El 13 de enero de 2008, en el barrio de El Torrejón (Huelva), Mari Luz Cortés salió de casa como salen los niños cuando la tarde todavía parece un juego: con prisa breve y sin miedo. Tenía cinco años. Iba a por chucherías a un quiosco cercano, un trayecto tan corto que nadie imagina que pueda convertirse en una frontera.
En su familia la recuerdan como una niña inquieta, de esas que preguntan y señalan todo. Aquel domingo se despidió de su padre y cruzó la calle con la naturalidad de quien conoce el camino de memoria. En Huelva, durante unos minutos, el mundo siguió igual: vecinos entrando y saliendo, persianas a medio bajar, un portal cualquiera.
Según se acreditó después, desde una vivienda cercana la observaba Santiago del Valle. Cuando la vio regresar, buscó un gesto simple para atraerla: un peluche, un osito, cayendo desde una ventana como si fuera una invitación inocente. Mari Luz, al verlo, se acercó al portal para devolverlo. Ese detalle —un muñeco— quedó clavado como ancla en la memoria del caso.
En el interior del edificio, el relato se vuelve áspero. La sentencia describió forcejeos y tocamientos, y cómo la niña se resistió. En esa resistencia, en ese intento desesperado por soltarse, se desencadenó la violencia: golpes, presión, el instante en que el cuerpo pequeño deja de responder como antes. En un portal sin testigos, la tarde se apagó.
Después vino el intento de ocultar lo irreparable. Del Valle regresó a su vivienda para buscar un carro de la compra, metió el cuerpo dentro y lo cubrió con un chaquetón para que no se viera lo que sobresalía. No fue una huida cinematográfica; fue algo peor: la frialdad doméstica de quien piensa en un carro, en un abrigo, en pasar desapercibido.
La investigación sostuvo que su hermana, Rosa del Valle, tuvo un papel clave. El tribunal la consideró cómplice al dar por probado que lo ayudó a trasladarse en coche hasta una zona de marismas para deshacerse del cuerpo. Allí, según el fallo, la dejó en el agua, boca abajo, hasta que murió por asfixia. La escena no termina con un grito: termina con silencio y agua.
Mientras tanto, en Huelva la desaparición se convirtió en una alarma colectiva. Mari Luz no volvió a casa y la búsqueda creció con cada hora. Familiares, vecinos y policía se aferraron a la esperanza de encontrarla viva. En esos días, la ciudad aprendió el lenguaje del miedo: carteles, llamadas, batidas, la pregunta repetida en cada esquina.
El 7 de marzo de 2008, 54 días después, el cadáver fue hallado flotando en un muelle de la ría de Huelva. La noticia tuvo una forma física: el trayecto que separa la esperanza del duelo. Para la familia, el hallazgo fue el final de una espera insoportable y el comienzo de otra cosa: convivir con lo que ya no se puede deshacer.
El caso, además, arrastró una herida institucional. La discusión pública señaló una cadena de errores judiciales previos que habían permitido que Del Valle eludiera la cárcel pese a condenas anteriores por delitos sexuales. Para mucha gente, la sensación fue doble: no solo había un culpable, también había un sistema que llegó tarde.
En marzo de 2008, Del Valle fue detenido fuera de Andalucía, y la investigación empezó a reconstruir lo que pasó en esas horas. En este tipo de crímenes, la cronología se vuelve un mapa cruel: minutos, calles, un portal, un carro de la compra. Cada detalle se convierte en evidencia y, a la vez, en una imagen que no debería existir.
La figura de Juan José Cortés, el padre, adquirió un lugar central en la conversación pública. Su dolor se transformó en presión, en exigencia de justicia y en debate sobre penas y protección. Para unos fue un símbolo; para otros, un recordatorio incómodo de que hay familias que deben pelear incluso después de perderlo todo.
La Audiencia Provincial de Huelva dictó condena: 22 años de prisión para Santiago del Valle (19 por asesinato y 3 por abusos sexuales, con agravante de reincidencia) y 9 años para Rosa del Valle como cómplice. La sentencia detalló el método, el traslado y el intento de ocultación. Fue justicia escrita en papel, pero imposible de traducir a reparación.
Años después, el Tribunal Supremo ratificó las condenas. Para la familia, esa confirmación significó evitar la pesadilla de repetir un juicio, de volver a escuchar cada detalle, de revivir la tarde una y otra vez. La resolución cerró una puerta judicial, aunque no cerró el eco que el caso dejó en Huelva y fuera de ella.
El nombre de Mari Luz quedó ligado también al debate sobre responsabilidades dentro de la justicia. Hubo sanciones disciplinarias y un país discutiendo si la respuesta había sido insuficiente, si el castigo llegaba tarde o si solo servía para calmar la rabia colectiva. En medio del ruido, lo esencial seguía siendo una niña que no volvió del quiosco.
En El Torrejón, la historia se contó durante años con frases cortas, como se cuentan las tragedias que no tienen explicación amable. Cada familia del barrio tiene un punto exacto del mapa que prefiere no mirar: un portal, una escalera, una ventana. Lo cotidiano, después de un caso así, deja de ser inocente.
Queda una pregunta que atraviesa muchos expedientes: ¿cuántas señales se pierden antes de que ocurra lo peor? En el caso de Mari Luz Cortés, el horror tuvo un disparador mínimo —un peluche— y una cadena de fallos que muchos juraron no repetir. Pero la herida sigue ahí: cerrada por sentencia, abierta por memoria.
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