En Barbate, el puerto suele oler a gasoil y sal, a rutina de amarras y turnos. Aquella tarde de febrero, el temporal había convertido la costa en refugio: no para pescadores, sino para seis narcolanchas que esperaban a que el mar aflojara. En tierra, la tensión era antigua; en el agua, estaba a punto de volverse irreversible.
Poco después de las ocho, una zódiac rotulada de la Guardia Civil salió con seis agentes a bordo. Llevaban uniforme, luces y el rotativo encendido: la señal inequívoca de autoridad. La escena era clara desde el principio: agentes frente a tripulaciones de narcolanchas, un pulso repetido en esa costa. Esa noche, el pulso no terminó en persecución.
Entre las embarcaciones refugiadas había una que destacaba por potencia y tamaño: una semirrígida de 14 metros con cuatro motores fueraborda, 300 caballos cada uno. Según el relato judicial, al timón iba Karim El Baqqaly. En la lancha también viajaba Yassine El Morabet, y otros dos ocupantes investigados por separado. La diferencia de envergadura lo decía todo.
Los agentes se identificaron ante las narcolanchas entre las 20.20 y las 20.29. Es un intervalo breve, pero en un puerto se vuelve eterno: unos segundos pueden separar una maniobra de una embestida. El instructor sostiene que la narcolancha hizo aproximaciones previas, como midiendo distancia y reacción, rozando la zódiac a escasos metros. Un tanteo que, en retrospectiva, parece un aviso.
Luego vino el movimiento que cambia el sentido de la palabra “accidente”. La embarcación se alejó lo suficiente para tomar velocidad y regresó hacia el punto exacto donde estaban los agentes. Según el auto, no desvió la trayectoria. No fue una pasada para intimidar: fue una colisión frontal que entró de babor a estribor sobre la lancha oficial, como si el mar se hubiera quedado sin margen.
Miguel Ángel González y David Pérez murieron esa noche. Otros cuatro guardias civiles resultaron heridos. La zódiac, convertida en chatarra flotante, quedó como prueba física de una violencia que no necesitó disparos. En una costa acostumbrada a contar alijos y detenciones, el duelo llegó con nombres propios y con uniformes que en Barbate significan también vecinos, padres, hermanos.
El auto judicial describe un “ánimo” concreto: atentar contra la autoridad y causar la muerte de los seis agentes. La clave no está solo en la intención atribuida, sino en el conocimiento: la diferencia de tamaño entre ambas embarcaciones y las escasas posibilidades de defensa de quienes iban en la zódiac. Cuando un impacto se busca, la fuerza deja de ser circunstancia y se vuelve herramienta.
En ese mismo relato aparece un detalle pequeño, casi doméstico, que se vuelve siniestro por su función: un puntero láser. El Morabet, según el instructor, lo habría usado en los momentos previos para enfocar a los agentes y reducir su visión y capacidad de reacción. No hace falta que el objeto sea un arma para que participe del daño; a veces basta con robar segundos y claridad.
La investigación avanzó con la presión pública creciendo al mismo ritmo que el hartazgo. Barbate no solo lloraba a dos guardias civiles: miraba de frente la sensación de impunidad que el narcotráfico siembra cuando opera a plena vista, con motores descomunales y logística propia. En esa frontera de agua, el delito no se esconde; se exhibe, y eso lo vuelve más corrosivo.
Dos años después, el juez instructor dio un paso decisivo: cerró la fase de instrucción y abrió el camino al juicio ante un tribunal del jurado. La decisión no es menor: implica que serán ciudadanos quienes escuchen la reconstrucción, valoren indicios y decidan sobre responsabilidades. En casos así, el juicio no solo busca condenas; busca un relato jurídico que resista el ruido.
El Baqqaly se enfrenta provisionalmente a dos delitos de asesinato, cuatro tentativas de asesinato —por las lesiones a los otros agentes— y varios delitos de atentado agravado contra la autoridad. El Morabet será juzgado por atentado agravado. Además, el juez fijó una fianza millonaria para asegurar indemnizaciones. En el papel, las cifras intentan traducir lo irreparable a un baremo.
Hay algo más que un expediente: está la imagen del puerto como escenario de choque entre Estado y redes criminales. La narcolancha que embiste no es solo un vehículo; es una declaración de poder, una manera de decir “podemos”. Y cuando esa frase se materializa en muertes, la comunidad entera queda atrapada entre el miedo, la rabia y la necesidad de que alguien responda.
En el corazón del caso aparece un dilema que Barbate conoce bien: ¿cuánto terreno se ha cedido antes de que ocurra lo peor? Temporal, refugio, motores, luces oficiales… La secuencia muestra que la violencia no siempre llega como sorpresa; a veces llega como consecuencia. Y por eso, cuando se habla de “atentado”, se habla también de un sistema que necesita protección real, no solo simbólica.
El juicio con jurado promete revisar cada aproximación, cada maniobra, cada segundo previo al impacto. Se discutirán indicios técnicos, posiciones, testimonios, daños, y la lógica que separa una imprudencia de una decisión. Las familias de Miguel Ángel y David, y los compañeros heridos, entrarán en esa sala con un peso que no cabe en ninguna diligencia.
Mientras tanto, Barbate seguirá mirando al mar con otra luz. El puerto donde se trabaja y se vuelve a casa quedó marcado por una noche en la que la autoridad se identificó y, aun así, fue embestida. El proceso judicial puede acercar una respuesta, pero la pregunta más dura —cómo se llegó hasta aquí— tardará más en apagarse.
Cuando un caso llega a juicio, muchos lo llaman “pasar página”. En Barbate, esa frase suena a prisa. Lo que está en juego no es solo una sentencia: es el mensaje que quedará para quienes patrullan y para quienes desafían. Un jurado escuchará la historia; el pueblo, desde hace dos años, ya convive con su eco.
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