En la historia criminal de España, pocos nombres evocan una sensación tan profunda de vergüenza colectiva como el de Dolores Vázquez Mosquera. Su caso no es la historia de un crimen que ella cometió, sino la crónica de cómo el Estado, los medios de comunicación y la sociedad decidieron destruir la vida de una mujer inocente basándose únicamente en prejuicios, homofobia y una investigación policial cegada por la necesidad de encontrar un culpable rápido. Dolores pasó 519 días en prisión por un asesinato que no cometió, convirtiéndose en la víctima viva de un sistema que falló estrepitosamente.
Todo comenzó el 9 de octubre de 1999 en Mijas (Málaga), con la desaparición de Rocío Wanninkhof, una joven de 19 años. Cuando su cuerpo apareció semanas después, la presión social era asfixiante. La Guardia Civil, incapaz de encontrar pruebas forenses concluyentes en la escena del crimen, dirigió su mirada hacia el entorno más cercano. Fue entonces cuando fijaron su objetivo en Dolores Vázquez, expareja de Alicia Hornos, la madre de Rocío. No había ADN, no había arma, no había testigos. Solo había una mujer seria, reservada y lesbiana en una época donde eso bastaba para ser sospechosa.
La investigación se construyó sobre arenas movedizas. La Guardia Civil perfiló a Dolores como una mujer "fría, calculadora y dominante". Se utilizó su orientación sexual y su carácter introvertido como indicios de culpabilidad. La narrativa oficial fue que Dolores, despechada por la ruptura con Alicia, había matado a Rocío porque la veía como un obstáculo para recuperar a su madre. Esta teoría, digna de una telenovela, fue comprada sin cuestionamientos por la prensa y la opinión pública, ignorando la falta absoluta de evidencia física que la situara en el lugar de los hechos.
El linchamiento mediático fue brutal y sin precedentes. Dolores fue detenida en septiembre de 2000, y desde ese momento, la presunción de inocencia se evaporó. Los programas de televisión la bautizaron como "la asesina" antes de que se celebrara el juicio. Se analizaron sus gestos, su ropa y su falta de lágrimas públicas. España entera la juzgó por no llorar ante las cámaras, confundiendo el dolor procesado en privado con la frialdad de una psicópata. La sociedad exigía una bruja para quemar en la hoguera, y Dolores encajaba en el papel.
El juicio, celebrado en 2001, fue una farsa judicial impulsada por un jurado popular contaminado por la intoxicación mediática. A pesar de que no había ni una sola prueba biológica que incriminara a Dolores, el jurado la declaró culpable. Se basaron en testimonios subjetivos y en la errónea creencia de que "si la Guardia Civil dice que fue ella, fue ella". Fue condenada a 15 años y un día de prisión. La imagen de Dolores escuchando la sentencia con el rostro petrificado dio la vuelta al país, confirmando para muchos su maldad, cuando en realidad era el rostro del terror absoluto ante la injusticia.
Su estancia en la cárcel de Alhaurín de la Torre fue un infierno. Dolores vivió aislada, temiendo por su integridad física, gritando su inocencia ante muros que no escuchaban. Mientras ella perdía la libertad y la dignidad, el verdadero asesino seguía libre, caminando por las mismas calles de la Costa del Sol, protegido por la ceguera de quienes debían perseguirlo. La madre de Rocío, Alicia Hornos, convencida por la Guardia Civil, se convirtió en la principal acusadora de Dolores, añadiendo una capa de tragedia personal al drama legal.
El giro del destino llegó en 2002, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la sentencia. El alto tribunal detectó lo que era evidente: el veredicto del jurado carecía de motivación y pruebas. Se ordenó un nuevo juicio. Sin embargo, la verdadera exoneración no vendría de los tribunales, sino de una nueva tragedia. En agosto de 2003, otra joven, Sonia Carabantes, fue asesinada en Coín. El modus operandi era similar, y esta vez, el asesino dejó un rastro que no pudo borrar.
