Palma de Mallorca, 25 de septiembre de 2011. La noche caía sobre el barrio palmesano de Son Gotleu. Nora Ayala, una adolescente de 16 años, había salido con la promesa de volver temprano. Sus padres, José Miguel y Teresa, la describían como una chica responsable, aunque en los últimos tiempos habían notado cambios sutiles en su comportamiento que atribuían a la edad del pavo. Cuando el reloj marcó la hora límite y Nora no cruzó la puerta, la angustia se instaló en el hogar.
A las 23:40, incapaz de esperar más, su padre decidió bajar a buscarla. No tuvo que ir muy lejos. Al abrir la puerta del domicilio, se encontró con la peor escena posible: su hija yacía desplomada en el rellano de la escalera, inmóvil. Tenía sangre en la cara y una herida en la barbilla. En un primer momento, el padre pensó que había sido víctima de una paliza brutal. La realidad, sin embargo, era mucho más química y silenciosa.
Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar su vida. La autopsia posterior revelaría que Nora había fallecido a causa de una trombosis pulmonar masiva provocada por una sobredosis letal de cocaína y heroína. La noticia cayó como una bomba sobre la familia. ¿Cómo podía una niña de 16 años, que supuestamente iba al instituto y llevaba una vida normal, morir consumida por drogas duras en la puerta de su casa?
La muerte de Nora no fue el final, sino el principio de una investigación que destaparía las cloacas de la ciudad. La Policía Nacional, sospechando que detrás de esa sobredosis había algo más que un consumo voluntario, inició la "Operación Nancy". Los agentes comenzaron a tirar del hilo del teléfono móvil de la menor y de sus redes sociales, encontrando un patrón de comunicaciones aterrador.
Descubrieron que Nora no estaba sola en su adicción. Había sido captada por una red de explotación de menores liderada por adultos sin escrúpulos que operaban con total impunidad. La figura clave en esta captación era Eva María Vera, una mujer de 36 años que se había ganado la confianza de Nora fingiendo ser su amiga, pero que en realidad actuaba como la "madame" y reclutadora para la organización.
El modus operandi era cruelmente sencillo: enganchar a las menores a las drogas para crear una dependencia absoluta. Una vez que Nora y otras chicas eran adictas, la red les ofrecía las dosis a cambio de servicios sexuales. La prostitución no era una elección, era la única moneda de cambio que les permitían tener para evitar el síndrome de abstinencia.
En la cúspide de esta pirámide de explotación se encontraba Edison Cornelio Flores, alias "Eric", un traficante que no solo suministraba las sustancias, sino que se lucraba directamente de los encuentros sexuales de las menores con terceros. La investigación reveló que Nora había llegado a recibir más de 1.400 llamadas en un solo mes, un acoso constante para controlar cada uno de sus movimientos y asegurar su disponibilidad.
El dolor de los padres de Nora se transformó en coraje. Fueron ellos quienes, revisando los mensajes de su hija, aportaron pruebas clave para identificar a los culpables. El Tribunal Supremo llegaría a avalar posteriormente la validez de estos SMS como prueba, sentando jurisprudencia sobre el derecho de los padres a investigar la vida digital de sus hijos fallecidos para esclarecer la verdad.
En 2014, la justicia dictó sentencia. La Audiencia de Palma condenó a siete acusados a penas que sumaban casi 60 años de cárcel. Eva María Vera fue sentenciada a 15 años y medio de prisión, aplicándosele una atenuante por su propia drogadicción, aunque se reconoció su papel fundamental en la corrupción de la menor. Por su parte, "Eric", el cabecilla, recibió una condena de 17 años y medio.
La sentencia confirmó que Nora fue víctima de un homicidio imprudente, además de delitos de prostitución de menores y contra la salud pública. Los jueces consideraron probado que los acusados sabían que le estaban suministrando un cóctel mortal a una niña y no hicieron nada para evitar el desenlace fatal, abandonándola a su suerte en la escalera cuando ya estaba muriendo.
El caso conmocionó a la sociedad balear y española, abriendo un debate sobre la invisibilidad de los menores en riesgo. Nora iba a clase, vivía con sus padres y, sin embargo, llevaba una doble vida impuesta por adultos depredadores que supieron ocultarse tras la apariencia de normalidad.
Llegado enero de 2026, la situación penitenciaria de los condenados ha evolucionado. Eva María Vera y Edison Cornelio Flores han cumplido la gran mayoría de sus condenas. Teniendo en cuenta las redenciones ordinarias y el tiempo transcurrido desde su ingreso en prisión preventiva (alrededor de 2012), ambos se encuentran ya en libertad definitiva o en la fase final de libertad condicional, habiendo saldado su deuda legal con el Estado.
Sin embargo, para la familia Ayala, la condena es perpetua. Los padres de Nora han vivido estos quince años con la ausencia de su hija y con la pregunta constante de si podrían haber hecho algo más. Su lucha judicial sirvió para que otras menores, que también estaban siendo explotadas por la misma red, pudieran ser rescatadas a tiempo.
La "Operación Nancy" se estudia hoy en las academias de policía como un ejemplo de cómo las redes de microtráfico pueden derivar en tramas complejas de trata de seres humanos. El caso de Nora puso rostro a las víctimas que no están en polígonos industriales lejanos, sino en los parques de nuestros barrios.
Hoy, la puerta donde Nora fue encontrada sigue siendo un lugar de memoria para sus allegados. No hay placa que lo recuerde, pero el vecindario no olvida la noche en que la inocencia de una niña fue devuelta en forma de cadáver.
Nora Ayala tendría hoy 31 años. Podría ser esteticista, como soñaba, o madre, o simplemente una mujer libre. Pero su futuro fue hipotecado y cobrado por unos gramos de polvo blanco y la codicia de quienes vieron en ella no a una niña, sino a un objeto de consumo.
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