Madrid, 2013-2014. El distrito de Ciudad Lineal vivía sumido en una psicosis colectiva. Los parques infantiles, habitualmente llenos de risas, se habían convertido en zonas de vigilancia extrema por parte de padres aterrorizados. Un depredador invisible estaba secuestrando niñas a plena luz del día, abusando de ellas y liberándolas después en un estado de aturdimiento químico. El responsable era Antonio Ortiz, un hombre que pasaría a la historia criminal como el "Pederasta de Ciudad Lineal".
Ortiz no era un desconocido para el sistema, aunque sí para sus vecinos. Detrás de su fachada de culturista obsesionado con su físico y trabajador de una multinacional, se escondía un pederasta reincidente que ya había cumplido una condena menor en los años 90 por hechos similares. Tras salir de prisión, lejos de rehabilitarse, perfeccionó su *modus operandi* con una frialdad casi militar para evitar ser capturado de nuevo.
Su método era escalofriante por su planificación. Seleccionaba a sus víctimas, niñas de entre 5 y 9 años, en entornos cotidianos. Utilizaba la fuerza o el engaño para introducirlas en su vehículo y las trasladaba a uno de los pisos francos que tenía, incluido uno en la calle Santa Virgilia. Allí, sometía a las menores a agresiones sexuales continuadas, pero con una particularidad que dificultó enormemente la investigación: las drogaba.
Ortiz suministraba a las niñas potentes ansiolíticos y sedantes (benzodiacepinas) para anular su voluntad durante el secuestro y, sobre todo, para provocarles amnesia anterógrada. Quería borrar de sus mentes cualquier recuerdo de su rostro o del lugar del crimen. Además, lavaba meticulosamente la ropa de las pequeñas o las bañaba con lejía y productos químicos para eliminar cualquier rastro de su propio ADN antes de liberarlas en descampados lejanos.
La Policía Nacional puso en marcha la "Operación Candy", uno de los despliegues más masivos y complejos de su historia. Cientos de agentes, helicópteros y controles aleatorios blindaron Madrid. Se revisaron miles de vehículos, se analizaron millones de datos telefónicos y se visionaron infinitas horas de cámaras de seguridad. La presión mediática y social sobre los investigadores era asfixiante; cada día que pasaba era un riesgo de que otra niña desapareciera.
La clave de su caída fue, irónicamente, su obsesión y un error en sus precauciones. A pesar de cambiar de coche y de aspecto físico, los investigadores lograron aislar patrones en los vehículos avistados cerca de los lugares de los secuestros. El cerco se estrechó sobre un hombre que había apagado su teléfono móvil en las franjas horarias exactas de los crímenes y cuyos movimientos coincidían con las zonas de actuación.
El 24 de septiembre de 2014, la caza terminó. Antonio Ortiz fue localizado y detenido en Santander, donde se había refugiado trabajando en un gimnasio, intentando huir de la presión en Madrid. Al ser arrestado, mostró una frialdad absoluta, negando los hechos. Sin embargo, los registros en sus viviendas fueron demoledores: se encontraron los fármacos usados para drogar a las niñas y restos biológicos que habían resistido a su obsesiva limpieza.
El juicio se celebró en 2016 y 2017 en la Audiencia Provincial de Madrid. Fue un proceso duro, donde las víctimas, ya un poco más mayores, tuvieron que declarar protegidas por mamparas. Ortiz mantuvo una actitud arrogante y silenciosa, llegando a encararse con el tribunal. La defensa intentó alegar nulidades procesales, pero la contundencia de las pruebas científicas y los posicionamientos telefónicos desmontaron cualquier coartada.
La sentencia fue ejemplar: 70 años y seis meses de prisión por cuatro delitos de agresión sexual, cuatro de detención ilegal y lesiones. El Tribunal Supremo ratificó la condena poco después, confirmando que Ortiz era un peligro público que debía ser apartado de la sociedad el máximo tiempo legal posible. Se estableció un cumplimiento efectivo de 20 años de cárcel, el máximo permitido por la ley para esos delitos en ese momento, aunque sin posibilidad de beneficios penitenciarios tempranos.
Antonio Ortiz ingresó en la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), un centro conocido por albergar a delincuentes sexuales y criminales mediáticos. Su vida en prisión ha sido todo menos tranquila. En el código carcelario, los delitos contra niños no se perdonan, y Ortiz, con su actitud altiva y falta de empatía, se convirtió rápidamente en un objetivo.
En los años posteriores a su ingreso, sufrió varias agresiones. La más grave ocurrió hacia 2019, cuando otro recluso intentó apuñalarlo en el patio, dejándole heridas serias en la cabeza y el rostro. Este incidente obligó a Instituciones Penitenciarias a reforzar su aislamiento y medidas de seguridad, convirtiéndolo en un "preso sombra", aislado para garantizar su integridad física.
A fecha de enero de 2026, Antonio Ortiz lleva cumplidos más de 11 años de condena efectiva. Actualmente tiene alrededor de 55 años. Su aspecto físico ha cambiado; el culturista imponente de 2014 ha dado paso a un hombre envejecido prematuramente por la tensión carcelaria y el aislamiento prolongado. Sigue clasificado en primer grado o con medidas restrictivas severas debido a su perfil y al riesgo que corre entre la población reclusa común.
Los informes psicológicos penitenciarios realizados a lo largo de estos años han sido desalentadores. Ortiz sigue sin reconocer la gravedad de sus actos ni mostrar empatía hacia las víctimas. Mantiene una estructura de personalidad narcisista y manipuladora, lo que hace inviable cualquier tipo de permiso penitenciario a corto o medio plazo en 2026.
Las víctimas, que hoy son mujeres jóvenes mayores de edad, continúan sus procesos de sanación. Algunas arrastran secuelas psicológicas profundas derivadas no solo del abuso, sino de la intoxicación química y el terror vivido. El Estado tuvo que indemnizarlas, pero el dinero no borra las noches de pesadilla en el piso de Santa Virgilia.
El caso del pederasta de Ciudad Lineal cambió la forma en que Madrid vigila sus parques. Impulsó una mayor coordinación policial y el uso de tecnologías de análisis de datos en investigaciones criminales. La "Operación Candy" se estudia hoy como un éxito policial que sacó de las calles a un depredador en serie antes de que matara.
Antonio Ortiz pensó que era más listo que la policía y más fuerte que sus víctimas. Se equivocó. Hoy, su mundo se reduce a cuatro paredes de hormigón, mientras que las niñas a las que intentó destruir han crecido para recuperar la vida que él quiso robarles. La sentencia social es, al igual que la judicial, perpetua.
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