El ADN encontrado en el cuerpo de Sonia Carabantes coincidía con una colilla de tabaco hallada en el lugar donde apareció el cuerpo de Rocío Wanninkhof cuatro años antes. La ciencia habló donde la intuición policial había fallado. El perfil genético correspondía a Tony Alexander King, un depredador sexual británico con un largo historial delictivo que vivía en la zona. King confesó los crímenes. La detención del verdadero asesino dejó al descubierto la magnitud del error cometido con Dolores.
La libertad de Dolores Vázquez no fue una celebración, sino el comienzo de un nuevo calvario: el del reconocimiento. El Estado tardó en pedir perdón. La investigación contra ella había sido tan defectuosa que se ignoraron pistas sobre vehículos sospechosos y perfiles de agresores sexuales en la zona, todo por la obsesión de encajar a Dolores en el crimen. La Guardia Civil había sufrido una "visión de túnel", descartando cualquier evidencia que no apuntara a la expareja de la madre.
El daño psicológico a Dolores fue irreparable. Salió de prisión estigmatizada. A pesar de su inocencia probada, parte de la sociedad seguía mirándola con recelo, incapaz de admitir que habían participado en un linchamiento colectivo. Dolores perdió su casa, su trabajo, sus ahorros y su salud mental. Se exilió a su tierra natal, Betanzos (Galicia), buscando el anonimato y huyendo de los focos que tanto daño le habían hecho.
La batalla por la indemnización fue otro insulto. El Ministerio de Justicia inicialmente le negó la compensación económica argumentando tecnicismos legales vergonzosos. Dolores reclamaba 4 millones de euros por el tiempo en prisión y el daño moral. La Abogacía del Estado llegó a argumentar que ella no había colaborado lo suficiente para demostrar su inocencia, invirtiendo la carga de la prueba. Finalmente, años después, se reconoció el error, pero la cifra económica nunca pudo cubrir la devastación de su vida.
Durante casi 20 años, Dolores mantuvo un silencio sepulcral. No concedió entrevistas, no escribió libros, no buscó fama. Vivió como una fantasma en vida, cuidando de su madre anciana. No fue hasta 2021, con el documental de HBO Max "Dolores: La verdad sobre el caso Wanninkhof", que decidió hablar. Su testimonio, pausado y doloroso, mostró a una mujer rota que nunca entendió por qué se cebaron con ella.
En el documental, Dolores narró cómo la Guardia Civil la presionaba en los interrogatorios, cómo la prensa acampaba en su puerta y cómo la propia Alicia Hornos, la mujer a la que había amado y ayudado a criar a sus hijas, la odiaba visceralmente inducida por las mentiras policiales. Ver a Dolores hablar sirvió para que España hiciera un examen de conciencia sobre la homofobia latente de los años 90 y el peligro de los juicios paralelos.
Hoy, en 2026, Dolores Vázquez sigue viviendo una vida sencilla en Betanzos. Tony King sigue en prisión, donde morirá. Alicia Hornos, trágicamente, sigue sosteniendo en ocasiones dudas sobre la inocencia de Dolores, incapaz de aceptar que el odio que sintió durante años fue dirigido a la persona equivocada. La herida entre ellas nunca sanó.
El caso de Dolores Vázquez se estudia hoy en las facultades de Derecho y Periodismo como el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer. Demostró que la intuición policial no es prueba, que el silencio no es culpabilidad y que la presión mediática puede convertir a ciudadanos honrados en monstruos a ojos de la nación.
La historia de Dolores no es la de una asesina, sino la de una superviviente del sistema. Su nombre quedó limpio en los papeles del juzgado, pero la mancha social tardó décadas en borrarse. Dolores Vázquez pagó con 519 días de su vida y con su alma entera por el simple hecho de ser una mujer diferente a lo que la sociedad esperaba, convirtiéndose en el chivo expiatorio de un país que necesitaba un culpable a cualquier precio.
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