareja estaba bajo custodia policial. Caminaba hacia la puerta con su bebé de once meses en brazos, cargando una bandolera con los enseres de la pequeña, sin saber que al cruzar el umbral no encontraría la paz que tanto buscaba, sino un final irreversible que ya la estaba esperando en la penumbra.
Eva Jaular, de 40 años, había intentado reconstruir su vida lejos del control y la dominación. Su relación con José Reñones había estado marcada por comportamientos autoritarios y despectivos, una dinámica asfixiante de la que ella había decidido escapar para protegerse a sí misma y a su hija. La decisión de poner fin a la convivencia no fue sencilla, pero era necesaria. Sin embargo, en estos casos, la ruptura no siempre significa el final del miedo, sino el inicio de una etapa donde la obsesión del agresor puede volverse letal.
Existía una orden de alejamiento, un papel legal que teóricamente trazaba una línea invisible de protección alrededor de Eva y su bebé. Esa medida judicial debía ser un muro infranqueable entre ellas y quien las amenazaba, pero la realidad demostró ser mucho más porosa y cruel. José, incapaz de aceptar el rechazo y la pérdida de control sobre sus vidas, decidió que esa prohibición no era un obstáculo, sino un desafío a su autoridad.
El día de los hechos, una cadena de errores y fatalidades se alineó en contra de las víctimas. Eva mantenía contacto con su entorno y, según se reveló posteriormente, tenía la convicción de que José había sido detenido por quebrantar la orden de alejamiento. Esa falsa seguridad fue determinante; ella volvió a su vivienda creyendo que el sistema había funcionado, que la amenaza estaba neutralizada tras las rejas, cuando en realidad el peligro caminaba libre y tenía un plan trazado.
La investigación posterior, meticulosa y dolorosa, reveló que José Reñones había accedido a la vivienda familiar violando la restricción impuesta. No fue un encuentro casual ni un arrebato momentáneo; su presencia allí indicaba una premeditación escalofriante. Esperó o accedió sabiendo que ellas llegarían, convirtiendo el espacio doméstico, ese lugar sagrado de intimidad y descanso, en el escenario de una emboscada de la que no habría escapatoria posible.
Cuando Eva entró en la casa, el ataque fue sorpresivo y devastador. No hubo oportunidad de defensa, ni palabras que pudieran detener la violencia desatada. Los informes forenses describirían después un ensañamiento brutal contra ella, una agresión que iba más allá de causar la muerte, buscando infligir un dolor añadido, un castigo final por su osadía de querer ser libre. La brutalidad del acto reflejaba el odio profundo de quien no tolera la independencia de la mujer a la que considera de su propiedad.
Pero el horror no se detuvo en Eva. En la vivienda también estaba la pequeña, una bebé de apenas once meses que, por su edad, carecía de cualquier capacidad para comprender o huir de lo que sucedía. La violencia de José se extendió hacia su propia hija, a quien asfixió en un acto que el jurado popular calificaría más tarde de dominación machista absoluta. Apagar la vida de la niña fue la forma más cruel de borrar cualquier rastro de la madre y de ejercer el máximo daño posible.
Tras consumar el doble crimen, el silencio volvió a adueñarse de la casa en Liaño, pero ahora era un silencio pesado y definitivo. José Reñones abandonó el lugar, dejando atrás los cuerpos sin vida de quienes debían ser su familia. Su huida no fue la de alguien carcomido por la culpa inmediata, sino la de quien intenta evadir las consecuencias de sus actos, ocultándose mientras la incertidumbre comenzaba a crecer entre los allegados de Eva.
La alarma no sonó de inmediato. Fue la ausencia de noticias, las llamadas no respondidas y la extrañeza de los familiares lo que activó la preocupación. El 17 de diciembre de 2021, la Guardia Civil, alertada por el entorno de las víctimas, ingresó en el domicilio. Lo que encontraron allí confirmó los peores presagios: dos vidas segadas en un entorno que parecía cotidiano, una escena que heló la sangre incluso de los agentes más experimentados.
La detención de José Reñones se produjo horas después en El Astillero. Lejos de confesar o mostrar arrepentimiento, su actitud inicial y durante todo el proceso fue de negación y desafío. Llegó a declarar que, aunque era un "bocazas" y se había portado mal, no era un asesino, e incluso instó a los investigadores a buscar en otra parte, sugiriendo sospechas infundadas para desviar la atención de las pruebas que lo incriminaban cada vez más.
Durante el juicio, la tecnología jugó un papel crucial para desmontar sus coartadas. Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) situaron su teléfono móvil en la vivienda de Liaño en el momento de los crímenes, contradiciendo su versión de los hechos. La geolocalización se convirtió en un testigo mudo pero irrefutable que, sumado a los mensajes amenazantes previos y al quebrantamiento de la orden de alejamiento, cerró el cerco sobre él.
El jurado popular no tuvo dudas. Por unanimidad, declararon a José Reñones culpable de dos delitos de asesinato, apreciando las agravantes de parentesco y de género. Consideraron probado que atacó a Eva por sorpresa y con alevosía, y que la muerte de la bebé fue un crimen ejecutado con plena consciencia y frialdad. La sentencia fue histórica para la región: prisión permanente revisable por el asesinato de la menor y 25 años de cárcel por el de Eva.
La condena, ratificada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, trajo consigo una sensación de justicia legal, pero no pudo reparar el daño irreparable. La prisión permanente revisable, la máxima pena privativa de libertad en el código penal español, se aplicó debido a la extrema vulnerabilidad de la bebé, reconociendo la atrocidad singular de arrebatar la vida a quien apenas comienza a vivir.
Este caso puso de manifiesto, una vez más, las grietas del sistema de protección. El hecho de que Eva creyera que su agresor estaba detenido cuando en realidad estaba libre es un fallo de comunicación imperdonable que costó dos vidas. No basta con dictar órdenes de alejamiento; la gestión de la información y la vigilancia efectiva son vitales para que las víctimas no vivan bajo una falsa sensación de seguridad que las deja expuestas.
La comunidad de Liaño y la sociedad cántabra quedaron marcadas por el suceso. No fue solo un titular de prensa, sino un golpe a la conciencia colectiva. Las indemnizaciones económicas impuestas al condenado, aunque elevadas, son cifras vacías frente a la ausencia de una madre y su hija, cuyas risas y futuro fueron borrados en una tarde gris de diciembre.
Hoy, la historia de Eva y su bebé nos recuerda que la violencia de género no es un conflicto privado, sino una emergencia social. José Reñones pasará décadas, quizás el resto de su vida, tras los muros de una prisión, pero en el exterior queda el vacío de dos vidas que el sistema no llegó a proteger a tiempo. Su memoria exige que no apartemos la vista y que entendamos que, para algunas mujeres, el peligro más letal tiene las llaves de su propia casa.
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